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Presidenta de Costa Rica minimiza protesta popular contra su gestión

Presidenta de Costa Rica minimiza protesta popular contra su gestión

La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, minimizó hoy las manifestaciones populares de rechazo a su gestión y en particular, al exiguo aumento salarial de 0,43 por ciento que decretó en medio de la contienda electoral.

De hecho, la mandataria declaró que la protesta protagonizada este jueves por varios sindicatos obreros, universitarios y activistas sociales, no es contra su Gobierno, aunque admitió que sólo en el segundo año de su gestión tuvo que enfrentar más de 600 movimientos de este tipo.
"Lo que más me preocupa es que esta huelga ni tiene causa específica, ni es contra mi gobierno", publicó en su perfil de Facebook, aunque las agrupaciones gremiales que convocaron al paro precisaron claramente sus objetivos previo a esta jornada.
Según dirigentes de la Asociación Nacional de Educadores y de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, la manifestación iniciada desde horas tempranas era para "combatir la corrupción, la impunidad y una reforma tributaria que recaiga sobre el pueblo".
Defender los pluses salariales, los aumentos dignos, el fortalecimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social y la estabilidad laboral, son otras de las aspiraciones de quienes participaron en la acción pacífica.
Los gremios unidos en torno a esos intereses impulsan una agenda nacional y tratan de defender a los empleados del magisterio, a los trabajadores públicos y privados, campesinos, amas de casa y otros sectores vulnerables, concordaron organizadores.
Puntualizaron, además, que la protesta de este jueves es continuidad de las iniciadas el 25 de febrero contra el reducido incremento salarial que el Ejecutivo decretó para el sector público nacional.
Mientras Chinchilla asegura que "esta huelga es una protesta por demandas generales y es un acto de vergonzosa advertencia a las autoridades del próximo gobierno".
Incluso criminalizó la concentración social so pretexto de la afectación a los servicios públicos causada por la misma, así como por su impacto a la dinámica vial habitual.
Los sindicatos se manifestaron contra la política fiscal estricta, que contuvo el gasto en salarios públicos, según Chinchilla, cuya administración concluirá en mayo después de recibir críticas porque algunos miembros de su gabinete renunciaron tras ser asociados a actos de corrupción.

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