Batalla por la tierra mantiene en pie a los Bribri en Costa Rica

Tras los acuerdos alcanzados entre indígenas y finqueros con la mediación del Gobierno de Costa Rica, la calma reina en el territorio Bribrí de Salitre, municipio sureño de Buenos Aires, provincia occidental de Puntarenas.

No obstante, las autoridades reconocen que deben reforzar las coordinaciones para garantizar la seguridad en la zona y cumplir otros compromisos en aras de acabar con el conflicto entre aborígenes y "sikuas", que es el término utilizado en el idioma de ese pueblo originario para definir a los no indígenas.
De acuerdo con la vicetitular de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, quien lideró la delegación del Gobierno que acudió a la región, procurarán resolver en el corto plazo el acceso al agua potable e impulsarán un proceso conjunto tendente a solucionar el diferendo a través del diálogo.
La viceministra admitió que en este proceso se requiere de un mecanismo sólido y aceptado por las partes, para evitar que la violencia siga siendo la solución a ese conflicto histórico e impida hallar una salida apegada a la Ley Indígena (1977), las normas internacionales y la jurisprudencia.
Zúñiga prometió por escrito a los indígenas atender los conflictos sobre tenencias de tierras en Cebroc, Yeri y Puente, así como a instalar un puesto de control y vigilancia en el territorio indígena de Salitre.
Por su parte, los nativos aseguraron que se abstendrán de acometer nuevas acciones para la recuperación de tierras en la zona hasta conocer la propuesta de la primera administración del Partido Acción Ciudadana (PAC) en Costa Rica.
El cumplimiento de ello implica que se hagan las revisiones correspondientes y si el Gobierno cumple estaremos dispuestos a sentarnos en una mesa de diálogo con la Presidencia para solucionar los problemas en estos terrenos, afirmó el dirigente comunitario Sergio Rojas.
Pese a las buenas intenciones de las partes, los medios de prensa sugieren la posibilidad de que subsistan dificultades, porque mientras los aborígenes exigen respetar la Ley Indígena -según la cual esos terrenos son propiedad exclusiva de los nativos-, los finqueros o sikuas alegan que les pertenecen.
A tono con esa posición los no indígenas siguen negados a abandonar las tierras de los Bribri, a menos que el Estado les pague la indemnización que supuestamente les corresponde.
Incluso, los finqueros formaron una Comisión pro defensa de los derechos de Posesión de los Territorios Indígenas del Cantón de Buenos Aires, Puntarenas (Territorio Indígena Salitre), precisó el diario digital El País.

BRIBRIS, HISTORIA DE DESENCUENTROS
Como todas las comunidades aborígenes del continente, el pueblo Bribri tuvo que defenderse en los últimos siglos de la impronta colonizadora y desarrolló fuertes mecanismos de resistencia para evitar la asimilación a otros patrones culturales en detrimento de los suyos.
El Censo Nacional del año 2000 dio cuenta de la existencia de nueve mil 645 personas de origen bribri, la mayoría concentradas en la región sur de Costa Rica, principalmente en las reservas indígenas de Salitre y Cabagra, en Buenos Aires, provincia de Puntarenas.
Otra parte de ese pueblo vive en la Reserva de Salamanca, en el municipio de igual nombre, a lo largo del cauce del río Sixaola y del río Yorkín, limítrofes con Panamá.
Los bribri conservan su lengua en forma oral y hacen un gran esfuerzo por alentar la supervivencia de su forma escrita, mientras desarrollan como actividad económica fundamental la agricultura, principalmente el cacao y el plátano, aunque también cultivan maíz, frijoles y tubérculos.
Crían cerdos, cazan aves y pescan como parte de sus acciones para lograr la seguridad alimentaria, junto a la comercialización de sus expresiones artesanales fundamentales: la cestería y la fabricación de instrumentos musicales con materiales naturales.
Elemento distintivo de este grupo humano es que sus viviendas -generalmente de madera, fabricadas sobre pilotes y techadas con hojas secas- se alzan muy separadas unas de otras, debido a que los bribris aprecian la independencia.
Mas el sueño de conservar su libertad y vivir en armonía les está negado hace mucho tiempo a los habitantes de Salitre, debido al interés de colonos foráneos e incluso de algunas empresas interesadas en esos territorios para su explotación con fines comerciales.
Según medios de prensa de Costa Rica, esta vez el conflicto en Salitre arreció el sábado 6 de julio, cuando matones pagados por terratenientes atacaron a los originarios, quemaron sus ranchos y los obligaron a refugiarse en las montañas bajo amenazas de agresiones físicas.
Frente a las denuncias de los pobladores y de activistas sociales en torno a lo ocurrido, el Gobierno de Luis Guillermo Solís trató de alentar el diálogo y emprendió la identificación de los responsables de los hechos violentos, quienes serán puestos a las órdenes de las autoridades judiciales.
También se trabaja con las entidades correspondientes para restablecer el servicio de agua potable que había sido interrumpido durante el bloqueo, acorde con lo expresado por el mandatario en su cuenta en Facebook.
Para el Gobierno este acuerdo pacífico representa el primer paso de un proceso de recuperación de tierras que sea respetuoso de la Ley Indígena, las normas internacionales y la jurisprudencia, destacó.
En tanto, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) hizo notar que lo acontecido en el territorio indígena de Salitre y los atentados contra los nativos muestran que hay racismo en la sociedad costarricense.
Los agresores son los mismos que han reprimido a las familias bribris y que con esas agresiones racistas buscan detener el proceso que iniciaron esas comunidades para la recuperación, defensa y autonomía de sus tierras ancestrales, opinó la organización.
Este conflicto es tan antiguo como el descubrimiento, otra papa caliente heredada del anterior Gobierno y de todos los que le antecedieron, coincidió la ministra de Gobernación, Carmen Maria Muñoz.
Mientras, los diputados del partido Frente Amplio (FA) insistieron en que sólo la intervención urgente y efectiva de la administración del PAC e instituciones de Derechos Humanos podrá detener la violencia y revertir la situación de los bribri en esa región.