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Medios de prensa bajo acecho del Ministerio Público en Guatemala

Medios de prensa bajo acecho del Ministerio Público en Guatemala

Informaciones contables, financieras y bancarias de los consorcios mediáticos Grupo A y Grupo Emisoras Unidas son escrutadas hoy por fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala, en medio de un caso de lavado de dinero.

El allanamiento de los documentos en estudio comenzó el viernes temprano en la mañana, sin que se dieran mayores detalles a los periodistas, y abarcó unos 17 inmuebles, entre empresas mercantiles, viviendas privadas y sedes de distintos medios de prensa que conforman ambas corporaciones.

Las averiguaciones de la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos forman parte de una investigación en marcha y transcurren en medio de la más absoluta reserva, de conformidad con la ley relativa al tema, según el MP.

No obstante, por diversas vías se conoció de la presencia de policías y fiscales en las oficinas del Grupo A -conformado por los medios Canal Antigua, Contra Poder, Antigua Sports y Diario Digital- y del Grupo Emisoras Unidas, cadena radial liderada por la homónima, además del periódico Publinews.

Desde el inicio del operativo y hasta primeras horas del sábado, sólo en las inmediaciones del edificio donde radica el Grupo A permanecieron casi una veintena de efectivos y unos seis o siete vehículos con logotipo del MP, lo que para guardias del lugar pareció exagerado si no se iban a practicar capturas.

'El Real Reforma apenas tiene tres entradas y salidas, incluyendo el área de parqueo, y cualquier persona que quiera escapar apenas podría hacerlo tirándose por la ventana', comentó jocosamente uno de los vigilantes a Prensa Latina.

Mientras, las redes sociales y ciertos medios de prensa guatemaltecos especulaban que todo el aparataje de este viernes tenía que ver con la necesidad del MP de demostrar que continúa detrás del exministro de Energías y Minas, Erick Archila, prófugo de la justicia desde el año 2016.

El expresidente de Canal Antigua es señalado por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por su relación con el escándalo de corrupción que envolvió al exgobernante Otto Pérez Molina, en prisión preventiva hace casi dos años, sin que todavía reciba condena.

Archila es parte de la red de funcionarios que con tal de garantizar su permanencia en la administración del Partido Patriota, realizaban una especia de colecta al estilo de las mafias sicilianas, para donar comisiones ilegales o comprar costosos regalos al exmandatario y a su exvicepresidenta Roxana Badeltti.

Helicópteros, lanchas rápidas, casas en la playa y viviendas de lujo en lugares paradisíacos como Roatán, en Honduras, fueron donados a los líderes de la estructura criminal que derivó en esa organización política, desarticulada por irregularidades en sus finanzas, tras cooptar al Estado de Guatemala.

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