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Cuba en la hora Cero y bajo el martillazo del Decreto- Ley No.35

Cuba en la hora Cero y bajo el martillazo del Decreto- Ley No.35

La población cubana, y el mundo, amanecieron este 17 de agosto de 2021 bajo el impacto de una nueva vuelta de tuercas de las autoridades en la isla: la publicación en la Gaceta Oficial -y la consiguiente entrada en vigor- de varios decretos y resoluciones que dan respuesta al ofrecimiento de la administración de Joe Biden de facilitar el acceso gratuito a internet para quienes siguen en la mayor de las Antillas.

El Ministerio de Comunicaciones (Mincom) confirmó que los instrumentos jurídicos que cobraron vigencia a partir de este martes son:

1-. Decreto- Ley No. 35 de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico. Aprobado el 13 de abril de 2021.

2-. Decreto No. 42 Reglamento General de Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Aprobado el 24 de mayo de 2021.

3-. Decreto No. 43 Reglamento sobre el uso del Espectro Radioeléctrico. Aprobado el 24 de mayo de 2021.

4-. Resolución 105 Modelo de Actuación Nacional para la respuesta a incidentes de Ciberseguridad. Aprobada el 9 de agosto de 2021, por el Ministerio de Comunicaciones.

5-. Resolución 107 Reglamento para el uso de los servicios de Telecomunicaciones por satélite. Aprobado el 9 de agosto de 2021, por el Ministerio de Comunicaciones.

6-. Resolución 108 Reglamento de Interconexión, acceso e instalaciones esenciales de redes de telecomunicaciones. Aprobado el 9 de agosto de 2021, por el Ministerio de Comunicaciones.

La Dirección de Comunicación Institucional del Mincom destacó, en el portal web de esa cartera de gobierno, que el Decreto-Ley No. 35 De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del uso del Espectro Radioeléctrico “es la primera norma jurídica de rango superior aprobada en nuestro país sobre los servicios de Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y sobre el Uso del Espectro Radioeléctrico”.

Después de esa reiteración arbitraria e incoherente de palabras, la fuente añadió que “este Decreto es transversal en los procesos de la sociedad, lo que permite una mayor coherencia y ordenamiento del marco regulatorio existente” y que sus normas complementarias tienen como objetivo “el desarrollo, la convergencia tecnológica y priorizar la implementación de redes de banda ancha, así como proteger los intereses de los ciudadanos y sus derechos constitucionales”.

Según la Dirección de Comunicación Institucional del Mincom, esta norma jurídica contribuirá “al desarrollo político, económico y social del país, mediante el desarrollo y modernización de las infraestructuras de telecomunicaciones”. Asimismo, afirma que va a “promover el progreso armónico y ordenado de las redes y los servicios de telecomunicaciones/TIC”.

Y también, los autores o autor del comunicado creyeron imprescindible dejar por sentado una verdad de Perogrullo: “el Estado designa al Ministerio de Comunicaciones como rector en el desarrollo y modernización de las infraestructuras de telecomunicaciones con énfasis en la banda ancha y en la radiodifusión, el máximo aprovechamiento de estas con integralidad, racionalidad y la maximización de su contribución al desarrollo económico y social de la nación, así como el acceso de las personas a Internet y a otros servicios de telecomunicaciones de valor agregado, a través de los operadores de servicios públicos autorizados”.

Otros eslóganes añejos quedaron dentro del Decreto- Ley No 35 que, de acuerdo con el Mincom, “ratifica el principio de igualdad, privacidad y secreto en las comunicaciones” y “que los usuarios tienen el derecho de acceder en condiciones de igualdad y asequibilidad a todos los servicios públicos de telecomunicaciones/TIC que se presten en el país y a recibirlos con calidad y un trato eficiente, equitativo, y no discriminatorio”.

