La memoria es necia, se empeña en recordar, y establece paralelos entre dos hechos que conmocionaron por la desidia estatal y el uso del terror contra jóvenes para acallar protestas en Guatemala y Honduras.
Los incendios en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción (San José Pinula, 2017) y en la Granja Penal de Comayagua (Honduras, 2012) tuvieron un saldo de muerte bien disparejo, pero en ambos casos, quedaron sepultados por las llamas menores de edad y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.
Aunque el primero estaba concebido para dar protección a niños de la calle, víctimas de violencia en sus hogares, huérfanos, con discapacidad, o en situación de conflicto; funcionaba como reclusorio en el cual los internos eran torturados, violados, y hasta explotados sexualmente.
Reiteradas denuncias de periodistas, defensores de derechos humanos y hasta organismos internacionales, sugieren que buena parte de los trabajadores del hospicio tenían de todo menos formación o vocación pedagógica, y los métodos que empleaban poco distaban de los de los vigilantes en la cárcel hondureña.
Esas incongruencias y la desatención estatal a las alertas están en el sustrato de la tragedia acaecida en el centro de acogida guatemalteco el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; pero también en la registrada en el reclusorio del país vecino un 15 de febrero, poco después de cerrar el Día de San Valentín o del Amor.
Tanto en uno como en otro caso corrieron por las redes sociales imágenes de cadáveres calcinados por el fuego, así como declaraciones de funcionarios y testimonios de sobrevivientes, que despertaron el recelo acerca de la posible culpabilidad directa de agentes policiales en lo ocurrido.
“Empezamos a gritarle a los policías de que nos movieran, de que nos estábamos quemando, y pues ellos dijeron que no les importaba…no nos querían abrir, ya no me acuerdo de más, sólo me acuerdo que una compañera se estaba quemando, estaba ardiendo en llamas, y me pidió ayuda, y me desmayé, y ya no pude ver nada.
Cuando desperté pues estaba la mitad del cuerpo afuera y la cabeza adentro. Me levanté e hice todo lo que puede para levantarme y caminar, pero los policías ahí mismo me empezaron a pegar, viendo que yo me estaba quemando y me estaba ahogando.
Pero ellos no y me dijeron que no me podía ir de allí, y me empezaron a pegar, Luego unos monitores me echaron agua porque me estaba quemando, y luego me desmayé, y ya cuando desperté estaba aquí en el hospital”, contó una de las niñas que quedó con vida tras el siniestro en el Virgen de la Asunción.
Mientras que en la cárcel de Comayagua murieron cerca de 400 personas, la mayoría menores de 23 años de edad y algunos condenados por varios delitos, pero decenas de ellos recluidos por sus padres para que se enmendaran y otros bajo sospechas de ser pandilleros, sin haber sido juzgados por un tribunal.
Informes del Centro de Investigación Periodística (Ciper) mostraron en ese contexto los testimonios de reclusos que sobrevivieron y que nunca olvidarán los gritos de “¡Fuego! ¡Llavero! ¡Se está incendiando! ¡Sáquennos! ¡No nos dejen morir! ¡Nos estamos quemando! ¡Vengan a abrir!”.
La tragedia carcelaria más grave de la historia en América Latina y la tercera de su tipo en Honduras, confirmó problemas de vieja data: el hacinamiento y la crítica situación del sistema carcelario en el país más violento del planeta (86 homicidios por cada 100 mil habitantes, ONU).
Según la publicación Proceso Digital, en su edición del 16 de febrero de 2012, el penal de Comayagua alojaba a más de 850 privados de libertad, lo que superaba en 212,5 por ciento su capacidad, y las denuncias respecto a ello nunca fueron atendidas por el Gobierno.
Datos aportados por la Secretaría de Seguridad Pública redujeron a 377 la cantidad de muertos por el fuego en el lugar, mientras la publicación aseguraba que los fallecidos rondaban los 382.
La confusión en las cifras poco reduce el impacto de imágenes desgarradoras tomadas en el presidio, de cadáveres calcinados de reclusos abrazados a los barrotes de sus celdas, en un intento desesperado por escapar de las llamas, en medios de gritos desgarradores por una llave que nunca vino.
En el Virgen de la Asunción estaban hacinados 748 menores de 23 años de edad, pese a que las capacidades eran para 400, según informes de la Procuraduría de los Derechos Humanos y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Allí, 19 adolescentes y jóvenes guatemaltecas murieron calcinadas tras gritar auxilio en medio de las llamas, y la llave sólo apareció cuando ya era tarde para ellas, y hasta para las 21 que fallecieron con posterioridad en hospitales por el impacto recibido en medio del fuego.
