Cuba cuenta con nueva Ley de Inversión Extranjera

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el sábado, por unanimidad, la nueva Ley de la Inversión Extranjera y con ello dotó al país de un instrumento esencial para consolidar el modelo económico y construir un socialismo próspero y sustentable, al decir de diputados y autoridades cubanas.

Los parlamentarios legitimaron ese cuerpo jurídico, que incluye las modificaciones sugeridas en amplios debates y el dictamen correspondiente de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, y de Económica.

Antes de su aprobación el proyecto transitó, incluso, por un análisis en sesión extraordinaria del Consejo de Estado, que contó con la presencia del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro.

Los participantes en esos debates concordaron en la importancia de esa normativa para atraer capitales extranjeros hacia los sectores de interés para el país, en particular los relacionados con la producción agrícola y la alimentación, siempre bajo el principio de la protección a los recursos naturales, y la defensa y respeto de la soberanía nacional.

Una inversión extranjera bien hecha no significa regalar el país, subrayó en este sentido Marino Murillo Jorge, vicepresidente del Consejo de Ministros, durante la plenaria del sábado.

El también jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, explicó a los asistentes al foro una explicación acerca de la importancia estratégica del nuevo texto legal, orientado a garantizar no solo el crecimiento de la economía, sino el afianzamiento de un modelo de desarrollo.

Esto pasa necesariamente por un incremento de las inversiones y de un financiamiento externo con el cual ahora no cuenta el país, de acuerdo con las declaraciones del funcionario.

Hasta ahora el Gobierno cubano puso la mayor parte de las riquezas generadas en función de garantizar el consumo de la población, sobre todo de productos básicos para la subsistencia, relegando a un segundo plano las inversiones.

Ello redundó en un tímido crecimiento del Producto Interno Bruto, lejos todavía del cinco o siete por ciento requerido para poder hablar de avance, según datos aportados durante esa jornada.

De acuerdo con el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, esta nueva ley ofrece garantías a los inversores, como la plena protección a las propiedades adquiridas, las cuales no podrán ser expropiadas salvo por motivos de utilidad pública o interés social previamente declarados por el Consejo de Ministros de Cuba.

Otro punto positivo en ese cuerpo jurídico es que garantiza la libre transferencia al exterior de las utilidades en moneda libremente convertible y da la posibilidad a los inversores de disponer de sus acciones en favor del Estado cubano o de terceros, siempre que estos resulten aprobados por el primero.

Esta ley tiene objetivo ampliar el acceso a tecnologías avanzadas, a los mercados de exportación, al financiamiento externo, y a otros beneficios para la economía cubana.

La perspectiva es continuar abriendo el camino al despliegue del comercio exterior en este país, que por más de medio siglo chocó con las barreras impuestas por el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos. (Ver datos de su impacto en Estados Unidos-Cuba: ¿Subasta o filantropía del absurdo?, también en este portal digital)

Diputados concordaron en la significación de un articulado que igual permitirá captar mayores inversiones y con los fondos generados por estas, ampliar el financiamiento destinado a proyectos que pueden coadyuvar a desarrollar el país.

La nueva Ley de la Inversión Extranjera posibilitará ampliar el horizonte en la economía cubana y dará oportunidades a personas jurídicas nacionales de expandirse hacia el exterior.

Esa norma avala la participación de organizaciones económicas cubanas no estatales, con personalidad jurídica, en convenios con inversores extranjeros.

Las cooperativas agrícolas serán privilegiadas en ese sentido, aunque no se descarta la incidencia en otras esferas o renglones económicos.

No obstante, acotó Murillo, para evitar la concentración de la propiedad siempre habrá participación del Estado.

La nueva normativa legal sustituye a la actual Ley 77, vigente desde 1995, y garantiza incentivos para la inversión de capitales que permitan obtener recursos financieros, tecnológicos y demarcados en sectores clave para el desarrollo económico y social del país.

El Dictamen precisa la responsabilidad de los órganos, organismos de la administración central del Estado y entidades nacionales patrocinadores de la inversión extranjera, de presentar las propuestas de negocios y por consiguiente la responsabilidad de los mismos de mantener debidamente actualizadas las carteras de inversiones.

Del mismo modo se establece que el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera informe anualmente al Consejo de Ministros sobre el estado de conformación y actualización de este proceso a los efectos de que el Gobierno de la nación adopte oportunamente las medidas requeridas en tal sentido.