Incluso, va más allá esta voz oficialista, al puntualizar que los usuarios también gozarán del derecho a “ser protegidos ante interferencias perjudiciales y los operadores y proveedores de servicio de garantizar el secreto y la inviolabilidad de la información cursada por sus redes y la privacidad de los datos personales que le sean informados por los usuarios”.

Por su parte, las resoluciones vinculadas al Decreto-Ley No 35 abordan los recursos de numeración, denominación, direccionamiento e identificación utilizados en las redes y servicios de telecomunicaciones, las bandas de frecuencias radioeléctricas; y los reglamentos u otras regulaciones sobre diferentes tipos de redes, servicios, equipamientos y tecnologías de telecomunicaciones.

En conferencia de prensa, el director de Regulaciones del Ministerio de Comunicaciones, Wilfredo López Rodríguez, explicó en que esta “primera norma jurídica de rango superior aprobada en Cuba sobre los servicios de Telecomunicaciones, las TICs y el Uso del Espectro Radioeléctrico” contempla la “transversalidad en los procesos de la sociedad, lo que permite una mayor coherencia y ordenamiento del marco regulatorio existente”.

La definición del “Servicio Universal de Telecomunicaciones (SUT) o conjunto de servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación cuya prestación es un derecho para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, a un precio y con una calidad determinada”, es una de las novedades de este paquete jurídico anunciado a un mes de las protestas populares más masivas registradas en los últimos sesenta años en Cuba.

Para mayor claridad, el SUT comprende el acceso a Internet, las cabinas y estaciones telefónicas públicas, los servicios telefónico fijo y móvil terrestre celular, los de radiodifusión sonora y de televisión, el acceso gratuito a llamadas de emergencia por las redes individuales y la aplicación de condiciones preferenciales para personas con necesidades especiales. Y, ratifica Cubadebate, el Estado preservará y garantizará progresivamente la prestación de estos servicios “a través de los operadores y proveedores públicos que se ofrecen en el territorio nacional, a precios sin subsidios y con determinadas condiciones de calidad, seguridad y fiabilidad”.

Genial manejo de los eufemismos, para luego dejar por sentado que “los servicios privados de telecomunicaciones solamente pueden ser brindados a terceros con la autorización del Ministerio de Comunicaciones”; pero que al menos se “pretende extender a las personas naturales y jurídicas el acceso a los servicios de difusión de la señal de televisión por cable (CATV), y maximizar la rentabilidad de las redes instaladas”. Y es que, al fin, parece que las autoridades cubanas se percataron de que el país cuenta con una infraestructura que está muy subutilizada -y que pudiera generar muchos réditos al Estado-, por el afán de priorizar el confort de los turistas extranjeros por encima del derecho de los nacionales a la información y al entretenimiento que proveen canales internacionales.

Pero para no dejar lugar a dudas, el director de Regulaciones del Ministerio de Comunicaciones, Wilfredo López Rodríguez, definió a los periodistas que el espectro radioeléctrico constituye “un recurso de carácter escaso, limitado, inalienable, imprescriptible e inembargable, sobre el cual el Estado ejerce su soberanía, y no puede cederse en propiedad a personas naturales o jurídicas”. En síntesis, seis normas jurídicas para refrendar lo que es harto conocido: continuará de forma centralizada y bajo monopolio estatal la gestión del espectro radioeléctrico en Cuba.

“¡Somos continuidad!” ...Biden, gracias, el Gobierno cubano no necesita de “limosnas” para resolver la incapacidad demostrada hasta ahora en proporcionar a su población un servicio de internet y de telefonía en general masivo, asequible y de calidad; mucho menos está dispuesto a aceptar bajo ningún concepto a proveedores privados de otros países que pudieran prestarse al juego de las “injerencias extranjeras” de los “enemigos de la Revolución”.