Quemaduras, asfixia e intoxicación, causaron el deceso de todas, precisó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y explicó que queda por precisar, mediante exámenes toxicológicos, si previo a los hechos las fallecidas habían ingerido alcohol, drogas, sedantes o cualquier otra sustancia.
Al mismo tiempo deberá determinarse si para alentar las llamas se usó queroseno u otro material inflamable.
Fotos donde aparecen los rostros de los policías agrediendo a las niñas, los datos aportados por el Inacif, investigaciones periodísticas, testimonios de sobrevivientes, de bomberos, de familiares de las víctimas, de extrabajadores del hogar, y de funcionarios citados al Congreso, parecen poco a las autoridades.
Hasta el 19 de marzo apenas fueron detenidas tres personas vinculadas a la tragedia: el extitular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia Carlos Rodas, la exsubsecretaria Anahí Keller y el exdirector del Hogar Seguro Santos Torres.
Los tres fueron conducidos a prisión preventiva por homicidio culposo y otros delitos, mas quienes escucharon los gritos de auxilio y se negaron a abrirles la puerta a las chicas, continúan en las calles, quizás paseando con sus familias o cometiendo nuevas fechorías.
Entre ellos, celadores o monitores en el albergue estatal para menores de edad, que más de una vez las golpearon, violaron y llevaron a otros hombres de manera forzada para que las abusaran a cambio de dinero, acorde con los testimonios de anteriores recluidos en el identificado con el eufemismo Hogar Seguro.
Virgen de la Asunción o la limpieza social en Guatemala (P.II)
Isabel Soto Mayedo*
LEJOS DE EDUCAR, LA LEY DEL TALIÓN
Los estereotipos que priman en estas sociedades patriarcales, adultocéntricas y militarizadas, sobre todo respecto a adolescentes y jóvenes en situación de conflicto, son esgrimidos para justificar la aplicación de fuerza contra ellos y probablemente conspiran a favor de los culpables.
Según una encuesta de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Unicef, palabras soeces, miradas torcidas, y correctivos físicos violentos son los métodos más socorridos por los adultos en esta región para imponer disciplina a los infantes.
Los mayores de edad admiten tales comportamientos porque consideran que esta es efectivo si se pretende lograr la mejor educación e inserción social de la niñez, mostró el sondeo, que abarcó a 16 países latinoamericanos y caribeños.
Asimismo reflejó que el maltrato físico y psicológico a este sector etario alcanza 80 por ciento en algunos territorios y llega hasta el castigo corporal, empero la ausencia de una metodología homologada para medir las formas de abuso impidió precisar cifras comparables entre las distintas naciones.
La Organización Mundial de la Salud opina que el maltrato infantil en esta parte del mundo está vinculado al nacimiento de más de 11,4 millones de bebés por año, muchos indeseados, condenados a sobrevivir en la pobreza y sujetos a patrones de conducta agresivos, por la criminalización del aborto.
En tanto el Unicef reitera que la violencia infringida a niñas, niños y adolescentes se registra casi siempre en las casas, a manos de sus padres, cuidadores y familiares, aunque igual se replica en instituciones del Estado carentes de protocolos para contratar a los encargados de cuidar a los menores.
Tales fallos crean el caldo de cultivo para la depresión infantil, enfermedad psicológica asociada a la autoeliminación, pero cuando esta es descartada puede recurrirse a la huida.
Probar suerte lejos de casa es lo que anima cada día a miles de infantes y adolescentes a salir solos a un mundo cooptado por narcotraficantes, tratantes de personas, proxenetas, pederastas, traficantes de órganos, y otros, si se consideran los informes de múltiples organismos internacionales.
La corrupción imperante y las debilidades en el marco jurídico amparan a estos criminales, en tanto defensores de derechos humanos insisten en que debe terminar las propensión a colocar a los niños en el centro de campañas preelectorales para luego excluirlos de planes favorables a su desarrollo.
En el Triángulo Norte de Centroamérica la desidia estatal hacia la niñez y la juventud acumula larga data y en ciertos momentos de la historia llegó a extremos en el orden represivo, a veces desde las sombras y otras a cara descubierta, mas casi siempre con la complicidad de las fuerzas en el poder.
Hace más de una década las alarmas están encendidas por el accionar criminal de los denominados grupos de limpieza social en Guatemala, Honduras y El Salvador, so pretexto de acabar con la violencia.
