Resurge controversia sobre la ley contra la violencia en Nicaragua

La controversia sobre la Ley integral contra la violencia hacia la mujer y de Reforma a la Ley 641 Código Penal, resurge en Nicaragua tras la oficialización de una propuesta legislativa tendente a reformarla.

Esa iniciativa, promovida por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contempla transformar el Artículo 46 de ese cuerpo jurídico e incluir la figura de la mediación para delitos menores, según el documento presentado la víspera a la secretaría de la Asamblea Nacional.
Según la magistrada Juana Méndez, en diálogo con la prensa en el contexto del XIII Encuentro Regional de Mujeres de Partidos Políticos del Parlamento Centroamericano, de ser aprobado ese proyecto la mediación solamente será tramitada cuando las dos partes estén de acuerdo y la última palabra la tendrá el Parlamento.
Además, en caso de que el acusado incumpla lo mediado, estará sujeto automáticamente a la persecución penal en su contra.
Méndez defendió la propuesta por cuanto considera necesaria la mediación en los delitos leves o menos graves para que la Ley 779 sea coherente con lo que establece el Código Procesal Penal en Nicaragua.
Desde ese ángulo la mediación aplicará ante la violencia física causante de lesiones leves, la psicológica si provoca daños a la integridad psíquica contemplada en el literal del Artículo 11, así como la patrimonial o económica, intimidación o amenaza contra la mujer.
También pudiera recurrirse a ella ante la sustracción de hijos e hijas, la violencia laboral o el ejercicio de la función pública sin denunciar actos de acoso sexual.
La Ley 779, aprobada en julio de 2012, establece que la mediación es improcedente en casos de delitos graves sancionados con penas de cinco a más años de prisión.
Para la Procuradora Especial de la Mujer, Débora Grandinson, esto debiera continuar así dado que la mujer negocia en desventaja y pudiera ponerse en riesgo su vida.
Estamos en una sociedad patriarcal, muy machista, y anteriormente no era permitido la mediación en el Código Penal, pero la misma presión que ejerce tanto la familia del hombre o la manipulación de los niños, conllevaron a que las mujeres lleguen a tomar la decisión de mediar, argumentó.
La mediación no es recomendable cuando la mujer vive un ciclo de violencia, ya que no está en iguales condiciones que el hombre, enfatizó, citada por la publicación El 19 Digital.
Grandinson manifestó su confianza en que los diputados revisen de manera exhaustiva, que miren las estadísticas y que se basen en toda la realidad que conocen para definir respecto a la propuesta de reforma presentada la víspera por la CSJ ante la secretaría del Poder Legislativo.
Por su parte las integrantes de la Red de Mujeres Contra la Violencia insisten en su negativa a la flexibilización de la Ley 779, por cuanto sólo en lo que va de año ocurrieron más de 60 femicidios en este país y a su juicio ninguna forma de violencia -matar, agredir, abusar- debe discutirse y si ser condenada de manera justa.
La enlace nacional de esa agrupación civil, Elia Palacios, aseguró a la prensa que "como red rechazamos esa resolución, porque pone en situación de riesgo a las mujeres".
"Estamos en desacuerdo con la reforma que se quiere hacer, en vista que se deja en indefensión jurídica a las mujeres de este país. La mediación fue la antesala para mujeres que hoy forman parte de las estadísticas de homicidio", afirmó la asesora del Movimiento María Elena Cuadra, Johana Arcia.
Para la activista social, la mediación pone en riesgo la vida de las mujeres porque más del 50 por ciento de 60 de las asesinadas este año eran víctimas de violencia de violencia antes de morir.
Desde que la Ley 779 entró en vigencia, en julio de 2012, fueron interpuestos en su contra varios recursos por inconstitucionalidad por prohibir la mediación.
La semana anterior la CSJ desestimó estos y ratificó la legitimidad de esa norma, más optó por impulsar la reforma de su Artículo 46, que establece que "No procederá la mediación en los delitos señalados en la presente Ley".