Cuestionan en Guatemala aplicación de Iniciativa para Transparencia de Industrias Extractivas

La fragilidad institucional y un marco legal restringido, que impide obligar a las empresas a transparentar todo sobre sus finanzas, frenan la eficacia de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) en Guatemala.

Para el director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Jonathan Menkos, el Estado falló al conformar el mecanismo encargado de garantizar la EITI y al mantener un modelo económico basado en la explotación de recursos sin considerar las aspiraciones y el desarrollo de los pueblos.
Lejos de ser más efectiva la aplicación de la iniciativa esta sigue disparando las divergencias, por la necesidad de transparentar más la factibilidad del sostenimiento de las industrias extractivas en el país, comentó a Prensa Latina.
De lo que se trata, a juicio de Menkos, es que la EITI legitima el modelo extractivo que tanto daña al medio ambiente, a la biodiversidad, y a las comunidades en este y otros países.
Durante un foro acerca del tema, en el capitalino hotel Radisson, el investigador del Icefi Ricardo Castañeda recordó la conflictividad social, falta de consenso, poca transparencia, escasa regulación ambiental y beneficios fiscales y económicos, que rodean a las actividades extractivas en Guatemala.
Según el economista, 78 por ciento de los municipios en los que existe algún tipo de licencia para explotar metales, hidrocarburos, u otros bienes comunes, presentan focos de conflictividad social, mientras que los ingresos por esos proyectos apenas representan 0,87 por ciento del Producto Interno Bruto y emplean a 0,43 (2015).
Esto va ligado al irrespeto al proceso de consulta a los pueblos y al tema ambiental, que debiera ser toral al discutirse sobre estas cuestiones en Guatemala, uno de los 10 más afectados por el cambio climático, señaló.
La efectividad de la EITI choca también con limitaciones de carácter legal en un país donde el artículo 24 de la Constitución y otras normativas limitan la divulgación de información sobre el pago de impuesto a terceros, por lo que la iniciativa procesa y publica datos ofrecidos por las empresas a voluntad.
Más para autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) valdría ofrecerles un voto de confianza al menos por los próximos cinco o seis meses, porque presuntamente están trabajando en aras de resolver muchos de estos problemas.
"Los problemas los sabemos, se trata de buscar soluciones y algo fructífero saldrá de este tipo de foros en los cuales escuchamos a los jueces", declaró el viceministro de Minería e Hidrocarburos del MEM, Víctor Aguilar.
De cualquier manera, subrayó, el desarrollo llegará a cada territorio cuando el Estado tenga suficientes recursos para resolver los problemas de todas las personas, sea en regiones apartadas o en esta capital.
En tanto el Icefi insiste en transitar de manera urgente de iniciativas internacionales a reformas nacionales que permitan el fortalecimiento legal e institucional del ámbito en el cual se desenvuelven las industrias extractivas en Guatemala, para robustecer la transparencia, más allá de la voluntariedad.