La Resolución 105 Modelo de Actuación Nacional para la respuesta a incidentes de Ciberseguridad es otra joya dentro del cuerpo legal que estará vigente en Cuba a partir de este 17 de agosto, en el que mi pueblo Nuevitas, por ejemplo, anda ojeroso y cansado por los apagones intermitentes con que los castigan desde las 13 horas del día anterior …quizás, por no salir a protestar el 11/J-. Esta norma jurídica es la implementación de lo establecido en el Decreto 360/2019 y tiene carácter preventivo, porque permite implementar un sistema de trabajo interinstitucional “para el cumplimiento de sus funciones en el intercambio seguro de información relativa a vulnerabilidades e incidentes de Ciberseguridad”.

En otras palabras, es la primera vez en la historia de Cuba que un instrumento jurídico se asocian a incidentes de ciberseguridad, tipificaciones que superan los límites de lo tecnológico, agrupando varios incidentes en categorías y subcategorías. El Gobierno más humanitario del mundo está preocupado por su población; décadas de un sistema educacional reconocido por su eficacia poco sirvieron parece, por lo que se vio obligado a emitir reglas claras que permitan “comprender términos y categorías de hechos de los cuales la población no es aún conocedora, pero su desconocimiento puede causarle daños”.

 

A ojo de buen cubero

La presunta “actualización de normas jurídicas” confirmó, una vez más, que la prioridad del Gobierno de Miguel Díaz Canel no es crear leyes que respalden los derechos constitucionales del pueblo cubano, como el derecho de asociación, el derecho a la manifestación pacífica o el Código de la Familia. La prioridad es crear más censura y reducir el nimio espacio de réplica ganado por la ciudadanía en la red de redes.

_ “Ellos mismos están cerrando las puertas al diálogo y fertilizado el camino de la violencia… ellos se la están buscando solitos… a medidas extremas ...”-, resumió uno de mis estudiantes de antaño, en alusión al hecho de que el Gobierno de Cuba tipificara como delitos, en el entorno de Internet, "los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión" o lo que entiende por "el eco mediático de noticias falsas", "mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país" y algo más.

No es tiempo de callar, ni siquiera de hablar con medias tintas, por aquello de evitar hacerle el juego a la “contrarrevolución” o a quienes propugna una “intervención humanitaria” en Cuba. Nunca respaldaré una intervención de ese tipo en mi tierra, donde permanecen mi familia y buena parte de las personas que quiero; pero “a la verdad hay que entrarle con la manga al codo, como el carnicero a la res”, me enseñó el tan maltratado ícono nacional José Martí.  

Creo firmemente que esta es una maniobra retorcida de unas autoridades muy mal asesoradas y sin sentido integrador de lo que es política. Esta es, sin duda, una respuesta al fervor ciudadano demostrados en las calles de casi todo el “caimán” durante las jornadas de protestas del 11 y 12 de julio de 2021. Mas cuestionable todavía, una contra respuesta al anuncio controversial de flexibilización del Gobierno de Estados Unidos.

Téngase en cuenta que la publicación en la Gaceta Oficial de estos decretos- ley tuvo lugar apenas seis días después que los departamentos del Tesoro y Comercio de Estados Unidos emitieran una hoja informativa que detalla los pasos para la concesión de licencias para los servicios de Internet y telecomunicaciones relativos a Cuba. "El Departamento del Tesoro seguirá apoyando los derechos humanos del pueblo cubano, incluida la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, y se opondrá a la censura, incluidas las restricciones al acceso a Internet”, expresó la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), Andrea Gacki.

Pero más allá de eso, son tan evidentes quienes ostentan el poder en Cuba, que no hay que ser docto en ninguna materia para percatarse de que solo procuran sacarse la espina de la crítica ciudadana en las redes sociales y (como si fuera posible) volver a colocar al país en la vitrina en la que durante décadas estuvo, so pretexto de evitar que el mundo conociera las incoherencias de una revolución que de tan humanista, terminó siendo la peor pesadilla de un pueblo cuya alegría muere de manera progresiva cada mañana como esta.

