Inician en Nicaragua consultas sobre plan de reforma constitucional

Autoridades de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua inaugurarán hoy el ciclo de consultas respecto al plan de reforma de la Constitución Política al comparecer ante los diputados encargados de dictaminar entorno al proyecto.

La propuesta, introducida por la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y enviada este miércoles por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a una comisión especial, contempla cambios en 39 artículos de la Ley Fundamental de la República.
Según lo estipulado la Comisión Especial Constitucional, conformada por dos directivos del legislativo y cinco representantes de los partidos políticos con voto en ese poder del Estado, tendrá 60 días para determinar si procede llegar al plenario la iniciativa.
El proyecto de reforma a la Carta Magna responde a la necesidad de ajustar ese documento esencial a los cambios ocurridos en este país en los últimos años, señala la Exposición de Motivos, fechada el 31 de octubre de 2013.
Ese texto, rubricado por los 63 diputados del FSLN -mayoría en el parlamento unicameral de Nicaragua-, detalla entre sus objetivos dar carácter constitucional a los fallos emitidos por la Corte Internacional de Justicia el 8 de octubre de 2007 y el 19 de noviembre de 2012.
Ambas sentencias del máximo tribunal de la Organización de Naciones Unidas definieron los límites marítimos, el mar territorial y la plataforma continental de Nicaragua en el mar Caribe.
La propuesta prevé dejar vía expedita a posibles delimitaciones distintas en virtud de procesos judiciales en curso en esa instancia entorno a esos temas y a futuros acuerdos bilaterales.
Igual pretende legitimar el modelo "cristiano, socialista y solidario", desplegado por el gobierno sandinista en aras de propulsar la restitución de derechos a la ciudadanía y la participación directa de trabajadores y empresarios privados en la toma de decisiones.
Procura, además, incluir en la Carta Magna algunas de las leyes adoptadas en el último sexenio a favor de la participación política de las mujeres, así como ampliar a un quinquenio el período de mandato de las autoridades ediles.
El plan establece a su vez fortalecer la custodia de las bases de datos y los registros informáticos, garantizar su permanencia en el territorio nacional, sin afectar la privacidad de los usuarios o intervenir en sus comunicaciones, entre otras cuestiones.