Acuerdos de Paz en Guatemala, agenda en fase de cumplimiento
La indiferencia mantiene aprisionados a los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, que hace dos décadas pusieron fin al conflicto armado interno (1960-1996) y abrieron una puerta a la esperanza de millones de personas en Guatemala.
Pruebas fehacientes de la desidia al respecto pueden encontrarse por doquier, en informes de instituciones públicas, denuncias de organizaciones no gubernamentales, investigaciones científicas, sondeos de opinión, declaraciones de personas de todos los sectores y medios de prensa.
A esto cabe añadir el testimonio legado por las movilizaciones anticorrupción de 2015, las cuales demostraron el descontento general con el grado de impunidad alcanzado en un país que exhibe índices de pobreza, desnutrición, criminalidad y otros desastres, superiores a los del promedio latinoamericano.
Todo ello explica por qué a estas alturas, lejos de celebrar un año más de lograda la rendición de las armas, muchos sectores sociales exigen aún sentar las bases de una paz verdadera en favor de las mayorías en Guatemala.
Para buena parte de los habitantes del país, incluso aquellos que apenas conocen por referencias ciertos detalles de la guerra que desangró a la nación, resulta perentorio retomar el espíritu de aquel manojo de acuerdos e incorporar nuevas demandas en salud, educación, trabajo digno y derechos humanos.
La superación del racismo y de la discriminación son otros reclamos urgidos de solución en medio de un contexto marcado por las secuelas del enfrentamiento entre fuerzas del pueblo y del Estado, que costó 250 mil muertos o desaparecidos y un millón de desplazados de una población cercana a seis millones.
El informe Guatemala: memoria del silencio, presentado en 1999 por la Comisión para el Establecimiento Histórico con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, precisa que el 83 por ciento de esas víctimas mortales eran indígenas originarios de algunas de las naciones mayas asentadas hace siglos en el territorio.
Con el propósito de frenar el desangramiento de Guatemala, representantes de ambas partes negociaron por unos 14 años hasta adoptar los 12 acuerdos que conformaron la plataforma para garantizar una paz ’firme y duradera’:
El Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado y el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.
También el Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia que causaron sufrimientos a la población, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral.
Asimismo el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego, Acuerdo sobre bases para la Incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la Legalidad, Acuerdo sobre el Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz, y el Acuerdo de Paz Firme y Duradera.
La solidez de lo planteado en esos documentos y su significación motivaron que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) los incluyera en la lista de la Memoria del Mundo junto a los 60 años de historia de la ciudad maya de Quiriguá inscrita en piedra.
’La historia de Guatemala es de las más importantes del mundo’, aseveró el representante de la Unesco en este país, Julio Carranza, y opinó que ’Guatemala merece tener una mayor cantidad de lugares y documentos en esta lista internacional, porque mérito y significación le sobran’.
Según Carranza, la dependencia del principal mecanismo multilateral considera que este país sigue avanzando positivamente en la consolidación del proceso de paz en el gobierno de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera.
No obstante, admitió, ’los Acuerdos de Paz (firmados el 29 de diciembre de 1996) han tenido rezagos, desafortunadamente no hemos logrado en estos 20 años lo que hubiésemos querido el pueblo de Guatemala’.
Algunos de los temas pendientes de solución están relacionados con los derechos humanos, resarcimiento a poblaciones desarraigadas, situación agraria, reforma policial, derechos de los pueblos indígenas, y otros.
A su vez es necesario reconocer como parte fundamental la educación y para ello ’la enseñanza hacia el patrimonio y los valores de la nación, tienen que ser reforzados cada vez más en el currículo nacional’, a juicio del funcionario.
Mientras que el vicepresidente de Guatemala aseguró que el Gobierno busca consensos con todos los sectores para dar cumplimento definitivo a esos documentos.
’Después de 20 años hay cosas que se quedaron en el rezago y sí queremos que se cumplan’, reconoció Cabrera y dijo que los puntos pendientes de los acuerdos los están ’socializando con las diferentes instancias, para procurar que lo pendiente se finiquite en un tiempo prioritario y que no sigamos con esta situación’.
DEL OTRO LADO
Otras voces insisten en que esos tratados todavía son letra muerta y que por eso en Guatemala continúa sin darse la transformación requerida para revertir las causas que originaron la guerra: la búsqueda de un cambio en cuanto al acceso a la tierra, a los medios de producción y a una vivienda digna.
Pero, además, la reversión de la pobreza, el racismo y la discriminación, en particular contra las poblaciones indígenas y campesinas que constituyen más de la mitad de la población.
El informe Impacto de los Acuerdos de Paz para las Víctimas del Conflicto Armado Interno 1996-2016, elaborado por la Red Nacional de Víctimas, el Consejo Nacional de Víctimas y el Movimiento Nacional de Víctimas Q’anil Tinamit y entregado por representantes de estos a las autoridades, es elocuente.
’El Estado no ha cumplido con garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación digna’, y tampoco a la búsqueda de los miles de desaparecidos, refiere el documento.
’Es lamentable que el Estado siga sin reconocer la veracidad del informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico que determinó que se cometieron actos de genocidio contra los pueblos indígenas, matando indiscriminadamente a niños, mujeres y campesinos’, agrega.
De igual modo, denuncia la negativa a buscar a los desaparecidos e impulsar una política de exhumaciones e inhumaciones, porque solamente sirve para proteger a los responsables de las violaciones y prolongar la angustia de las familias.
Los pueblos indígenas y las mujeres han enfrentado muchos obstáculos para acceder a la justicia y en muchas comunidades ni siquiera hay oficinas del Ministerio Público y del Organismo Judicial, añade.
Mas reconoce la valiente labor de fiscales y juzgadores, que emitieron 19 condenas contra responsables de delitos graves cometidos durante el conflicto, aunque recalca que estos son esfuerzos pequeños frente a la magnitud de las violaciones.
El estudio insiste en que todos los Gobiernos posteriores a la firma de los tratados relegaron la agenda de la paz a un segundo plano y dieron prioridad a sus proyectos políticos.
Además, muestra las incongruencias en cuanto al resarcimiento a las víctimas y puntualiza que durante 13 años solo fueron atendidas 16 mil solicitudes, en respuesta a las cuales el apoyo estatal derivó en una pequeña compensación económica.
’Las víctimas y sobrevivientes seguimos viviendo en condiciones de extrema pobreza y marginación, porque el Estado no ha implementado políticas para reducir la desigualdad’, subraya, al mismo tiempo que califica de negativo el balance del cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Acorde con esto persiste en la necesidad de crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Desapariciones Forzadas y de destinar 6,66 millones de dólares al resarcimiento; así como de fortalecer a la Policía Nacional Civil, limitar al Ejército al resguardo de fronteras, e impulsar políticas tendentes a acabar con el racismo y la discriminación.
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