Indígenas

Cuestionan plan de ley sobre tenencia de la tierra en Guatemala

Organizaciones campesinas de Guatemala ven con preocupación el avance en el Congreso de la iniciativa 5188 Ley de Regularización de Tenencia de la Tierra, dictaminada favorablemente por la desaparecida Comisión de Catastro y Ordenamiento Territorial.

'Esta ley abrirá las puertas para que con la expansión de los monocultivos, y ante la penetración de empresas mineras e hidroeléctricas, se pueda despojar a las comunidades de sus tierras y territorios que ancestralmente han poseído', advirtieron los integrantes del Comité de Unidad Campesina (CUC).

Según los miembros de la organización civil, la aprobación del proyecto permitiría disolver las tierras comunales y legitimaría el mecanismo utilizado históricamente para el despojo de indígenas y campesinos, por cuanto suprimiría los límites contemplados en la Ley de Registro de Información Catastral.

De tal suerte, precisaron, finqueros y empresarios podrían legalizar hasta un 50 por ciento de los excesos de tierra acumulados mediante la expansión de lo que supuestamente eran sus terrenos originales.

Asimismo, la nueva ley obligaría a las comunidades campesinas e indígenas a presentar personería jurídica para inscribir tierras comunales a su nombre, en un contexto marcado por el desconocimiento del Estado a la jurisdicción indígena.

En consecuencia, el CUC instó a esos sectores de la población a mostrar su rechazo a esta maniobra legislativa y a la iniciativa 4084 Ley de Desarrollo Rural Integral, porque no es la que las organizaciones demandaron durante 15 años y en cuya elaboración participaron.

'Que este Congreso de la República ya no continúe con la aprobación de leyes que únicamente benefician a los sectores económicos y que buscan crear impunidad en el accionar corrupto e ilegal de diputadas y diputados', señalaron los representantes de la agrupación.

Desterrar el racismo debe ser prioridad, coinciden en Guatemala

Desterrar el racismo y la discriminación hacia los indígenas debe ser una prioridad en Guatemala, porque es la única forma de garantizar el desarrollo pleno del país, coincidieron hoy representantes de estos pueblos y de organismos internacionales.

La marginación a las naciones Xinca, Maya y Garífuna, obstaculiza el despliegue de las potencialidades que estas poseen desde tiempos ancestrales y su capacidad para aportar en el orden económico, político, social y cultural al progreso, reconocieron los participantes en un foro de análisis sobre el tema.

En el encuentro, dedicado a evaluar el estado de cumplimiento del Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (1995) entre el Gobierno y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, los asistentes cuestionaron la falta de políticas gubernamentales a favor de estas poblaciones autóctonas.

Aunque el documento histórico reconoció la trascendencia histórica de esos pueblos originarios, sus habitantes son los más impactados por la pobreza y adolecen de servicios de salud, educación, viviendas dignas y otros beneficios; así como del respeto al derecho a defender sus territorios y estilos de vida.

Esto supone un cumplimiento muy limitado, apenas 34,73 puntos porcentuales, del pacto contemplado entre los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra interna en Guatemala (1960-1996), refiere el informe presentado por el Programa Maya y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

El material, titulado Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas: Avances y desafíos a 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz, detalla en unas 60 páginas la situación de las naciones indígenas en este país y denuncia la criminalización a los defensores de sus derechos.

Los acuerdos continúan siendo una deuda histórica al reconocimiento pleno y expreso de la identidad de los pueblos Maya, Xinca y Garífuna, por cuanto estos refrendaban la conformación de un Estado multinacional, pluricultural y plurilingüe, con enfoque de derechos humanos, individuales y colectivos, señala.

Asimismo sugiere estimular a organizaciones civiles y poblaciones indígenas a continuar velando por el cumplimiento de lo convenido en 1995 y exige a la comunidad internacional a no desatenderse del apoyo a estos reclamos.

Con base en los datos aportados por la investigación, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, Rebeca Arias, instó al Estado a trabajar en la elaboración y ejecución de programas enfocados en revertir esas problemáticas, pero con pertinencia cultural y equidad de género.

Autoridades indígenas repudian actuar del Congreso en Guatemala

Las autoridades indígenas de Guatemala repudian al Congreso por su falta de legitimidad y sometimiento a poderes fácticos, señala un comunicado divulgado hoy a través de internet.

Los firmantes del documento instan a todas las fuerzas sociales y democráticas del país a demandar un proceso de depuración de los órganos del Estado, cooptado por las mafias empresariales y militares corruptas, y mafiosas.

