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Mujeres, derechos humanos y la problemática en torno al río Madre Vieja, en la Costa Sur de Guatemala

Mujeres, derechos humanos y la problemática en torno al río Madre Vieja, en la Costa Sur de Guatemala

Angélica Aguilar es una mujer que en sus manos conserva las huellas del trabajo en el campo, pero cuyas expresiones también recuerdan la fuerza cultivada en medio de un ambiente hostil por la expansión de la agroindustria en torno al río Madre Vieja.

De un diálogo sostenido con ella aprendimos que las mujeres, cuando por alguna u otra razón se ven obligadas a trabajar en las fincas de Nueva Concepción, municipio sureño de Escuintla, están sujetas a múltiples coacciones o abusos y terminan asimilando cuán poco vale la vida de los seres humanos para quienes sólo pretenden aumentar sus riquezas a cualquier costo.
“Le puedo comentar que cuando yo fui a trabajar a las fincas había niños trabajando, de 13 y 14 años, y me di cuenta cómo eran explotados, maltratados, dentro de la finca”, relató.
Recordó que en esa época visitaban la zona algunos funcionarios del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), con el objetivo de realizar suertes de auditorías o controles. Pero muchas veces los finqueros eran alertados de las inspecciones y ante esos avisos, escondían a los menores de edad trabajadores en quineles, para que no pudieran detectar la irregularidad.
“Un quinel es un zanjón que hacen con máquinas a la orilla de los ríos, para extraer el agua de los ríos. Hacen divisiones, decimos nosotros, entre el río y las diferentes fincas. Esos desvíos de agua al final crían monte, bejuco, que llega a hacer tan frondoso que se forman como cuevas y eso permite esconder a los niños cuando llegan los de medio ambiente”, explicó.
También rememoró que “en las fincas suelen dar guantes, porque se trabaja con venenos muy fuertes, químicos muy fuertes, que cada cierto tiempo causan tembladera de ojos”.
“Dan guantes, una mascarilla, pero eso sólo es para representar cuando el ministerio llega, porque ya cuando se van nos dicen que con esa mascarilla ya no se puede trabajar, no se aguanta, porque falta el aire”, aseveró.
Según Angélica, otra violación a los derechos humanos en ese contexto es la que toca muy de cerca a las mujeres, debido a las actitudes machistas ofensivas y patriarcales que deben enfrentar en el día a día.
“Yo ahora tengo 45 años y en esa época tendría unos 20, pero siempre es así. Cuando uno entra en un lugar como esos a pedir trabajo, lo primero que le miran a una es el cuerpo y si tiene buen físico, pues ya le dan trabajo a uno. Eso lo pasé yo”, subrayó, sin ocultar el enfado al retrotraerse al pasado.
De acuerdo con la mujer, el administrador de la finca donde ella trabajaba estaba todo el tiempo echándole el ojo y mandándola de un lado a otro, con cualquier pretexto.
“Una tarde me dijo que debía quedarme a trabajar en la bodega, para contar cintas y corbatas. La corbata es una cosa de plástico que tiene bastantes químicos, fuertes, que se les amarra a los racimos de plátanos en el tronco. Él tenía tiempo de casaquearme, porque yo tenía meses de trabajar ahí y yo nunca le daba nada. De hecho, él les decía a otros hombres que yo le gustaba porque nunca le había dado nada”, detalló. Y citó la frase más socorrida por el sujeto: “esa mujer no me ha dado nada, así me gustan a mí las yeguas, ariscas”.
Con esos antecedentes, la tarde en cuestión el hombre le ordenó subirse en una escalera a buscar las llamadas corbatas y cuando ella estaba casi arriba, la sacudió hasta hacerla caer encima de él.
“Él aprovechó para sujetarme, y estaba encima de mí, y yo sólo le decía suélteme, suélteme, pero él no se movía hasta que agarré una cosa que le dicen chuza, que sirve para cortar el racimo de la mata de plátano y tiene filo. Y yo en mi desesperación, porque estaba solita con él en la bodega, agarré la chuza y le dije que si no me dejaba salir le iba a hacer un saco en el cuello como se le hace el racimo para bajarlo”, contó.
“Yo se lo iba a hacer. Si en ese momento ese señor hubiera seguido tocándome, manoseándome, yo soy una mujer que sí lo hubiera cortado”, admitió y agregó que frente a su posición rebelde la respuesta del sujeto fue muy simple: “sabes qué, estás despedida y te voy a echar con carta negra”.
Para quienes viven en la zona, una carta negra puede condenar a nunca más encontrar trabajo y si se es mujer, la pena puede ser doble. Mas ello nunca atemorizó a Angélica, quien luego comprobó que el acosador no se atrevió a cumplir con la represalia prometida.
“Ahora eso sigue igual dentro de las fincas. A mi hija le insisto que, al salir a buscar trabajo, se arregle porque lo primero que le van a mirar es su presentación. Sin embargo, le advierto que tenga cuidado, porque cuando esas personas dan trabajo siempre van buscando otra cosa”, añadió.
Madre y abuela, Angélica nunca pierde oportunidad para compartir sus experiencias y ayudar a otras a fortalecerse en medio de un ambiente tan adverso. Porque pese al tiempo transcurrido, y a las leyes aprobadas en favor de las féminas, “la mujer aquí en Nueva Concepción sea por las fincas, o por sus esposos, siguen siendo marginas y violadas en sus derechos”.
“Aquí no hay jueces que vayan a favor de las mujeres, aquí no tenemos justicia”, denunció la entrevistada e hizo notar que ahora son muy pocas las mujeres que trabajan dentro de las fincas, debido a que apenas les dan trabajo. “Y cuando lo hacen es apenas por unos meses, porque creen que la mujer no rinde como un hombre y más bien la agarran como distracción para ver qué aprovechan de ellas y luego injustificadamente las despiden”, aseguró.

