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Consideran bajo amenaza Estado de Derecho en Guatemala

Consideran bajo amenaza Estado de Derecho en Guatemala

El Estado de Derecho continúa bajo amenaza en Guatemala por la recurrencia de detenciones arbitrarias contra autoridades indígenas, criminalizadas por defender los territorios donde viven sus comunidades desde tiempos ancestrales, coinciden juristas.
El debate en torno al problema arreció a partir de la captura el 5 de agosto del líder comunitario del pueblo mam Oscar Sánchez, en San Pablos, departamento occidental de San Marcos, por más de 10 policías y sin orden legal por medio, cuando participaba en una movilización junto a otros originarios.
Sánchez devino el preso político 11 de esa zona del país, donde los pueblos Mam, Sipakapense, K’iché y mestizo exigen sean liberados, porque coinciden en que el único delito que cometieron es luchar contra la imposición de una hidroeléctrica sin mediar una consulta a los dueños ancestrales del territorio.
Profesionales del derecho catalogan esa y las otras detenciones arbitrarias, al mismo tiempo que insisten en que tales métodos son parte de una estrategia orientada a criminalizar a los líderes comunitarios en Guatemala.
“Es lo que intentan el Ministerio Público (MP) con librar órdenes de captura y acusar a autoridades comunitarias. Lo que hace es debilitar la democracia participativa y representativa que tiene nuestro país”, expresó a periodistas Ubiel Miranda, de la Comisión Jurídica del Consejo del Pueblo Maya de Occidente (CPO).
Pero lo peor, añadió, es que “esto nos vuelve a un escenario conflictivo producto de la aplicación arbitraria y tergiversada del derecho penal por el MP y la Policía Nacional Civil (PNC) que deben ejecutar órdenes de los jueces”.
“Hay un peligro grave a los pilares fundamentales de un Estado de derecho, que es la aplicación y respeto a normas y principios constitucionales por gobernados y gobernantes”, remarcó.
Sánchez fue aprehendido frente al tribunal de San Marcos, cuando espera con otros originarios una audiencia contra dos autoridades acusadas por la Liga Pro Patria y el MP, mientras realizaban en el parque central de la ciudad el festival “Por la vida y la defensa del territorio mam, sipakapense, k´iche´y mestizo”.
Los policías alegaron que contra la autoridad mam pesada una orden de arresto desde el 26 de abril, del Juzgado de Primera Instancia de Malacatá, San Marcos, presuntamente por plagio o secuestro, y asociación ilícita.
Sin embargo, el detenido fue esposado a un banco y no enviado directamente a ese juzgado, pese al acompañamiento de delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos.
“Soy inocente porque no sé nada, no me presentaron una carta u orden”, declaró Sánchez, para quien “nosotros como autoridades, así tendrá que ser la vida, porque siempre estamos perseguidos por el sistema y estamos defendiendo nuestra Madre Tierra y Agua para los niños que vienen atrás”

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