Nunca pensé que mi generación pudiera aniquilar las esperanzas de una Cuba mejor para las generaciones siguientes. Fuimos víctimas de muchos coletazos bajo el slogan de la “construcción del socialismo” -aunque al menos gozamos de lo mejor que dio el proyecto impulsado por Fidel Castro, en salud, educación y un largo etcétera-, pero ahora resulta que somos victimarios.

Son los oportunistas de siempre, los que llegaron a puestos relevantes en el Gobierno (central, regional, local…y hasta en el mundillo farandulero de la Diplomacia) repitiendo frases prefabricadas de manera acrítica y cabalgando sobre los hombros de muchas personas de buena voluntad, los que están empeñados en afianzar la imagen del Estado de la Mediocracia en Cuba.

Y duele, duele mucho, tanto que las palabras resultan escasas y las pocas que salen lo hacen después de dar un sinfín de manotazos a las que pujan por liberarse de la prisión en la garganta.

¿Cómo es posible que pretendan seguir ahogando a ese pueblo en el que crecimos? No les basta tenerlo de miserable y pedigüeño por el mundo, porque nunca más le vendieron a precios asequibles calzado, vestuarios, lencería, ropa interior y otros artículos imprescindibles; porque le impusieron la meta de conseguir la comida a cuenta y riesgo, pasando hasta por encima de la legalidad; porque lo mantienen sin ganas de seguir produciendo, con salarios que poco o nada responde a un costo de la vida desproporcionado; porque lo condenaron a malvivir en franca lucha por la sobrevivencia.

Una profesora universitaria cubana alertaba hace poco a quienes insisten en la necesidad de un cambio en el país a andarse con mucho cuidado con lo que dicen y los invitaba a evitar caer en el espejismo que un día le provocó avistar una máquina de muchos café en España. Recordaba que con el desmontaje del Estado pudiera llegar el Neoliberalismo (el diablo en persona, pero más en el discurso oficial cubano) y aventuraba a infundir terror con la eventual llegada de otras epidemias: la prostitución, los niños pidiendo limosna, la droga, la corrupción…en fin.

No creo que mi otrora colega esté desactualizada, tampoco creo en una ingenuidad que nunca demostró en sus análisis. Lo que si creo es que olvidó que antes de viajar a España, y por suerte a otros países después, conocer otras tierras y culturas solo era un sueño casi inalcanzable para una profesional cubana y que concretarlo requería de llegar a ganarse la venia de unos jefes que por lo general medían ventajas más que valores para sus designaciones. Eso no ha cambiado.

Tampoco cambió, para desgracia de un proyecto que pareció ser lo más cercano al Sol en América Latina, el avance progresivo de epidemias incontrolables como la negligencia estatal, el acomodo de los funcionarios, la burocracia, el enriquecimiento ilícito de los encargados de garantizar el cuidado y respeto a los fondos públicos, el abuso de poder, las designaciones a dedo, la prostitución en espacios profesionales y académicos…más grave aún: la prostitución que nos llegó con la Niña, la Pinta y la Santa María; la trata y tráfico de personas; el abuso del alcohol y de ansiolíticos, que obran como drogas; la multiplicación de adultos y hasta niños mendingando un peso a los turistas en las calles de La Habana; las pandillas barriales y en entornos laborales que tanto practican el acoso…y dejo abierto el párrafo para quienes deseen aportar, por eso de no pecar de extremista o desactualizada.

Porque la delincuencia común y el crimen organizado, señores míos, tiene sus mañas y de ellos no escapa tampoco Cuba. Nadie se libra en este mundo de los pecados capitales y la historia, con sus vueltas y sus tumbos, demostró con creces que los cristales de la vitrina se rompieron hace tiempo para mostrar al mundo lo mejor y lo peor del país que devino faro y guía de América Latina y con el avance del siglo veintiuno se aleja de los postulados esenciales del discurso político promovido desde el 1 de enero de 1959.  

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