Congreso de Guatemala evalúa ratificación de convenios de la OIT

El Congreso de Guatemala inició el debate jurídico-político sobre la ratificación de los convenios 175 y 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia laboral, afirman hoy fuentes legislativas. Durante un conversatorio sobre el tema, bajo la égida de la Comisión de Probidad, los participantes concordaron en la importancia de las mismas, mas cuestionaron el modo en que estas fueron aprobadas en este país.
Para el viceministro de Trabajo y Previsión Social Mario Román, los salarios diferenciados sancionados a finales de 2015, acorde con el Convenio 175, derivaron de un proceso viciado y por eso fueron derogados por el presidente Jimmy Morales.
En tanto, el delegado de la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala Victoriano Zacarías alentó al diálogo entre el Ejecutivo, el Legislativo y la sociedad civil para llegar a un consenso respecto al tema y aclaró que no están contra la ratificación de ese acuerdo.
"El problema de fondo es que no se cumple la ley", aseveró el dirigente sindical, mientras que el consultor Alejandro Argueta insistió en que los convenios son logros de una gobernanza social laboral.
A su juicio, antes de existir una política de trabajo parcial se deben reformar las leyes de seguridad social y de impuestos, para que las personas que opten por trabajar a medio tiempo puedan acceder a jubilación y a los servicios médicos correspondientes.
Además, señaló, "para crear políticas exitosas de tiempo parcial la sociedad tiene que alcanzar un nivel de desarrollo en el cual verdaderamente las personas puedan trabajar menos horas, sin caer en una situación de pobreza".
Maritza Velásquez, de la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila, destacó que pese al Convenio 189 de la OIT, la regulación respecto al trabajo doméstico no cambió en Guatemala.
"Apostamos por cinco ejes fundamentales que debe de cumplir este tipo de actividad: jornadas adecuadas, salarios justos y dignificantes, derecho al seguro social, protección de la niñez y juventud que labora en tareas domésticas, y protección a personas que migran a otro país en busca de mejoras", explicó.
Por su parte, el coordinador de la Comisión de Probidad, diputado Amílcar Pop, aludió a las serias violaciones de los derechos de los trabajadores y a denuncias que nunca fueron procesadas conforme a derecho.
"También nos preocupa ese nivel en donde el Ministerio de Trabajo ha generado una opacidad e impulso del salario diferenciado, contradiciendo incluso convenios internacionales", subrayó el congresista y abogó por generar condiciones de debate y legitimidad desde los trabajadores.