Mujeres en Centroamérica por empoderarse

Mujeres en Centroamérica por empoderarse

Con los años cobró rango natural ver a mujeres agricultoras, operadoras de maquinarias, empresarias, científicas, ingenieras, médicas o desempeñando otros tipos de trabajos que en el pasado eran considerados cosas de hombres. De tal suerte, pareciera que van quedando atrás las visiones jerárquicas asociadas al machismo y a la discriminación hacia el género femenino.

En la actualidad, la actividad de ellas tiene un impacto positivo en la economía centroamericana, sobre todo en el ámbito de los negocios, la agricultura y la industria. Aunque muchas todavía subsisten con escasos salarios como empleadas domésticas, vendedoras de mercados o cuidadoras de niños y adultos mayores, muchas veces sin remuneración en efectivo.

Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que la tasa de población femenina activa mayor de 15 años en esta región aumentó en los últimos tiempos: El Salvador 50%, Costa Rica 47%, Guatemala 42%, Honduras 48%, Nicaragua 50%, Panamá 51% y República Dominicana 52%. Ello puede redundar en que, a medida que aumenten las necesidades de cubrir puestos laborales, las mujeres cuenten con más oportunidades de trabajo.

Por ahora, ellas aparecen como creadoras de servicios o vendedoras de comercio y mercados (42.2%), trabajadoras no calificadas (22.4%), oficiales, operarias o artesanas (10.6%) o bien, técnicas y profesionales de nivel medio (7.1%), precisan los informes del organismo internacional. Y añaden que más de una cuarta parte son líderes del sector empresarial, 18% del grupo tiene un papel destacado en organismos y otro 12% realiza aportes en el campo político.

El Observatorio Centroamericano de Desarrollo Social (OCADES) advirtió que la igualdad y la equidad de género en la región que abarca el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) presenta un gran desafío, debido a que las mujeres poseen una menor autonomía económica, y su participación laboral se estancó un 53%.

Para técnicos y activistas vinculados a este y otros organismos, la discriminación por cuestiones de género es un factor negativo que denigra y oprime, pero mirado desde otra perspectiva puede estimular un movimiento positivo de empoderar a las mujeres alrededor del mundo.

EMPRESARIAS

Si bien las empresarias representan un número significativo, alrededor del 20% del total de empresas en Centroamérica, los desafíos que enfrentan son similares a sus semejantes en todo el mundo.

Particularmente en esta área geográfica, las empresarias chocan con la falta o escaso acceso al financiamiento, a la información y la capacitación, a los mercados, a la tecnología y la innovación, a la toma de decisiones y al conocimiento de la globalización y liberalización económica.

