Educadores retoman las calles en Costa Rica por salarios pendientes
Cientos de educadores costarricenses retomaron las calles de esta capital y prometieron fortalecer sus acciones hasta tanto logren una solución a los pagos pendientes que los mantienen en huelga hace dos semanas.
Varios medios de prensa reseñan que la marcha recorrió avenidas principales de esta ciudad y concluyó frente a la sede del Ministerio de Hacienda, donde los profesores exigieron los salarios atrasados por supuestas dificultades en el procesamiento digital de las nóminas.
Grupos regionales tomaron parte en el desfile y solicitaron una pronta respuesta del Gobierno de Luis Guillermo Solís, quien ascendió al cargo el 8 de mayo, en medio de la protesta de los docentes contra la irregularidad legada por parte del equipo de su antecesora Laura Chinchilla (2010-2014).
Dirigentes gremiales adelantaron que este martes harán una consulta al bloque de organizaciones sindicales de la educación pública en correspondencia con la estrategia desplegada en pos de sensibilizar a la ciudadanía y a las nuevas autoridades del país con la problemática.
"Queremos ver cómo se sienten los trabajadores y cuál va a ser su accionar. Sabemos que esta tercera semana será desgastante", declaró a agencias de prensa el presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante.
Según lo acordado, los profesores continuarán en huelga hasta que se realicen los pagos que se les adeuda a más de 13 mil trabajadores de la rama y pese a la solicitud del presidente de acabar con el movimiento bajo promesas de resolver el tema lo antes posible.
Este domingo Solís, en un mensaje transmitido en cadena por la televisión, pidió a los educadores reanudar las clases y apeló a la "responsabilidad, vocación de servicio y solidaridad" de los profesionales de la enseñanza.
El mandatario, quien impartía clases en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica antes que el Partido Acción Ciudadana (PAC) lo postulara para las elecciones de este año, solicitó garantizar el derecho fundamental a la educación de casi un millón de estudiantes.
Pese al paro de labores sostenido en las últimas semanas la administración del PAC garantizó que se abstendrá de sancionar o reducir salarios a quienes apelaron a esa medida de presión y más bien seguirán haciendo lo humanamente posible para poner al día los pagos.
Sin embargo, miembros de ANDE y del Sindicato de Trabajadores de la Educación expresaron su inconformidad con algunos pronunciamientos del presidente y adelantaron que responderán por escrito con fundamentos legales a su mensaje "porque de las buenas intenciones no comen los educadores", refiere el sitio www.crhoy.com
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