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Poder y Comunicación

Televisa se desmorona y Azcárraga se repliega

Televisa se desmorona y Azcárraga se repliega

Emilio Azcárraga Jean, tercero de la dinastía que erigió Televisa, dejará la jefatura máxima de esa compañía. La situación del empresario y de la empresa no es la mejor: con finanzas a la baja, recortes de personal, deudas y la presión de sus socios estadunidenses, el hijo del Tigre opta por retirarse. Deja al frente a dos copresidentes ejecutivos. Uno, Alfonso de Angoitia, ha sido acusado de desviar recursos a cuentas en el extranjero. El otro, Bernardo Gómez, es el operador político que encumbró a Enrique Peña Nieto y que cabildea en el Congreso para favorecer a la televisora.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde enero de 2017 los rumores sobre la salida de Emilio Azcárraga Jean se intensificaron en Grupo Televisa. El peor año para las finanzas del consorcio había sido 2016: sus utilidades netas bajaron 65.9%, al pasar de 10 mil 899 millones de pesos en 2015 a 3 mil 712 millones ese año; más de 2 mil personas fueron despedidas y se pagaron entre 912 y 2 mil 805 millones de pesos en indemnizaciones y gastos a servicios de abogados; los servicios de su deuda tasada en dólares aumentaron a 9 mil 532 millones de pesos y la venta de contenidos disminuyó sustancialmente.

El tercer Emilio Azcárraga de la dinastía fundada por su abuelo, tuvo que aceptar una humillación de su principal socio y futura filial en Estados Unidos: Univisión, que impuso como nuevo vicepresidente de Contenidos al periodista colombiano Isaac Lee, en lugar de José Bastón, “el hermano menor” de Azcárraga Jean, que pasó a ser efímero presidente de Televisa Internacional.

Este lunes 30 Bastón renunciará y permanecerá sólo como miembro del consejo de administración.

El anuncio de la salida de Azcárraga Jean como director general o chief executive officer (CEO), formalizado el jueves 26, para quedar sólo como presidente del consejo de administración y responsable de la Fundación Televisa y del Club América, fue sorpresivo para algunos observadores externos, pero no para los altos directivos de la empresa.

Azcárraga Jean se pasaba más tiempo en Miami que en la Ciudad de México y las presiones de otros accionistas, de sus tres hermanas –Carla, Ariana y Alessandra–, así como los despidos que se incrementaron en abril de este año, lo mantuvieron al margen de la operación los últimos 10 meses.

El anuncio del “segundo cambio más importante” de Televisa, realizado en agosto de 2016, acompañado en pantalla por Joaquín López Dóriga, resultó un fiasco. El cambio de Canal 2 a Las Estrellas no levantó a la cadena más importante del consorcio; la “nueva era” para atraer a las audiencias jóvenes, a los millennials, resultó un fiasco; y la creación de Blim para competir con la plataforma estadunidense Netflix dejó en ridículo al imperio.

(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2139, ya en circulación)

El riesgo del ejercicio del periodismo en Guatemala

El riesgo del ejercicio del periodismo en Guatemala

Desde junio de 2016 fueron asesinados 11 periodistas en nueve departamentos de Guatemala, país donde tiende a incrementarse el contexto de inseguridad para la prensa en general, según el Centro de Reportes Informativos Sobre Guatemala (Cerigua).
De acuerdo con El Observatorio de los Periodistas, que funciona en esa institución, tres de estos crímenes ocurrieron en el departamento occidental de Quetzaltenango, una de las zonas donde más ataques contra comunicadores se reportaron en los últimos años

Frente a este panorama resulta paradójica la disminución de las denuncias recibidas por la Unidad Fiscal de Delitos Contra Periodistas, del Ministerio Público (MP), respecto a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

Y es que durante los primeros tres meses del 2015 los agravios contra la prensa denunciados sumaron 25, un año después llegaron a 20 y en el presente apenas van por 11 los casos registrados en cuatro departamentos, agrega el informe presentado con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Para los involucrados en la conformación del documento, la reducción en las denuncias de hechos violentos contra los encargados de informar a la población guatemalteca está asociada al incremento en la censura y autocensura de los periodistas.