El financiamiento prevalece como el mayor obstáculo, aseguran muchas de ellas, porque “pareciera que bancos y empresarias no hablan el mismo idioma”. Eso frena la modernización de sus empresas y sus capacidades para competir en condiciones de igualdad dentro de los mercados nacionales e internacionales.

Para colmos, los gobiernos en carecen de políticas crediticias concretas favorables al sector femenino y son escasas las iniciativas estatales eficaces orientadas a su desarrollo personal y como emprendedoras.

Es como si todavía la sociedad latinoamericana condicionara a las mujeres a encargarse del cuidado, la crianza y la responsabilidad personal del hogar y la familia, más que a su capacitación y la información. Sin embargo, la participación en este tipo de actividades es un gran laboratorio, es un aprender y desaprender técnicas y estrategias de mercadeo y negociación.

Tal experiencia engloba un sesgo de género significativo, ya que tradicionalmente es un proceso en el cual los hombres estuvieron envueltos desde su niñez y cuando ellas entran en los sectores de negocios son las recién llegadas, por lo que deben redoblar sus esfuerzos y aprender la cultura propia de las negociaciones comerciales.

Paralelo a esto, la liberalización y globalización comercial intensificó nuevas formas de actividades de mercado y las obligó a desarrollar redes de contactos empresariales, estrategias de negociación, y tácticas para ingresar en la arena económico-política del sector empresarial.

Sin dudas, las pequeñas y medianas mujeres empresarias de la región soportan la economía globalizante con la esperanza de estar en una fase de transición, que las llevará a una nueva etapa de crecimiento y sostenibilidad, a hacerse suficientemente fuertes para competir en igualdad de condiciones. Pero otro desafío que tienen por delante es la innovación.

El 56.5% de las empresarias centroamericanas realizó una innovación empresarial, relacionada con innovación tecnológica, la mejora en los procesos administrativos y en la infraestructura. La necesidad de modernización, de competitividad, de eficiencia y de eficacia en los procesos interno y externos de la empresa, de acceder a nuevos mercados y productos, de cambiar de imagen y adquirir mayor eficiencia, es lo que las motivó.

Pese a todos esos retos, alrededor del 90% de las decididas a emprender negocios consolidaron sus proyectos, y desarrollaron habilidades y destrezas plurifuncionales, para seguir atendiendo sus negocios sin descuidar a sus familias, lo que las distingue en buena parte de los casos de sus contrapartes masculinos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) asegura que el 90% de las mujeres del mundo viven agredidas y violentadas. Las empresarias centroamericanas no escapan de esa realidad. No obstante, el ente mundial reconoce que existen instituciones empeñadas en cambiar los estereotipos y destacan los esfuerzos del SICA por redoblar la inclusión de las mujeres en el mercado laboral.

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, países miembros de ese bloque regional, muestran una tendencia al aumento de población en edades productivas y de la participación de las mujeres en actividades cada vez más importantes para el desarrollo económico de estas sociedades, lo cual crea mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Congresistas suspenden interpelación a ministra de Salud en Guatemala

Congresistas suspenden interpelación a ministra de Salud en Guatemala

Poco después de confirmarse la interpelación a la ministra de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas), Lucrecia Hernández Mack, los diputados de la comisión pertinente del Congreso de Guatemala oficializaron hoy la suspensión del proceso.

La noticia de la retractación de los legisladores fue comunicada a la titular, de 43 años de edad, justo al llegar con sus colaboradores más cercanos a la sede del legislativo, en la Casa Larrazábal.

’Respetuosamente ante su despacho, nos permitimos hacer de su conocimiento que hemos tomado la decisión de retirar la interpelación solicitada a la doctora’, señalaron los parlamentarios, en una escueta nota.

Esto, ’atendiendo a la necesidad de avanzar en el desarrollo de la agenda legislativa y así contribuir a la gobernabilidad del país’, pretextaron.

No obstante, los firmantes del documento dejaron entrever que mantendrán la vigilancia sobre esa cartera de Gobierno y el actuar de la ministra, y que de considerarlo oportuno, retomarán el proceso.

Minutos antes de recibir la esquela la funcionaria, una de las más respetadas por su desempeño en una institución que asumió en un estado caótico en agosto de 2016, publicó en su cuenta en Twitter una imagen en la sede legislativa junto a su equipo de trabajo.

