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Reconocimiento del pluralismo jurídico fuera de agenda en Congreso

Reconocimiento del pluralismo jurídico fuera de agenda en Congreso

El reconocimiento del pluralismo jurídico quedó fuera de la agenda del Congreso de Guatemala, después de múltiples controversias alrededor de su aprobación como parte de la iniciativa 5179, destacaron hoy fuentes legislativas.

Según la bancada del Movimiento Político Winaq, fueron las autoridades indígenas las que solicitaron al parlamento unicameral retirar la propuesta de cambio al artículo 203 de la Constitución Política, contemplada en la iniciativa 5179 de reforma a la carta magna, en materia de justicia.

Sectores oscuros dentro del Congreso y a través de campañas mediáticas utilizan este artículo para bloquear los cambios a la carta magna, según los representantes de los pueblos autóctonos, y por ello optaron por sugerir la postergación de su análisis.

’La decisión se da después que como representantes de pueblos indígenas quisieron oxigenar al sistema jurídico ordinario, el cual está colapsado, pero grupos de intereses espurios muestran su racismo histórico además de ser inconcebible cuando aluden ignorancia de la realidad guatemalteca’, señaló Winaq.

También recordó que, acorde con la ley ordinaria del Poder Legislativo, lo que procede es el retiro de las enmiendas sobre el artículo para que el pleno defina si se continúa o retira la discusión del mismo.

El proyecto 5179 fue aprobado en su totalidad en tres lecturas, sin debate, pero continúa pendiente de ratificación por la controversia alrededor de los cambios sugeridos al Artículo 203 de Constitución.

Este establece que los tribunales de justicia son los únicos con potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado; y que la función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

’Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia’, precisa, pese a que en este país existen 23 naciones originarias, con autoridades ancestrales reconocidas y estilos particulares de impartir justicia.

Por esa razón, la propuesta elaborada a partir de un diálogo nacional por la Mesa Técnica sugirió introducir que ’las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres’.

Ello ’siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos’, para lo cual ’deberán desarrollarse las coordinaciones necesarias entre el Sistema de Justicia Oficial y las autoridades indígenas’.

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