Esto es particularmente significativo entre 'quienes laboran en zonas con alta presencia del crimen organizado y áreas donde el poder político local, especialmente los alcaldes, se ha constituido como uno de los principales censores de la prensa', precisaron.

Destacaron, además, que es usual que periodistas y comunicadores eviten presentar denuncias por 'la desconfianza hacia los integrantes de las fiscalías distritales y los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), debido a la relación que éstos pudieran mantener con miembros de estructuras delictivas o funcionarios locales'.

'Prevalece la desconfianza hacia las autoridades encargadas de la seguridad pública y de la persecución penal por su inacción cuando ocurren ataques directos contra reporteros, en la cobertura de accidentes de tránsito o hechos violentos, así como por los pocos casos contra la prensa que han sido resueltos', señalaron.

Otra cuestión negativa es que en este país los policías muchas veces arremeten contra los profesionales de la comunicación y esto incide en que los mismos se abstengan de presentar denuncias cuando sufren amenazas, agresiones físicas u otro tipo de ataques relacionados con su labor profesional.

Varias fuentes concuerdan en que algunos de los principales actores responsables de los ataques contra la prensa son los funcionarios de distintos niveles del Estado, así como los elementos de la PNC.

De hecho, El Observatorio de los Periodistas y Cerigua aseguran que este año ocurrieron cuatro casos en los que estuvieron involucradas autoridades del Organismo Judicial (OJ), deportivas y municipales del departamento central de Suchitepéquez, e integrantes de las fuerzas de seguridad pública.

Con base en estos datos, la diputada de la Bancada de la Dignidad de Convergencia Sandra Morán instó a dialogar en aras de procurar soluciones a lo que, en su opinión, atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información veraz en Guatemala.

'Dejemos de hablar de, comencemos a hablar con', expresó, durante un intercambio con representantes de diversos medios de prensa que cubren las labores del Congreso de la República.

La legisladora, quien hizo notar la importancia del periodismo para la consolidación de la democracia en el país, escuchó a los periodistas acerca de lo que podría hacerse para avanzar en el objetivo de revertir dificultades y conoció de primera mano las preocupaciones y necesidades del gremio.

Los participantes en el encuentro mencionaron la urgencia de mejorar el acceso a la salud social, garantizar la libre emisión del pensamiento, propiciar el desarrollo y capacitación de los comunicadores, el respeto a la dignidad y a la labor que desarrollan y garantizar la nivelación salarial.

También aludieron a la necesidad de que los funcionarios públicos conozcan leyes como la de Acceso a la Información Pública y que se les sensibilice en el trato hacia la prensa en general.

Asimismo, consideraron relevante que desde el Congreso se tomen iniciativas como ésta y reconocieron la necesidad de una mesa de trabajo para abordar estos temas.

En la cita en el hotel Panamerican de esta capital se determinó dar seguimiento a este tipo de reuniones, revisar la legislación relacionada, y el avance de la política pública que trabaja la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh).

De igual modo, decidieron buscar los mecanismos para la sensibilización de responsables de la institucionalidad del Estado y a periodistas en temas específicos.

RIESGOS DE VIEJA DATA

La complejidad del ejercicio periodístico cobra mayor relieve en Guatemala por la incidencia considerable de la violencia, del crimen organizado y de la corrupción, prima hermana de la impunidad.

A pesar de ese panorama, que hace de este uno de los países más riesgosos del continente y del mundo (27,3 homicidios por cada 100 mil habitantes), el Gobierno continúa sin implementar un programa de protección para los comunicadores como prometió en octubre de 2012.

Durante el último Examen Periódico Universal (EPU), efectuado ese año, los representantes del Estado de Guatemala aceptaron 111 recomendaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 21 de ellas asumidas con reserva y seis dejadas en suspenso.

Incluso, anunciaron cinco compromisos voluntarios, entre los cuales estaba implementar el plan para proteger a los periodistas y fortalecer el sistema de seguimiento a las sugerencias de mecanismos y procedimientos internacionales.

Paralelo a esto, rediseñar la institucionalidad de derechos humanos, seguir ejecutando políticas públicas para fortalecer el sistema de justicia especializado en protección de mujeres; así como desarrollar políticas y programas para prevenir la violencia armada y reducir las muertes violentas, con particular atención en la juventud.