’Ya en el Congreso. Listos para la interpelación. Día 1’, escribió al pie de la fotografía, probatoria de que hasta ese momento nunca fue notificada de que los congresistas desistían de interrogarla en el plenario a partir de las 25 preguntas para las cuales hubo de prepararse días antes.

Y es que desde que fue anunciada la posibilidad de la interpelación, múltiples sectores manifestaron su respaldo a Hernández y hasta censuraron a los parlamentarios ’por ciertas posiciones machistas evidenciadas en el ámbito de la discusión en torno al tema’.

Incluso, hasta este miércoles en la noche algunos legisladores aseguraban que la interpelación iba de cualquier modo, pese al temor, incongruencias o retractación por intereses personales o presiones, de algunos.

La interpelación es un proceso de rendición de cuentas que uno o más diputados tienen derecho a pedir a cualquier ministro o viceministro de Estado y la asistencia a esta es ineludible, a menos que el señalado esté fuera del país o con quebrantos de salud.

Los solicitantes deben enviar al funcionario el cuestionario de preguntas que le harán –sin límites en la cantidad de estas- con no menos 48 horas de anticipación y de ser preciso, podrán coordinar una tercera sesión especial para recibir respuestas.

Remedo de guerra contra ministra de Salud en Guatemala

Remedo de guerra contra ministra de Salud en Guatemala

Ocho meses después de confirmada ministra de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas), en uno de los momentos más críticos para el sector en Guatemala, Lucrecia Hernández Marck enfrenta hoy un remedo de guerra en su contra.

Sobre la mujer de 43 años de edad, hija de la antropóloga Myrna Marck -militante del Partido Guatemalteco del Trabajo asesinada por un agente del Estado (1990)-, recaen acusaciones de supuestas violaciones al derecho al trabajo y con ello se empuja en aras de su renuncia.

La Comisión de Salud del Congreso esgrime también las ausencias reiteradas de la ministra a las cerca de ocho citaciones que le hicieron cada mes, de las cuales asistió a unas tres como promedio.

Pero para buena parte de la ciudadanía, de lo que se trata es de sacar del Gobierno a quien incomodó a los poderes ocultos, por atacar irregularidades añejas en el sistema de salud en Guatemala.

'Muchos llaman a esto una guerra, pero aclaro, nunca fue declarada por nosotros', precisó el viceministro técnico del Mspas, Adrián Chávez, en un diálogo con Prensa Latina.

Recordó que esta situación se desata por una denuncia puesta hace dos años y que ahora motiva a congresistas a actuar como una suerte de mediadores a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsg).

Según el otrora analista del Instituto de Problemas Nacional de la Universidad de San Carlos, desde que quedaron al frente del ministerio fueron claros respecto a cuáles serían sus principios y ejes de trabajo, entre los que contemplaron el fortalecimiento institucional y la dignificación del trabajador.

Además, siempre procuraron el diálogo con todos los trabajadores y por eso convocaron a los 53 sindicatos activos a nivel del ministerio, así como al Sntsg.

'Pero son ellos los que no quieren reunirse con los representantes de otros sindicatos y, a través de la Presidencia, buscaron una reunión a la cual llamaron al sindicato mayoritario del Ministerio de Educación', precisó.

Agregó que allí acordaron establecer una junta mixta, mas definieron que tomarían decisiones basadas en una comunicación, donde predominara el respeto, y cada quien asumiera su papel conforme al marco legal.

También especificaron que rechazarían lo 'que no estuviera dentro del marco legal, nada que no estuviera técnicamente avalado, y nada que no fuera financieramente viable', puntualizó.

Mas la citación del 21 de febrero fue un parte aguas en el nivel de comunicación directo alcanzado, una citación de la cual se enteraron apenas 20 días antes y que los obligó a tomar decisiones como despacho.

La denuncia responde al incumplimiento, por parte del Estado, del Pacto Colectivo firmado en 2013 y fue interpuesta en el 2015.

'No es ni siquiera que no hayamos cumplido y la actuación dentro del Congreso se ve como parte del juego político, porque dentro de ese órgano hay quienes ven un enemigo común: las autoridades de Gobierno', dijo.

'Los diputados asumen la posición de intermediadores en una negociación entre Gobierno y sindicalistas, cuando aquí no hay nada que negociar: ya es un proceso que está en la Corte Suprema de Justicia y como cualquier proceso, es el sistema judicial el que debe caminar sobre las pruebas presentadas', enfatizó.

