Congreso de Guatemala bajo el escrutinio ciudadano

El Congreso de Guatemala continúa hoy bajo el escrutinio ciudadano, tras aflorar más detalles acerca de sucesivos actos de abusos de poder, contratación irregular de personal y permanencia de diputados acusados de corrupción.

La controversia arreció luego que el presidente del parlamento, Mario Taracena, pidiera a un juzgado de Trabajo la nulidad del pacto colectivo de condiciones laborales del órgano y anunciara la destitución de 274 empleados, entre ellos la contadora general, personal de la dirección legislativa, asistentes, secretarias y conserjes.

El diputado de la Unión Nacional de la Esperanza procedió sin contar con la Junta Directiva del ente y trató de justificar la nulidad a partir de la supuesta ilegalidad del documento, por haber sido firmado por la dirección presidida por Jorge Méndez y el Sindicato de Trabajadores del Congreso en 2005.

Después de hacer pública esa decisión, tachada de unipersonal por varios parlamentarios, Taracena publicó en la red social Twitter que el director general del organismo Emilio Dávila fue víctima de un eventual atentado contra su vida a raíz de que le "pusieron algo en su agua, y fue a parar al hospital".

Frente a tales hechos se sucedieron protestas de trabajadores del legislativo y denuncias de estos ante la Procuraduría de los Derechos Humanos contra Dávila y el subdirector de Recursos Humanos, Edgar Ramírez, por violencia económica y sicológica.

Casi al unísono trascendió que el 95 por ciento de los contratados por las juntas directivas de 2014 y 2015 incumplían con los requerimientos del manual de puestos y recibían salarios elevadísimos, tal es el caso de un panadero, un agricultor, una costurera, varias maestras de primaria y hasta un ginecólogo.

Según la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), algunos de los trabajadores prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o a empresas privadas, incluso a compañías inscritas a nombre de legisladores.

Pero a su vez, varios medios insisten en que bajo la presidencia de Taracena estas prácticas continúan y señalan como ejemplo la contratación de algunos de sus asesores, sin tener la calificación adecuada para ejercer ese puesto.

Gastos de representación, en combustible para vehículos, dietas, alimentos, y uno que otro gusto personal saciado por ciertos legisladores gracias al mal manejo de los fondos rotativos, también están en la palestra pública acorde con documentos facilitados por la Unidad de Acceso a la Información.

Mientras continúan pendientes de ser resueltas por el Organismo Judicial 16 solicitudes para retirar la inmunidad de igual número de diputados en ejercicio del cargo, refiere un informe del Movimiento Pro Justicia.

"La situación de estos antejuicios muestra claramente la atrofia del Poder Judicial en el trámite de procesos que afectan a personajes del mundo político partidario, con algún grado de poder", expresa el texto.