Esa fue la respuesta a los señalamientos de los Estados representados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyos miembros mostraron su preocupación por la situación de vulnerabilidad en que se encontraba la prensa y el derecho a la libertad de expresión en Guatemala.

Las amenazas del crimen organizado y del narcotráfico, las intimidaciones, la impunidad que rodea los casos de agresiones y amenazas contra estos, y la desprotección por falta de persecución judicial, son apenas algunos de los factores que atentan contra la libertad de los periodistas para ejercer su labor.

Noruega fue más lejos e, igual que en el EPU del 2008, recomendó reformar la Ley de Telecomunicaciones, para otorgar reconocimiento legal a las radios comunitarias y propiciar que las poblaciones indígenas accedan a los medios de comunicación.

Mas, pese al tiempo transcurrido poco o nada cambió respecto a la prensa en Guatemala, que este año deberá someterse nuevamente al examen establecido desde abril de 2008 con la finalidad de revisar cada cuatro años y medio las prácticas de derechos humanos de cada uno de los 193 Estados parte de la ONU.

De hecho el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, denunció con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo) que el Gobierno de Jimmy Morales continúa haciendo caso omiso de las recomendaciones derivadas de esa práctica multilateral.

Casi cuatro años y tres administraciones de Gobierno pasaron desde que se iniciaron las primeras discusiones en torno a la implementación de un Programa de Protección a Periodistas en Guatemala.

Y aunque el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, informó que la firma del acuerdo se realizaría en un acto público a finales de noviembre, en el marco del Día Nacional del Periodista, ello no ocurrió.

Desde julio de 2016 asociaciones de comunicadores entregaron al presidente una propuesta en aras de concretar el programa, conformada con apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, en inglés) y respaldada por 22 organizaciones internacionales.

Sin embargo, esta duerme engavetada en algún lugar: 'esto no se ha puesto en marcha y por consiguiente, continúan en riesgo muchos periodistas, sobre todo en el interior del país', declaró el procurador.

De León Duque remarcó que el Estado tiene la obligación de tomar medidas efectivas en la prevención de ataques contra periodistas y garantizar el derecho a la libertad de expresión.

En el transcurso de 2016 la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió 32 comunicados de prensa sobre agresiones cometidas ese año, recibió 17 mensajes internacionales de solidaridad y sostuvo más de 30 reuniones con directores de medios y funcionarios, para elaborar el Programa de Protección a Periodistas.

Al recibir el proyecto, el gobernante se comprometió a dar todo el apoyo para que en corto plazo el país contara con una herramienta capaz de atenuar los riesgos que corren los periodistas.

Con todo, al terminar el primer año de su Gobierno, iniciado el 14 de enero de 2016, Guatemala destacó por ser uno de los países con más periodistas asesinados, a la par de México.

En 2016 el país experimentó uno de los períodos más violentos en contra de la prensa y ello redundó en la pérdida de dos directores de medios, tres locutores, un productor y conductor de un segmento televisivo, un camarógrafo, un reportero de televisión, y una comunicadora de un hospital público.

Todo esto hace que varias voces insistan en que el Gobierno, lejos de reaccionar, sigue apegado a una lógica de desatención, en tanto continúan sin resolverse la mayoría de los casos reportados y los culpables campean por su respeto.

Medios de prensa bajo acecho del Ministerio Público en Guatemala

Medios de prensa bajo acecho del Ministerio Público en Guatemala

Informaciones contables, financieras y bancarias de los consorcios mediáticos Grupo A y Grupo Emisoras Unidas son escrutadas hoy por fiscales del Ministerio Público (MP) de Guatemala, en medio de un caso de lavado de dinero.

El allanamiento de los documentos en estudio comenzó el viernes temprano en la mañana, sin que se dieran mayores detalles a los periodistas, y abarcó unos 17 inmuebles, entre empresas mercantiles, viviendas privadas y sedes de distintos medios de prensa que conforman ambas corporaciones.

Las averiguaciones de la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos forman parte de una investigación en marcha y transcurren en medio de la más absoluta reserva, de conformidad con la ley relativa al tema, según el MP.

No obstante, por diversas vías se conoció de la presencia de policías y fiscales en las oficinas del Grupo A -conformado por los medios Canal Antigua, Contra Poder, Antigua Sports y Diario Digital- y del Grupo Emisoras Unidas, cadena radial liderada por la homónima, además del periódico Publinews.