En este lapso esas fuerzas paramilitares ejecutaron extrajudicialmente a miles de menores en situación de abandono en las calles o sospechosos de ser pandilleros o delincuentes; como en décadas anteriores torturaron, desaparecieron masacraron a todo el que les pareciera izquierdista.
Paralelo a esto los gobiernos de los tres países manejaron argumentos similares para justificar estrategias represivas como la Mano Dura, Súper Mano Dura, La Escoba, Tolerancia Cero y otras, durante cuya aplicación miles de adolescentes y jóvenes fueron encarcelados, sin ser procesados judicialmente.
Tatuajes y otras señales que pudieran sugerir la pertenencia a una pandilla o a una mara bastaban para el arresto e internamiento en reclusorios superpoblados, con delincuentes comunes, en sociedades donde sobran los estereotipos respecto a los menores de edad en conflicto con la ley o en la calle.
Activistas sociales, políticos, sindicalistas, académicos y otros sectores, sugirieron en este ámbito adoptar políticas preventivas para contrarrestar la criminalidad y lograr la inserción social de esta población, mediante estrategias educativas masivas y el fomento de empleos dignos.
Al mismo tiempo evidenciaron la ineficacia de los sistemas judiciales, la impunidad reinante en estos territorios y hasta la existencia de un plan premeditado desde las élites, en el que participaban fuerzas de seguridad y policías con el consentimiento de sus superiores al mando.
Múltiples comunicados de la organización humanitaria Casa Alianza reflejaron que cada día varios niños y jóvenes de la calle eran atacados, asesinados con armas de fuego desde autos en marcha, y en el peor de los casos secuestrados y ejecutados extrajudicialmente en lugares apartados.
“Las autoridades no investigan, porque no les interesa”, expresó el entonces director regional de la agrupación Bruce Harris e hizo notar que nunca se había dado una violencia tan fuerte contra los niños de la calle, como a partir de 2003.
“Lo más triste es que también la sociedad desecha a estos niños e indigentes, porque cuando uno de ellos muere, quienes lo acompañan son otros jóvenes de la calle”, añadió, en declaraciones a periodistas.
Para los menores de edad, mujeres y hombres, ingresados en el albergue Virgen de la Asunción de la aldea El Platanar, en San José Pinula, no era muy distinta la situación salvo que se suponía el Estado los resguarda ahí de esas amenazas.
Sin embargo, posterior al incendio del 8 de marzo muchas voces gritaron que lo ocurrido con esos adolescentes y jóvenes fue un crimen de Estado.
Al conocerse del intento de fuga de los chicos, por los abusos en el lugar, el jefe de la 13 comisaria de la Policía Nacional Civil, Wilson López, llamó al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, para advertirle de la situación pero este sólo se limitó a enviar a 250 policías para poner orden.
Las sobrevivientes concordaron en que los agentes recuperaron a la mayoría de los amotinados y los regresaron a empujones al centro, incluso a punta de pistola en la cabeza, que ahí los rodearon, les golpearon, les rociaron con un líquido irritante para los ojos y después los encerraron bajo llave.
Los varones quedaron en un auditorio, las niñas en un aula sin sanitarios, sin sábanas, y con apenas unas colchonetas para dormir, que al otro día usaron como parabán para hacer sus necesidades por la negativa de dejarlas salir a ello.
El fuego supuestamente fue provocado por una de ellas para llamar la atención o eliminar la fetidez causada por esas urgencias fisiológicas, pero nada justifica que al ver salir el humo y escuchar los pedidos de auxilio los policías no abrieran la puerta detrás de la cual muchas se consumieron y otras quedaron marcadas para siempre.
Todavía queda la esperanza de que por fin la justicia caiga implacable contra quienes provocaron los gritos de “Viólenos aquí, delante de todos. Vengan a violarnos pues, si eso quieren otra vez”, conque también inundaron el aire las víctimas esa mañana del 8 de marzo, inolvidable en Guatemala.
Mientras que el jefe de Estado de Guatemala repite que las niñas eran muy agresivas y que se amotinaron, insatisfechas por la comida.
“Se les pidió a las personas que las mantuvieran separadas porque muchas de estas menores tenían conflicto con la ley, algún tipo de carácter violento, y lo que se pretendía es que no hubiera una tragedia como la que se vivió.
La tenencia de los menores en un lugar específico estuvo bajo las medidas de seguridad necesarias, incluida la llave”, espetó Morales, ahora denunciado ante el Ministerio Público por tortura, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
La Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, desestimó la presunta necesidad de recurrir al Buró Federal de Investigaciones (FBI, de Estados Unidos) para esclarecer lo relativo al incendio en el albergue estatal Virgen de la Asunción.