Asimismo condenaron 'la arremetida de grupos obscuros que instrumentalizan y reactivan lógicas de terror y de miedo, para mantener la angustia en la población'

Pese a renunciar a la modificación del artículo 203 de la Constitución Política, con la cual se pretendía reconocer el pluralismo jurídico y la potestad de las autoridades indígenas para impartir justicia en sus territorios, el Congreso no cambió su actitud y dejó de lado las reformas a la carta magna, recordaron.

'Desde que acordamos retirar nuestra propuesta a la reforma del artículo 203 constitucional creímos que el Congreso de la República de Guatemala iba a tomar con responsabilidad sus funciones legislativas y encaminar una discusión objetiva y transparente.

Sin embargo, han evidenciado que su agenda no responde a democratizar, oxigenar y fortalecer la justicia, ya que únicamente responde a la operativización de agendas de corrupción e impunidad', señalaron.

Para las autoridades indígenas, Guatemala atraviesa por una etapa de crisis profunda del sistema, ante el cual ratificaron su compromiso de contribuir a la democratización y depuración de los órganos estatales.

De igual modo exigieron al Organismo Judicial agilizar los procesos legales estancados y manifestaron su respaldo al titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, así como a toda acción que desarrolle ese ente con el Ministerio Público para acabar con la corrupción.

Tejiendo la imaginación en Guatemala por rescate del arte textil Maya

El huipil (güipil) y otros trajes tradicionales elaborados a mano desde tiempos ancestrales en Guatemala serán centro de atracción en el evento Tejiendo la Imaginación, organizado para promover el rescate del arte textil Maya.

La muestra tendrá lugar a partir de las 17:00 horas, en las instalaciones de la Universidad Rafael Landívar, y contemplará una conferencia magistral de la antropóloga Desiree Schaeffer acerca del significado histórico de 12 vestuarios de distintas regiones de este país centroamericano.

En ese ámbito también tendrá lugar una rueda de negocios para viabilizar el contacto entre Micro, Medianas y Pequeñas Empresas (mypimes) con tejedoras y tejedores artesanales del interior del territorio, dedicados a la elaboración de esas piezas de gran valor cultural, informaron organizadores de la cita, a través de un comunicado.

’El huipil es único en el mundo, y está desapareciendo en nuestras narices’, señalaron; a propósito de la impronta avasalladora de la transculturización, de la migración, de la ropa importada de segunda mano, de la elaborada en cadena en las maquilas o industrias ensambladoras de textiles, y de otros fenómenos.

La jornada de tributo a la cultura maya, a partir de su expresión en los

tejidos coloridos distintivos de esos trajes, es organizada por COATS (hilos Anchor y DMC), el Ministerio de Economía y la Universidad Rafael Landívar.

El encuentro precede a la presentación en el Congreso de Guatemala de un proyecto de ley de propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas, con el propósito de viabilizar la protección a sus creaciones textiles.

La iniciativa de ley N. 5247 del Movimiento Nacional de Tejedoras Mayas fue formalmente aceptada, y tiene el apoyo de más de 16 diputados, pero ahora debe pasar al pleno del Congreso.

En mayo de 2016, representantes del bloque conformado por 30 organizaciones de 18 comunidades lingüísticas emparentadas con esa cultura ancestral demandaron el Estado por omisión de normas que protejan sus creaciones textiles ante la Corte de Constitucionalidad.

La agrupación, liderada por la Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez o Afedes, defiende también la autonomía indígena y considera que el robo del arte textil Maya es una forma más de despojo a estos pueblos originarios.

Protesta masiva en Guatemala contra el Gobierno de Jimmy Morales

Más de 40 mil personas pudieran incorporarse a una protesta en la capital guatemalteca contra el Gobierno de Jimmy Morales, convocada por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC).

Los manifestantes se concentrarán en las vías de acceso a la ciudad por el Norte, el Sur y el Oeste, y aunque aseguraron que caminarán en columnas para no afectar el tráfico es probable que compliquen el paso hacia el centro de la urbe con una marcha que llegará al Congreso y al Palacio Nacional de la Cultura.

La perspectiva del bloque es exigir la renuncia del presidente de Guatemala, al que acusan de vínculos con la corrupción y de complicidad con la evasión fiscal, por condonar el pago de deudas de 216 empresas y privar con ello al Estado de fondos que podían destinarse a servicios como salud y educación.

Pero en el caso específico de la CNOC, a este reclamo se suma la inconformidad con la decisión del mandatario de avalar el funcionamiento de la Terminal de Contenedores Quetzal, pese al proceso penal abierto en su contra, y de autorizar licencias para empresas extractivas que agotan los recursos naturales.