Cuestionó, además, que 'en el proceso es probable que estén involucradas personas que, dentro de la práctica sindical, no sean ni trabajadores del sector y estén abogando por la salida de la ministra'.

Esto arreció cuando el Mspas y la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitaron la nulidad de los artículos del Pacto Colectivo que regulan bonos e incentivos, bonos especiales y viáticos, porque carecen de viabilidad legal.

Para la negociación, firma e inscripción del acuerdo entre el exministro del Mspas Jorge Villavivencio y el Sntsg, se pagaron 24 millones de quetzales (tres millones 300 mil dólares) al abogado nombrado por los sindicalistas.

De esa cifra, erogada por concepto de honorarios a favor de César Landelino Franco, 14 millones de quetzales (casi dos millones de dólares) fueron sustraídos del presupuesto del Estado, 6,4 millones (más de 876 mil dólares) descontados a los empleados del gremio, y 3,6 millones se canceló en 2015.

Diputados decididos a interpelar a ministra de Salud en Guatemala

Diputados decididos a interpelar a ministra de Salud en Guatemala
Los diputados miembros de la Comisión de Salud del Congreso están decididos hoy a interpelar en el legislativo a la ministra del sector Lucrecia Hernández Marck, pese a la fuerte reacción popular contra esa decisión.

’Este miércoles se decide o no si lo haremos, pero por lo menos hasta las 17:30 horas vamos con la interpelación, es una decisión colegiada. Fuimos 16 los que firmamos la nota de interpelación y con uno que se mantengan, esta va’, declaró la víspera a Prensa Latina un integrante del equipo parlamentario.

El congresista que prefirió el anonimato, cuestionó a aquellos diputados que no tienen madurez política, no respetan jerarquías, u obran por intereses personales, lo que explica las tergiversaciones en torno a lo que ocurre al interior de la comisión decisora en este caso.

Desde que la Comisión de Salud del Congreso anunció su decisión de llevar al plenario a la titular de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) los directores de las 29 áreas sanitarias del país, de varios hospitales y buena parte de la ciudadanía, se pronunciaron en respaldo a la funcionaria.

Sobre todo por las redes sociales proliferaron manifestaciones de apoyo a la hija de la antropóloga Myrna Marck, ejecutada de manera extrajudicial por un agente del Estado el 11 de septiembre de 1990.

’Los trabajadores apoyamos a la ministra en que se omitan los artículos del pacto colectivo que están favoreciendo a ciertos dirigentes sindicales, que tienen bonos hasta de mil quetzales por viáticos (unos 137 dólares) y no son ni buenos dirigentes.

El personal que trabaja por contrato, en renglones temporales, necesita que se le pase a renglones permanentes, porque sufrimos de muchas intimidaciones, agresiones verbales y sicológicas, de parte de los patronos en cada institución en que laboramos’, explicó a Prensa Latina la enfermera Aida de León. Así como la profesional del Hospital Nacional de Malacatán, en el departamento occidental de San Marcos, otras personas compartieron su rechazo al modo en que los congresistas presuntamente procuran sacar de su puesto a Hernández Marck, confirmada ministra en julio de 2016. Para el diputado independiente Álvaro Velásquez, lo que se pretende es ’despedir a la izquierdista incómoda para las mafias y negociantes de la salud y castigar al presidente Jimmy Morales, además de empujarlo contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)’.

Pero sobre todo, añadió, se busca desviar la atención de las reformas constitucionales, entrampadas en el Congreso por la negativa de ciertos legisladores a aceptar el reconocimiento de la jurisdicción indígena.

En tanto otras voces concuerdan en que la mujer al frente del Mspas, reconocida como una de las más esforzadas de la administración de Morales, sólo es objeto de represalia por amenazar a los corruptos al tratar de reajustar, conforme a la ley, el pacto firmado por sindicalistas y patronos en 2013.

Ocho mujeres en contingente militar de Guatemala al Congo

Ocho mujeres en contingente militar de Guatemala al Congo

Ocho mujeres forman parte del contingente militar de Guatemala que integra hoy las tropas de cascos azules de la Organización de Naciones Unidas (ONU) desplegadas en la República Democrática del Congo.


