Protestas de educadores, legado liberacionista en Costa Rica

Varias marchas masivas y un paro de labores, protagonizados por miles de trabajadores de la educación pública, mantienen en vilo al primer gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) en Costa Rica, presidido por Luis Guillermo Solís.

Las causas del movimiento desatado el 5 de mayo forman parte de la herencia de la administración de Laura Chinchilla (2010-2014): pagos atrasados desde enero por concepto de salarios bases, recargos, aumentos de lecciones, reajustes, anualidades y por títulos profesionales.
Como resultado de los impagos, a algunos docentes les gestionaron embargos de salario, de propiedades, contrajeron deudas o llegaron a quedarse sin dinero para atender las necesidades del hogar, la educación y hasta para trasladarse, aseguran sindicatos.
Dos días antes de la investidura de Solís, ocurrida el 8 de mayo, el diario Extra informó que ya había educadores tras las rejas por incumplir con pensiones, varios embargados y otros en cobro judicial.
En tanto, anteriores autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) atribuyeron el desajuste a la migración de datos en el mes de abril hacia una plataforma digital de pagos conocida como Integra2, a cargo del Ministerio de Hacienda (MH).
Alegaron que los excluidos de las nóminas eran apenas los docentes recién nombrados y por ende, sin cobrar, más reiteraron la imposibilidad técnica de depositar lo adeudado antes del 13 de mayo.
La nueva ministra de Educación, Sonia Marta Mora, reconoció que el asunto era de máxima gravedad y advirtió que las fallas podían continuar por la falta de previsión legada por su antecesor, Leonardo Garnier.
Al comparecer ante la Asamblea Legislativa, ocho días después de asumir el cargo, Mora dejó entrever sus recelos respecto a la información que le dio el ex ministro y aseguró que al asumir se topó con que los errores son mayores de las declaradas por él.
El Gobierno anterior migró al sistema de liquidación Integra2 sin tener un plan que previera la solución de errores, consideró y precisó que no eran seis mil los profesores perjudicados por esa irregularidad, sino 13 mil 655, debido a la falta de pagos parciales.
Frente a la incongruencia en los datos recibidos Mora ordenó intervenir la Dirección de Recursos Humanos del MEP, para revisar a fondo sus archivos y delimitar las razones que llevaron a la crisis con los salarios.
Explicó que las fallas no son del sistema utilizado para efectuar los pagos, sino de ese departamento, y adelantó el hallazgo de inconsistencias graves en el acopio, sistematización y custodia de la integración de la información al sistema automatizado.
Mora dio la tarea a la viceministra administrativa del MEP, María del Rocío Solís, de desarrollar un plan de contingencia para evitar eventuales fallos en la plataforma digital Integra2 en el futuro.
Diputados de diferentes bancadas propusieron abrir una investigación en la Comisión de Ingreso y Gasto Público y solicitaron que Garnier rinda cuentas ante ese ente del parlamento unicameral.
Creemos que hay que sentar las responsabilidades del caso, a nivel del MEP, de Hacienda, de recursos humanos, de los cuerpos informáticos. Lo acontecido no puede quedar impune, afirmó el legislador demócrata-cristiano Mario Mora.
Chinchilla prometió solucionar el problema de los educadores antes de terminar su mandato, pero este persiste y es evidente la inconsistencia en los datos que dio su ex ministro, lo cual dificulta la solución del tema, opinaron otras voces en ese foro.

El bloque magisterial, integrado por la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la de Profesores de Segunda Enseñanza, y el Sindicato de Educadores, reconoció que la crisis salarial fue generada por el equipo de la exgobernante de Liberación Nacional.
No obstante, concordó en que las autoridades investidas el 8 de mayo conocían de la situación, aunque no tenían noción de la envergadura del problema y ahora deben enfrentarlo más allá de las buenas intenciones.
La disparidad de posiciones en torno al tema incidió en las dos semanas anteriores en la frustración de las negociaciones entre ambas partes, cuya última reunión se prolongó por 12 horas y concluyó con el rechazo de los agremiados a una propuesta ministerial.
El MEP ofreció hacer este mes tres depósitos extraordinarios para equilibrar la situación y cubrir los faltantes registrados en los meses de febrero y marzo, publicó el sitio digital www.crhoy.com
El domingo 18 de mayo, en mensaje televisivo, el presidente notificó que tardarían unos días después de lo fijado para concretar algunos pagos y pidió a los educadores reanudar las clases en apego a su responsabilidad, vocación de servicio y solidaridad.
Hemos hecho lo humanamente posible. Desde el 8 de mayo las autoridades y equipos técnicos de Educación y Hacienda trabajan a tiempo completo en la formulación e implementación de soluciones concretas que ya están en marcha, declaró.
Recalcó que la entrada en operación del Integra2 fue ordenado por la pasada administración, sin tomar en cuenta previsiones ante posibles fallas, y confirmó la ejecución del primer desembolso acorde con las plantillas de febrero y marzo. Sobre el pago ordinario de la segunda quincena de mayo, programado para el día 28 -con lo adeudado de abril-, expresó que se hará el próximo 26 de mayo.
El gobernante, quien impartía clases en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica antes que el PAC lo postulara para las elecciones, solicitó garantizar el derecho fundamental a la educación de casi un millón de estudiantes.
Requirió poner fin a la huelga para evitar, además, que sigan quedando sin alimentación los 675 mil niños beneficiados por los comedores escolares y descartó cualquier represalia con los implicados en el paro.
Soy ante todo, educador y padre de familia. Por eso pido a mis compañeros docentes confiar en el trabajo que estamos haciendo, subrayó.
Enseguida proliferaron muestras de inconformidad con las declaraciones del presidente y hasta la Federación de Estudiantes de la Universidad dijo que se sumaría al movimiento, según el portal Costa Rica Hoy.
La ANDE envió un mensaje a Solís, en el cual reiteró su propuesta de declarar emergencia para poder efectuar los pagos pendientes.
Hemos solicitado que se declare emergencia nacional, que se abogue ante los bancos e instancias judiciales y además hemos propuesto buscar otros medios financieros para solucionar este conflicto, afirmó.
La organización reconoció el adelanto de algunos pagos, pero denunció que estos no se efectuaron completos y más bien acrecentaron la problemática humana de algunos docentes y sus familias.
Con nuestro movimiento de lucha contribuimos a la formación de una conciencia social y a la defensa de principios consagrados en nuestra Constitución, el Código de Trabajo y convenios internacionales, que el Estado ha suscrito, esgrimió ANDE.
Sindicatos de la salud, de los puertos caribeños de Limón y de dependencias estatales mostraron el 20 de mayo su apoyo a los docentes, quienes insisten en que los motivos por los cuales iniciaron la huelga no han sido resueltos.
De forma paralela en esa jornada especialistas informáticos contratados por el Gobierno emprendieron la revisión exhaustiva de los expedientes de los más de 70 mil educadores de Costa Rica.
La intensión es delimitar errores en el programa de pagos y aportar a la solución del primer gran conflicto que sacude al Gobierno del PAC, afectado por el legado liberacionista.