Empresas mediáticas vs Poder Judicial en Costa Rica

El Grupo Extra presentó un recurso de amparo contra el Poder Judicial por los rastreos telefónicos realizados al periodista del Diario Extra  Manuel Estrada, quien  comparecerá este jueves ante la oficina de Asuntos Internos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para rendir declaración por una golpiza recibida.
El Grupo denunció el lunes en conferencia de prensa que hubo espionaje contra periodistas y calificó el hecho de grave violación a los derechos de los comunicadores y de los ciudadanos costarricenses.
Representantes del consorcio mediático costarricense denunciaron en esa ocasión que altas autoridades del Poder Judicial espiaron durante más de 10 meses a sus reporteros para descubrir la identidad de sus fuentes y obstaculizar sus investigaciones.
Nos rastrearon todas las llamadas para determinar con cuáles funcionarios públicos conversaron nuestros comunicadores, explicó la subdirectora del periódico, Paola Hernández.

Comentó, además, que policías judiciales hicieron llamadas telefónicas para intimidar al periódico y en que sus reporteros son seguidos y fotografiados por agentes durante el desempeño de sus funciones.
Hernández explicó que Extra comprobó estos hechos mediante un informe de 200 páginas al que tuvo acceso, en el que se da cuenta del seguimiento a decenas de funcionarios por tener alguna relación con sus periodistas.
El abogado de la empresa mediática Carlos Serrano explicó que el recurso de amparo presentado ante la Sala Constitucional intenta resguardar el derecho del periodista a la reserva de la fuente.
Autoridades judiciales costarricenses refutaron la denuncia publicada por Diario Extra, pero el subdirector del OIJ, Gerald Campos, reconoció que esta guarda relación con una investigación iniciada el año pasado contra una agente que proporcionó información sobre una indagatoria en curso.
El Colegio de Periodistas de Costa Rica y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión mostraron preocupación por esta situación y criticaron a las autoridades por rastrear llamadas de los comunicadores.
El Defensor de los Habitantes, Luis Fallas, pidió llegar hasta las últimas consecuencias y cree que las acciones del OIJ y fiscales deben ser revisadas, y si es necesario, establecer responsabilidades.

Empresas mediáticas de Costa Rica respaldan la decisión del Grupo Extra de demandar al Poder Judicial por espionaje, debido a la presunta intervención de la central telefónica y teléfonos de sus periodistas y funcionarios.

Teletica coadyuvará cualquier acción legal del Grupo Extra y el Grupo Nación procederá de igual modo, según el director del canal televisivo, Ignacio Santos.
De igual modo  las emisoras radiales Columbia y Monumental apoyarán la determinación, anunciada este lunes en conferencia de prensa.
Santos calificó de lamentables prácticas como esa, que atentan contra la libertad de información y concordó con quienes consideran que este no es un caso aislado.
Esas acciones cumplen con el mismo fin que se pretendía con la Ley Mordaza (Ley de Delitos Informáticos, 2012), limitar el acceso a información pública por parte de los medios de comunicación, solo que a la inversa, ahora con la amenaza sobre los funcionarios y los periodistas, afirmó la directora de la empresa, Iary Gómez.
Lo más probable es que el Poder Judicial procediera así con otros medios, coinciden profesionales del sector en Costa Rica.
El Grupo Extra confirmó que unido a la presentación del recurso de amparo ante la Sala Constitucional pedirá medidas cautelares de protección para reporteros y fuentes ante la justicia internacional, así como apoyo a la Relatoría de Libertad de Expresión y al Colegio de Periodistas.
En tanto, el Poder Judicial ratificó su "política de transparencia y respeto a la libertad de prensa en el marco del derecho de la información y del derecho del acceso a la información, en cumplimiento con los instrumentos de derecho internacional suscritos por Costa Rica así como en acatamiento de la Constitución y la legislación interna".
"Dentro de un Estado Democrático de Derecho, la función de los medios de comunicación es esencial en el respeto de las libertades públicas de toda la ciudadanía. Igualmente es responsable de garantizar el respeto a la Constitución y la Ley", expresó en un comunicado.