Salario mínimo diferenciado deviene eje del Gobierno de Guatemala

La defensa del salario mínimo diferenciado, cuestionado por múltiples sectores y contra el cual proliferan acciones de inconstitucionalidad, es hoy el eje del Gobierno de Alejandro Maldonado.

Después de la polémica desatada en torno al tema, tras la publicación de los acuerdos gubernativos que fijaron el pago límite el 30 de diciembre, el mandatario defendió en varios espacios su postura contra quienes aseguran que se trata de una decisión errónea, discriminatoria y contraria a los postulados de la carta magna.
El jefe de Estado saliente compareció el lunes a una entrevista en el Canal Antigua y frente a las cámaras defendió su determinación so pretexto de atraer inversiones y progreso al llamado Corredor Seco de Guatemala, "donde hay hambre, donde no hay trabajo y la gente migra".
Expresó, además, que esos salarios mínimos diferenciados permitirán la instalación de nuevas empresas y ofrecerán a los jóvenes de estas zonas la oportunidad de formarse, así como de ayudar a sus familias económicamente.
Maldonado, quien deberá entregar el cargo el 14 de enero, dijo haber decidido acerca de la propuesta formulada por la Comisión Nacional de Salario en 48 horas y en respuesta a una solicitud de las autoridades de municipalidades que ven en ellos una oportunidad para disminuir las altas tasas de desempleo.
Las reacciones no se hicieron esperar y en virtud de ello, el otrora expresidente del Gobierno de Otto Pérez Molina -en prisión preventiva por corrupción- visitó el martes San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya (departamento El Progreso, Centro), así como Estanzuela (Zacapa, Oriente), ambos afectados por la medida.
En sus intervenciones el jurista defendió con pasión sus ideas y cuestionó a quienes no creen en las ventajas de un salario mínimo diferenciado para estos municipios y para Estanzuela y Masagua (Escuintla, Sur).
Sin embargo, la Procuraduría de los Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el salario mínimo diferenciado aprobado por Maldonado para esos cuatro territorios, por considerarlo una medida regresiva que impulsa la vulnerabilidad de los trabajadores.
"Si aceptamos que por igual trabajo se pague menos, después harán lo mismo por cualquier actividad productiva", definió la institución en su página en la red social Twitter.
También la Procuraduría General de la Nación rechazó la disposición, adoptada a sólo dos semanas del cambio de Gobierno, por cuanto nunca fue consultada al respecto y porque viola derechos humanos fundamentales.
Los salarios mínimos diferenciados "violentan el ordenamiento jurídico y vulneran el derecho a la igualdad, a un salario digno", declaró el ente en una nota de prensa.