Miembros del gabinete y diputados oficialistas, así como la propia familia del gobernante están involucrados en actos corruptos, lo que amerita su inmediata renuncia, considera esa organización civil.

Otra exigencia de los convocantes a la protesta es que acabe de una vez la criminalización de los dirigentes campesinos y defensores de los derechos humanos en este país.

Los puntos de partida fijados para este martes a las 7:00 de la mañana son el Obelisco de la Zona 9; el Trébol, en la 11; y el Metro Norte, en la entrada de la colonia Atlántida, zona 18.

El lunes televisoras de Guatemala dedicaron numerosos espacios a insistir en las eventuales consecuencias negativas para la economía y en otros órdenes de los presuntos bloqueos programados por Codeca y la CNOC para esta jornada.

Declaraciones de comerciantes, de ciudadanos, y de todo tipo de personas fueron calzadas con afirmaciones de funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos y de otras instituciones que esgrimieron la Constitución Política para criminalizar al movimiento.

Canal TN23, por ejemplo, llevó a un especialista en seguridad que con autos y señales de tránsito de juguete trató de reforzar sus declaraciones contrarias a esta acción de protesta.

’Lo que podemos esperar es un caos, una pérdida, un enojo’, declaró el abogado y exdirector del sistema penitenciario Giulio Talamonti, quien enfatizó en la posible pérdida de hasta medio millón de dólares por el freno a la circulación y el irrespeto al derecho a la libre locomoción.

’Se viene una semana muy dura con estos bloqueos’, manifestó, en alusión a la posibilidad de que el paro continúe hasta el viernes, en correspondencia con anuncios de Codeca.

Presidente de Guatemala promete mantener subsidio a la electricidad

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, prometió mantener el subsidio a la energía eléctrica en respuesta al clamor popular contra el aumento del costo del servicio, informaron los alcaldes de los 48 Cantones de Totonicapán.

Las autoridades de la institución ancestral del pueblo maya quiché señalaron que el mandatario decidió dejar sin efecto el alza decretada por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y la Distribuidora de Electricidad de Occidente S.A. (Deocsa).

Morales instruyó a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica para que revise las tarifas vigentes y determinó mantener el cupón de ayuda a los agricultores, añadieron los alcaldes, en una nota difundida por las redes sociales tras una reunión a puertas cerradas con el jefe de Estado.

El programa de subvención a los labriegos de escasos recursos consiste en la entrega a estos de cupones por 200 quetzales (26,52 dólares) para la adquisición de insumos en comercios autorizados, entre ellos fertilizantes, herramientas o cualquier elemento que les permita mejorar la calidad de sus siembras.

Según informes del Instituto Nacional de Estadísticas (2015), en Guatemala la pobreza afecta al 59,3 por ciento de la población y sobre todo a los indígenas, 79,2 por ciento de los cuales enfrentan ese flagelo.

Pese a ello a partir de enero entró en vigencia un nuevo escalonamiento para reducir el subsidio extraordinario a la tarifa social, por decisión de las autoridades del INDE.

Frente a esto los 48 cantones de Totonicapán y otras organizaciones civiles lograron movilizar a cientos de personas el 21 y 22 de febrero al punto de dejar prácticamente interrumpido el acceso a la zona occidental del país.

Los participantes en ese movimiento de protesta exigieron la aprobación de las reformas constitucionales al sector justicia, entrampadas en el Congreso debido a la controversia en torno al reconocimiento de la jurisdicción indígena, y la reinstalación de la tarifa social del servicio de energía eléctrica.

Pero este martes el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) anunció que el 7 de marzo movilizará de 60 mil a 70 mil personas con iguales propósitos, y con el fin de lograr la renuncia del gobernante y de varios diputados implicados en casos de corrupción, entre otros objetivos.

Casi al unísono, el diputado Marvin Orellana presentó una iniciativa que pretende reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para garantizar el subsidio de la tarifa social de energía eléctrica, que fue entregada por el INDE y que este año recortó el aporte por falta de fondos.

Protesta indígena por reformas constitucionales en Guatemala

Pobladores de unas 40 comunidades indígenas de Guatemala mantienen bloqueado el acceso a parte de la Franja Transversal del Norte desde la madrugada del 1 de marzo para sensibilizar con la necesidad de aprobar las reformas constitucionales al sector justicia.