Desde el inicio del operativo y hasta primeras horas del sábado, sólo en las inmediaciones del edificio donde radica el Grupo A permanecieron casi una veintena de efectivos y unos seis o siete vehículos con logotipo del MP, lo que para guardias del lugar pareció exagerado si no se iban a practicar capturas.

'El Real Reforma apenas tiene tres entradas y salidas, incluyendo el área de parqueo, y cualquier persona que quiera escapar apenas podría hacerlo tirándose por la ventana', comentó jocosamente uno de los vigilantes a Prensa Latina.

Mientras, las redes sociales y ciertos medios de prensa guatemaltecos especulaban que todo el aparataje de este viernes tenía que ver con la necesidad del MP de demostrar que continúa detrás del exministro de Energías y Minas, Erick Archila, prófugo de la justicia desde el año 2016.

El expresidente de Canal Antigua es señalado por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por su relación con el escándalo de corrupción que envolvió al exgobernante Otto Pérez Molina, en prisión preventiva hace casi dos años, sin que todavía reciba condena.

Archila es parte de la red de funcionarios que con tal de garantizar su permanencia en la administración del Partido Patriota, realizaban una especia de colecta al estilo de las mafias sicilianas, para donar comisiones ilegales o comprar costosos regalos al exmandatario y a su exvicepresidenta Roxana Badeltti.

Helicópteros, lanchas rápidas, casas en la playa y viviendas de lujo en lugares paradisíacos como Roatán, en Honduras, fueron donados a los líderes de la estructura criminal que derivó en esa organización política, desarticulada por irregularidades en sus finanzas, tras cooptar al Estado de Guatemala.

Asesinan a noveno periodista en Guatemala en 2016

Asesinan a noveno periodista en Guatemala en 2016

El asesinato del periodista Hamilton Hernández, quien trabajaba para el programa Punto Rojo, del Canal 5 de la televisión, elevó a nueve la suma de profesionales del sector exterminados desde enero hasta hoy en Guatemala.

El comunicador, de 28 años de edad; y su esposa Ermelinda González, de 35 y maestra primaria, fueron ultimados a balazos la noche del sábado en el kilómetro cuatro de la ruta entre Coatepeque y Flores Costa Cuca, en el departamento occidental de Quetzaltenango.

La pareja fue atacada con armas de fuego mientras viajaba en su motocicleta, rumbo a la vivienda que compartían en la comunidad Nuevo Granados, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Las primeras investigaciones demostraron que el periodista salió cerca de las 22:30 horas del sábado de cubrir una noticia en el Hospital Regional de Coatepeque y al despedirse comentó a sus colegas que iría por su esposa.

Los cadáveres baleados fueron localizados la madrugada de este domingo por un grupo de vecinos, que pasaba por el lugar y alertó a las autoridades.

Tras indagar en el lugar del crimen, los agentes policiales dieron a conocer que las víctimas presentaban impactos de bala en la cabeza y carecían de sus pertenencias personales, por lo cual sugirieron el móvil del crimen fue el robo.

También informaron que en el sitio donde fueron localizados los cuerpos exánimes encontraron alrededor de siete casquillos.

Hamilton tenía siete años de laborar como periodista para el programa Punto Rojo, del canal 5, mientras que su esposa trabajaba en un establecimiento educativo de Flores Costa Cuca.

Familiares de las víctimas exigieron a las autoridades investigar este doble asesinato, que engrosó la lista de los profesionales de la comunicación exterminados en Guatemala.

Hasta la víspera datos de la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP) daban cuenta de la muerte violenta de ocho periodistas y comunicadores sociales, casi todos por labores asociadas a su profesión aunque en distintos espacios.

Esa dependencia estatal también recibió de enero a noviembre 85 denuncias por violencia, amenazas, acoso y otros delitos contra la libertad de expresión e integridad física de profesionales del sector.

Evidencian riesgos de ejercer el periodismo en Guatemala

Evidencian riesgos de ejercer el periodismo en Guatemala

El año 2015 estuvo marcado por continuas amenazas a los comunicadores y tres asesinatos enlutaron a un gremio cuya labor cada día choca con múltiples obstáculos y riesgos en Guatemala, convienen hoy informes de varias organizaciones.

