Postergan audiencia en caso Cooptación del Estado en Guatemala

La falta de condiciones en la sala de audiencias y de los expedientes que debieron llegar a los abogados defensores llevaron a postergar hoy la diligencia de primera declaración en el caso Cooptación del Estado de Guatemala. "Es imposible celebrar la audiencia si los abogados no tienen los medios de prueba para defender a sus patrocinados", reconoció el encargado del Juzgado B de Mayor Riesgo Miguel Gálvez, y determinó suspender la vista contra los acusados de saquear las arcas estatales bajo el mando del expresidente Otto Pérez Molina.
El jurista admitió que con esas irregularidades se estaban violando los derechos no solo de los sindicados, sino la de sus abogados.
Gálvez aceptó, además, que era demasiado pequeño el lugar donde se decidió celebrar la audiencia, a la cual fueron convocados los exfuncionarios y empresarios apresados el viernes anterior, así como el exgobernante y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
En consecuencia, resolvió dar un plazo hasta el próximo miércoles para que el Ministerio Público (MP) entregue todos los medios de investigación a los litigantes y lleve una copia por escrito al juzgado bajo su dirección.
De igual modo fijó para el lunes 13 de junio la audiencia de primera declaración contra los 49 implicados en este caso, siete de los cuales están sujetos a órdenes de detención a nivel internacional y otros 20 prófugos de la justicia.
Durante su intervención el abogado de Pérez Molina, César Calderón, dijo que el MP solo les había entregado un CD con información desordenada e incompleta que no era suficiente para defender a su cliente y ello fue secundado por la mayoría de abogados de los 33 sindicados que concurrieron a la sala.
Además de los acusados y sus defensores, en la pequeña sala estaban aglomerados agentes del Sistema Penitenciario, del Organismo Judicial y de los medios de comunicación.
Tanto la Fiscalía como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) participaron en las investigaciones que llevaron a la conformación de este caso, tercero por corrupción, lavado de dinero y otros delitos en el cual está implicado Pérez Molina y cuarto para Baldetti.
La expareja presidencial (2012-2015) es acusada de crear una estructura criminal bajo la figura del Partido Patriota (PP) con el fin último de acaparar dinero para la campaña electoral mediante lavado de dinero y de llegar al poder, como lo lograron, agenciarse el control y saquear a las instituciones del Estado.