Antes de marchar al país africano esas mujeres se graduaron en el curso de kaibil, es decir, como soldados de élite del Ejército de Guatemala, en condiciones de desarrollar operaciones especiales y de inteligencia, según el director de Operaciones de Paz de la fuerza castrense, Walter Oliva.

El Ejército de Guatemala cuenta con 23 mil 255 efectivos, mil 526 de estos mujeres, de las cuales 112 son oficiales, 23 oficiales superiores, 95 subalternas, 22 asimiladas superiores, 87 asimiladas superiores con especialidad técnica universitaria, 881 son especialistas y 306 soldados.

El tema de la incorporación de la mujer y el mejor tratamiento a ellas dentro de las filas del Ejército cobró impulso desde mayo de 2016, fecha en la cual fue incluido como eje estratégico por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Juan Manuel Pérez Ramírez.

La inclusión de ellas en el decimoséptimo contingente de fuerzas especiales de Guatemala que participa en esa misión de la ONU desde 2004 es parte de esa estrategia.

El grupo que viajó la víspera a la República Democrática del Congo está integrando en su conjunto por 150 militares guatemaltecos -incluidas las mujeres-, ocho hondureños, y traductores.

Según Oliva, este grupo debe concluir su participación entre los cascos azules el 27 de marzo de 2018.

’Será un año de crecimiento para nosotros, experimentaremos la satisfacción que permitirá al Ejército de Guatemala extender sus operaciones de paz a nivel mundial’, comentó.

Guatemala ocupa el puesto 94 de 126 países en la lista del poderío militar en el mundo, confeccionada por Global Firepower Index, conforme con la cual Brasil encabeza el listado de los ejércitos más potentes de América Latina.

Persisten en dignificación de comadronas en Guatemala

El Congreso de Guatemala solicitó opinión a la Corte de Constitucionalidad respecto a la legitimidad de la ley que dignifica la labor de las parteras o comadronas, aprobada por el Parlamento y vetada por el Ejecutivo.

La petición fue avalada por 92 diputados, para quienes el decreto 3-2017 ’Ley que declara el 19 de mayo de cada año, Día de la Dignificación Nacional de la IYOM y/o Rati’t Ak’al Comadrona de Guatemala’ sí se apega a la política de Gobierno.

De este modo, los legisladores mostraron su inconformidad con la decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de vetar ese cuerpo jurídico bajo la excusa de que su contenido ’no obedece a las disposiciones legales y no armonizan con el funcionamiento de las políticas relativas a la salud’.

El Acuerdo Gubernativo 44-2017, firmado por el mandatario, esgrime que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) está implementando políticas de salud con enfoque intercultural, incluyentes, y que esa norma legal excluye a comadronas de otros idiomas mayas, al referirse sólo al idioma kaqchikel.

También señala que ’pide excluir métodos de fuerza o coerción hacia los pueblos, no cuenta con lineamientos claros para la definición de beneficiarios, propone un incentivo de tres mil quetzales anuales (unos 411 dólares), no fija parámetros sobre su presupuesto y no cuenta con dictamen de la Comisión de Salud del Congreso’.

El Mspas reconoce que en Guatemala ayudan a traer bebés al mundo, sobre todo en zonas carentes de servicios públicos de salud o de difícil acceso, alrededor de 10 mil comadronas y a juicio de los diputados estas superan las 22 mil 500.

En todo caso, el presupuesto del Estado deberá contemplar eventualmente un pago anual para todas ellas equivalente a unos 70 millones de quetzales, es decir, aproximadamente nueve millones 600 mil dólares.

El veto fue oficializado mediante una publicación en el Diario de Centro América, 28 días después de que el Congreso aprobó el decreto 3-2017, según el cual el incentivo anual sería pagado a las comadronas en dos fases: los primeros días de mayo y durante la primera quincena de diciembre de cada año.

Rechazan veto presidencial

El Movimiento Nim Alaxik Mayab, de comadronas o parteras de Guatemala, rechazó hoy el veto del presidente Jimmy Morales a la ley que dignifica su labor y exige disculpas por ser injuriadas en el Acuerdo Gubernativo 44-2017.


Las mujeres indígenas, consagradas a la labor que se practica en el país desde tiempos ancestrales y garantiza a muchas madres traer a sus bebés a la vida, sobre todo en zonas a las que no llega el sistema de salud del Estado, manifestaron su sorpresa por una decisión que frena derechos humanos.