Si bien el repaso de lo acontecido el año anterior muestra una disminución de los desafíos para el periodismo en este país centroamericano, los ataques contra los reportes aumentaron desde 2014 y cada vez son más frecuentes los intentos de desdibujar la imagen de los medios de prensa apegados a la veracidad.
El asesinato el 10 de marzo de 2015 de Danilo López y Federico Salazar, corresponsales de Prensa Libre y de Radio Nuevo Mundo, de manera respectiva, apenas constituye la punta de un iceberg que crece de manera progresiva en medio de la impunidad, a juicio de colegas.
Las muertes durante ese ataque, cometido en el departamento occidental de Suchitepéquez y en medio del cual también fue herido el periodista Marvin Túchez, forman parte de un listado de más de 20 crímenes contra profesionales del gremio que en su mayoría continúan sin esclarecer.
Según el Observatorio de los Periodistas, desde 2002 fueron asesinados 20 periodistas en Guatemala, tres de ellos en el 2015, año en el cual cerca de un centenar sufrió distintas agresiones.
La Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público reconoció en el período 108 casos de amenazas o agresiones, pese a lo cual apenas solo un asesinato tiene sentencia condenatoria y contra los autores materiales y no los intelectuales.
Tal es el caso de Jorge Mérida, corresponsal del periódico Prensa Libre en el occidental Quetzaltenango, quien fue asesinado a balazos el 10 de mayo de 2008.
Poco después otros dos corresponsales fueron víctimas de un ataque en medio de unos allanamientos de productos de contrabando en la Zona 3 de Xela, cabecera del también occidental departamento de Quetzaltenango, y todavía no fueron juzgados los sindicados de golpearlos, robarles el equipo y rociarlos de gasolina.
Frente a esa situación la Procuraduría de Derechos Humanos instó al Estado a crear una política de puertas abiertas en la administración pública y establecer las medidas necesarias para proteger a los periodistas en su labor.

Miguel Ángel Asturias, un merecido Premio Nobel

Miguel Ángel Asturias, un merecido Premio Nobel

Aunque el Premio Nobel suscitó controversia debido a su inmerecida premiación a ciertos personajes, aún hoy se celebra con satisfacción el otorgado al escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias.
Latinoamérica, en particular, se siente orgullosa por el premio otorgado hace 48 años al autor de Señor presidente (1946), Hombres de maíz (1949), y la trilogía épica Viento fuerte, El Papa Verde y Los ojos de los enterrados, por mencionar algunos.

Estas últimas novelas marcaron la carrera literaria y se abocaron a enfatizar el carácter del dictador latinoamericano, en la forma de sátira y de denuncia clara de los excesos del monopolio norteamericano de la fruta US United Fruit Company.
La revisión de la obra del Premio Nobel de Literatura el 19 de octubre de 1967, mientras fungía como embajador de Guatemala en Francia, confirma la exactitud de los argumentos utilizados para anunciarlo.
Asturias (1899-1974) fue el tercer latinoamericano y caribeño en recibirlo –luego de Gabriela Mistral (Chile, 1945) y Saint-John Perse (Guadalupe, 1960) –, y es uno de los novelistas de este continente que tuvieron un impacto en el desarrollo de la literatura mundial.
Al mismo tiempo, es considerado por los especialistas como el primero en demostrar la forma en que los estudios antropológicos y lingüísticos pueden influir en la narrativa.
A pesar de esto, durante muchos años la Academia Sueca le negó este reconocimiento debido a su supuesta filiación marxista y la naturaleza radical de sus declaraciones respecto a la carrera armamentista y la falta de compromiso de los involucrados en esta manifestación artística hacia sus pueblos.
“Pienso que es necesario difundir los problemas de nuestro país y la mejor manera es a través de la novela y la literatura”, dijo el periodista y diplomático guatemalteco, en el contexto de los tributos en torno al anuncio del Premio Nobel que se le otorgó.
Al mismo tiempo, insistió en que lo importante es que la gran fuerza de este premio, de aproximadamente 62,000 dólares, se dirija hacia un escritor de un país muy pequeño y no otro con un gran arsenal de bombas atómicas.
“Lo que también es importante es que el premio fue otorgado a un escritor que representa literatura comprometida, no la literatura libre”, dijo, cuando tenía aproximadamente 68 años.

