Embajada de España en Guatemala, un crimen cometido por el Estado

Los relatos sobre la masacre cometida por agentes de la dictadura de Fernando Romeo Lucas en la embajada de España, un 31 de enero, hielan la sangre y demuestran el colmo del racismo que golpea a Guatemala.

Testigos de la época, que rindieron homenaje esta mañana a los 37 asesinados y carbonizados por los policías el 31 de enero de 1980, destacaron que la mayor parte de los incendiados con fósforo blanco por las autoridades en esa legación diplomática eran campesinos e indígenas.

Por ello, dedicaron una ceremonia religiosa maya -con velas, flores y resinas de árbol- a invocar sus memorias para que en Guatemala nunca vuelva a repetirse un acto de barbarie como el cometido en medio de ese desalojo violento por parte del Estado.

Quizás lo más doloroso para muchas personas originarias y defensoras de los derechos humanos presentes en la celebración es la impunidad que todavía reina alrededor de estos hechos, en virtud de los cuales apenas fue condenado el exjefe de los agentes vestidos de civil que cometieron la felonía, Pedro García Arredondo.

Ni el exdirector de la entonces Policía Nacional, Germán Chupina Barahona, ni el exdictador Romeo Lucas (1978-1982), ni algunos de los ejecutores directos del crimen fueron juzgados, por lo cual la dirigencia del Comité de Unidad Campesina (CUC) considera que en este caso sólo se aplicó una justicia a medias.

Pero mucho antes el entonces embajador español en Guatemala, Máximo Cajal, afirmó en una entrevista publicada por el diario El País, de Madrid, que le resultaba imposible recordar el 31 de enero de 1980 sin los mismos sentimientos de rabia y de impotencia que le dominaron a lo largo de aquellas horas.

’Cuando la violencia deja de ser un tema académico; cuando sus víctimas no son seres anónimos o configuran abstractos datos estadísticos; cuando se sufre la represión en la propia carne, la serenidad se quiebra’, declaró, un año después.

Cajal aseveró, incluso, que ’fueron 39 mujeres y hombres (que) murieron porque así lo quiso el Gobierno de Guatemala. Reitero ahora cuanto entonces dije. Todos pudieron haber salido con vida si se me hubiera permitido negociar con los ocupantes, si a éstos la policía no los hubiese acosado hasta la desesperación’.

En esa ocasión el diplomático reiteró que ’si entonces afirmé que la policía había actuado brutal e irresponsablemente, hoy añadiría que también lo hizo deliberadamente’.

’No hubo precipitación por su parte, como a modo de excusa alegara el canciller guatemalteco. Las autoridades de Guatemala, que no podían permitir que se investigaran las presuntas atrocidades del Ejército en El Quiché, como exigían los ocupantes, perseguían que estos se entregaran sin condiciones’, denunció.

Cajal mostró al mundo que lo cometido por el Estado de Guatemala había sido ’una flagrante violación del derecho internacional,(porque) las fuerzas de seguridad, cumpliendo instrucciones muy precisas, violaron una sede diplomática en un acto que, por sus consecuencias, no tiene precedentes’.

Ello explica por qué el exembajador español luego fue víctima de una intensa campaña de desprestigio, destinada a restar valor al testimonio del único testigo vivo de aquella tragedia sin parangón, tras el asesinato de Gregorio Yujá, el otro superviviente.

Yujá, uno de los miembros del CUC que ocuparon la sede diplomática para despertar la conciencia del mundo en torno a lo que estaba acontecimiento en este país y denunciar los crímenes perpetrados por las fuerzas estatales contra campesinos e indígenas, fue rescatado con vida y llevado a un hospital.

Sin embargo, agentes vestidos de civil también lo secuestraron en medio de su convalecencia y tras asesinarlo, lanzaron su cadáver en el campus de la estatal Universidad de San Carlos.

De allí que su nombre figure también entre los que prueban el descaro con que actuaban las dictaduras militares en Guatemala, al punto de pasar por encima de convenciones internacionales, del derecho nacional y del internacional y público.