’Una vez más nos encontramos frente a un gobierno cínicamente colonial, que obstaculiza a los pueblos indígenas, lo que por derecho nos corresponde. Nos indignamos profundamente ante una argumentación falsa y retorcida sobre la que se fundamenta el veto’, señalaron en un comunicado.

Y manifestaron que ’este es un ejemplo de criminalización y culpabilización de las víctimas, tan común en este país. Varias de las demandas presentadas por los pueblos indígenas, en la época de la democracia, han tenido la misma sustentación siniestra’.

’Nos sorprende, además, que se nos culpabilice de ser discriminadoras, excluyentes, y de estar en contra de la igualdad, porque no se incluyó a las comadronas mestizas en la mencionada ley’, agregaron.

Al mismo tiempo denunciaron que mientras el presidente le niega a ellas un reconocimiento económico por su sacrificio y servicio a las comunidades, a los ganaderos y finqueros les da exoneraciones de impuestos y beneficios fiscales.

Para las integrantes del bloque civil, el documento emitido por el Ejecutivo tras la aprobación en el Congreso del Decreto 3-2017 ’Ley que declara el 19 de mayo de cada año, Día de la Dignificación Nacional de la IYOM y/o Rati’t Ak’al Comadrona de Guatemala’ utiliza perversamente instrumentos históricos de lucha.

En ese caso aluden al Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

También cuestionan a la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia Hernández, por secundar el veto presidencial y por aportar al gobernante información que el movimiento le compartió con antelación, para usarla en contra de ellas.

’Tomamos esta actitud como una afrenta de la ministra hacia las comadronas y hacia los pueblos indígenas’, alertaron y llamaron a todas las abuelas de Guatemala a sumarse a la batalla por la reivindicación de los derechos que les corresponden.

El Decreto 3-2017 establece un incentivo anual para las comadronas por valor de tres mil quetzales anuales (unos 411 dólares), que sería pagado en dos partes, los primeros días de mayo y en la primera quincena de diciembre de cada año.

Ello aliviaría la situación de esas servidoras de salud en sus comunidades, casi todas sumidas en la pobreza en un país donde ese flagelo abarca a más del 72,3 por ciento de la población y en mayor grado, a los pueblos indígenas.

Más de seis mil 423 mujeres asesinadas en Guatemala en siete años

Más de seis mil 423 mujeres asesinadas en Guatemala en siete años

De 2008 a 2016 fueron asesinadas alrededor de seis mil 423 mujeres en Guatemala, para un promedio de nueve por cada 11 mil, según un informe del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
Comparativamente se registró una mayor cantidad de hechos de violencia contra las féminas durante el primer año de Gobierno del presidente Jimmy Morales, que en el de Álvaro Colom (2008-2012) y Otto Pérez Molina (2012-2015), precisó la agrupación civil.

Según registros del GAM, en el año inaugural de la administración de Colom (2008) murieron de manera violenta 573 mujeres, en el de Pérez Molina (2012) 708 y en el Morales (2016) 739.

En cuanto a las cifras totales, durante los cuatro años de mandato del fundador del partido Unidad Nacional de la Esperanza ocurrieron dos mil 699 exterminadas, mientras que el del Partido Patriota -acusado de corrupción- fueron reportados dos mil 985 homicidios.

De otro lado, en los 14 meses transcurridos en la presidencia Morales tuvo que reconocer el asesinato de cerca de 700, 620 de ellas en un año, acorde con datos del Ministerio Público.

Por esa razón el GAM instó a esa cartera, a la de Gobernación y al Organismo Judicial a ’atacar de raíz esos hechos y crear políticas para erradicar de una vez por todas las formas de violencia contra la mujer’.

Guatemala cuenta desde el 2008 con una ley que tipifica el delito de femicidio; el de violencia sexual, económica, u otras formas de violencia contra la mujer, y, aunque regula juzgados y tribunales especializados para tales delitos, poco cambia, coinciden defensoras de los derechos de las mujeres.

ONU Mujer considera que el país es uno de los 25 del mundo, donde se comete mayor número de homicidios y cualquier forma de violencia contra la mujer por cuestiones de género, razones por las cuales también ocupa el lugar número 10 entre los 14 latinoamericanos incluidos en ese listado.