Plan Cóndor Comunicacional en América Latina, denuncia Buen Abad

Plan Cóndor Comunicacional en América Latina, denuncia Buen Abad

Los medios de comunicación son armas de guerra ideológicas y han ido reposicionándose en América Latina donde está en marcha un Plan Cóndor Comunicacional, opinó el filósofo mexicano, Fernando Buen Abad.

En declaraciones al Diario Contexto, de Buenos Aires, el también semiólogo y escritor aseguró que como parte del megaproyecto de Estados Unidos hay bases militares y mediáticas en el continente, por lo cual la comunicación devino problema de seguridad regional.
Recordó que en este siglo ocurrieron cinco golpes de Estado en América Latina, donde el ariete fueron las estructuras monopólicas mediáticas, que probaron su capacidad de articulación, de manera más rápida y ubicua.
Con base en criterios de otros expertos destacó que las bases militares en América Latina hicieron metástasis y Estados Unidos ahora pretende expandir su anillo de seguridad por todo la zona para ampliar su proyecto de mercado.
La intención de mantener cautivos del mercado a los más de 500 millones de latinoamericanos es el eje del Plan Cóndor Comunicacional, que se suma al modo tradicional de controlar la resistencia mediante el desembarco de fuerzas militares, según sus palabras.
"El ariete, la punta de lanza de esto, son los medios. Se trata de empezar a acusar de dictadores a todos los que están ahí, convencer al mundo de que alguien tiene que hacer algo, y el día que eso pase todo, el mundo aplaudirá y dirá: Por fin ya quitaron a ese dictador", expresó.
"Esa formula es la que está apuntándole a Nicolás Maduro y que le apuntó a Hugo Chávez. Es la formula que le apunta a Evo Morales, a Daniel Ortega, a Rafael Correa, a Raúl Castro, a Dilma Rousseff y aCristina Fernández", añadió.
Durante la charla, que quedará en un libro sobre pensadores nuestroamericanos, aludió al papel de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y a su historia plena de pasajes espantosos en lo individual, así como por los medios a los que representa y los proyectos que tienen en mente.
Sin embargo, esa alianza de empresarios de medios es apenas un peón que hace cosas horrorosas que conforman sólo una parte de un megaproyecto. La SIP es una instancia bastante menor respecto al otro problema que es el megaproyecto global de dominación mediática, que si es un proyecto imperial, afirmó.
Mencionó las ventajas de las bases mediáticas implicadas en ese plan y en sus similitudes con una estrategia militar, como la velocidad y sincronicidad.
También hizo notar que hay matrices con una orientación "que pasan por el Grupo Random de Colombia, por CNN en Estados Unidos y que viene del Grupo Prisa, donde están los laboratorios de guerra ideológica y psicológica más poderosos del mundo".
"Hay una lucha territorial al mismo tiempo que hay una lucha semántica. A eso es a lo que denomino el Plan Cóndor Comunicacional, porque ahora las fuerzas de represión comunicacional tienen una capacidad de virulencia y coordinación muy rápida", definió Buen Abad.

ENTREVISTA COMPLETA EN CONTEXTO: http://www.diariocontexto.com.ar/2015/06/01/en-america-latina-hay-bases-militares-y-bases-mediaticas/

Solís exige renuncia de ministro de la Presidencia de Costa Rica

Solís exige renuncia de ministro de la Presidencia de Costa Rica

El presidente de Costa Rica, Luís Guillermo Solís, solicitó este 16 de abril la renuncia del Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez. Las funciones de Jiménez terminaron en esta administración, aseguró el jefe de Estado, quien recalcó que el cambio en el liderazgo del ministerio no alterará el rumbo de su administración.
En declaraciones a la prensa, Solís afirmó que "la estabilidad que hoy goza el país en lo social, los avances en lo económico" tienen mucho que ver con la labor del ahora ex ministro al frente de esa cartera.
La salida de Jiménez se da luego de la elaboración de un borrador de proyecto de Ley de Radio y Televisión que pretendía sancionar a medios de comunicación, una polémica iniciativa que lo hizo centro de varios cuestionamientos.
Solís anunció que el viernes próximo dará a conocer el nombre de quién la persona que ocupará la titularidad del Ministerio de la Presidencia.