Los participantes en la protesta, iniciada horas antes que el Congreso retome el debate punto a punto de la iniciativa de ley 5179, mantienen controlado el tránsito a partir del kilómetro 519, en las zonas de entrada a Playa Grande, cabecera municipal de Ixcán, en el departamento norteño de Quiché.

Los manifestantes provienen de 36 comunidades de los Copones, de Primavera del Ixcán, de Santa María Tzejá, de Mayaland, de Victoria 20 de Enero, de Pueblo Nuevo, de Cuarto Pueblo, y otras de la región.

Autoridades indígenas puntualizaron que el movimiento busca que los diputados aprueben los cambios a la carta magna propuestos por la Mesa Técnica, integrada por el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad.

En se sentido exigen mantener en el análisis la reforma al Artículo 203 de la Constitución, Capítulo IV Organismo Judicial, Sección primera, que reconocerá formalmente a las autoridades ancestrales y su potestad para resolver conflictos en sus territorio, como lo han hecho a lo largo de la historia en Guatemala.

Pero la perspectiva también es lograr acciones del Gobierno con vista a erradicar la impunidad y castigar la corrupción en este país, donde están en espera de resolución varios procesos penales iniciados al calor de las protestas masivas contra esos flagelos desatadas en la primavera de 2015.

Los jefes de bloques acordaron el lunes que el plenario reiniciara este miércoles el debate en torno al proyecto 5179, aprobado en su totalidad en tres lecturas, sin debate, pero pendiente de ratificación por la controversia alrededor de los cambios sugeridos al Artículo 203 de Constitución.

El mismo establece que los tribunales de justicia son los únicos con capacidad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado; y que la función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

'Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia', precisa, pese a que en este país existen 23 naciones originarias, con autoridades ancestrales reconocidas y estilos particulares de impartir justicia.

Por esa razón, la propuesta elaborada a partir de un diálogo nacional por la Mesa Técnica sugirió introducir que 'las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres'.

Ello 'siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos', para lo cual 'deberán desarrollarse las coordinaciones necesarias entre el Sistema de Justicia Oficial y las autoridades indígenas'.

Volverán a debate reformas constitucionales en Guatemala

Los jefes de bloque del Congreso de Guatemala acordaron retomar  el debate en el plenario de la iniciativa 5179 la cual dispone aprobar reformas a la Constitución Política en materia de justicia.

El análisis de la propuesta quedó interrumpido en varias ocasiones debido a la controversia en torno a su artículo 3, el cual pretende introducir cambios a la carta magna vigente en aras de legitimar el reconocimiento a la jurisdicción indígena en este país.

Pese a múltiples intentos de avanzar en la discusión, desde octubre de 2016 nunca se logró acumular los 105 votos requeridos para aprobar la reforma en ese punto y hasta en varias ocasiones algunos diputados optaron por retirarse del hemiciclo en medio del debate.

En su conjunto el proyecto recibió el voto favorable de la mayoría, en tres lecturas, pero su ratificación artículo por artículo continúa empantanada por el empeño de ciertos legisladores en impedir que la ley fundamental refrende la potestad de las autoridades indígenas para impartir justicia en los territorios sobre los cuales sus comunidades tienen derechos de propiedad.

Esta posición está emparentada de manera directa con la defendida por el sector empresarial de Guatemala, representado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), cuyos directivos insisten en aplazar el análisis del tema por su complejidad.

Para la élite económica, resulta contraproducente reconocer la existencia de sistemas de justicia paralelos al estatal en este país centroamericano, aunque en este conviven 23 naciones originarias.

Spots televisivos, campos pagados en la prensa impresa y redes sociales, son utilizadas por los detractores de la perspectiva del pluralismo jurídico para insistir en su presunto interés en que se aprueben los cambios constitucionales, en aras de fortalecer al sector judicial, pero sin considerar ese aspecto.

Incluso, algunos dirigentes indígenas manifestaron conformidad con el eventual avance del debate por puntos, aún cuando el que compete a sus derechos quede relegado para el final.

Sin embargo, varios legisladores y el Consejo del Pueblo Maya advierten que si se aprueba la reforma con las modificaciones sugeridas por ciertos diputados en esta etapa del debate, esta tendría que ser llevada a una consulta popular y sólo cobraría vigencia si alcanzara el voto positivo de la mayoría de los electores.

La alternativa del referéndum constituye un riesgo, si se consideran el predominio del racismo y de la desinformación respecto al tema en la sociedad, así como el poder de quienes tienen el dinero suficiente para manejar los medios de prensa y hasta las redes sociales a su antojo, coinciden consultores políticos.