Evidencian riesgos de ejercer el periodismo en Guatemala

El año 2015 estuvo marcado por continuas amenazas a los comunicadores y tres asesinatos enlutaron a un gremio cuya labor cada día choca con múltiples obstáculos y riesgos en Guatemala, convienen hoy informes de varias organizaciones.

Si bien el repaso de lo acontecido el año anterior muestra una disminución de los desafíos para el periodismo en este país centroamericano, los ataques contra los reportes aumentaron desde 2014 y cada vez son más frecuentes los intentos de desdibujar la imagen de los medios de prensa apegados a la veracidad.
El asesinato el 10 de marzo de 2015 de Danilo López y Federico Salazar, corresponsales de Prensa Libre y de Radio Nuevo Mundo, de manera respectiva, apenas constituye la punta de un iceberg que crece de manera progresiva en medio de la impunidad, a juicio de colegas.
Las muertes durante ese ataque, cometido en el departamento occidental de Suchitepéquez y en medio del cual también fue herido el periodista Marvin Túchez, forman parte de un listado de más de 20 crímenes contra profesionales del gremio que en su mayoría continúan sin esclarecer.
Según el Observatorio de los Periodistas, desde 2002 fueron asesinados 20 periodistas en Guatemala, tres de ellos en el 2015, año en el cual cerca de un centenar sufrió distintas agresiones.
La Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público reconoció en el período 108 casos de amenazas o agresiones, pese a lo cual apenas solo un asesinato tiene sentencia condenatoria y contra los autores materiales y no los intelectuales.
Tal es el caso de Jorge Mérida, corresponsal del periódico Prensa Libre en el occidental Quetzaltenango, quien fue asesinado a balazos el 10 de mayo de 2008.
Poco después otros dos corresponsales fueron víctimas de un ataque en medio de unos allanamientos de productos de contrabando en la Zona 3 de Xela, cabecera del también occidental departamento de Quetzaltenango, y todavía no fueron juzgados los sindicados de golpearlos, robarles el equipo y rociarlos de gasolina.
Frente a esa situación la Procuraduría de Derechos Humanos instó al Estado a crear una política de puertas abiertas en la administración pública y establecer las medidas necesarias para proteger a los periodistas en su labor.