Fallo judicial confirma opresión contra indígenas en Guatemala

El fallo judicial favorable a los presos políticos del departamento noroccidental de Huehuetenango confirmó la opresión y sometimiento históricos de los pueblos indígenas en Guatemala, afirmó hoy el Consejo del Pueblo Maya (CPO).
La sentencia absolutoria de la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, Jazmín Barrios, ratificó la criminalización contra las autoridades comunitarias q´anjobales y mestizas defensoras del territorio aunque llegó después que estas pasaran 14 meses en prisión, tras ser perseguidas políticamente y detenidas de manera arbitraria, precisó.

Para el CPO, el proceso contra Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan y Mynor López, mostró el desconocimiento del funcionamiento del sistema de autoridades ancestrales en Guatemala, donde conviven 23 naciones autóctonas.

"La judicialización del ejercicio de los derechos fundamentales constituye la vigencia de la segregación jurídica, el racismo institucional y la aplicación de la doctrina penal del enemigo contra los pueblos indígenas", expresó y destacó que el fallo del viernes condenó el uso del sistema judicial a favor de la Hidro Santa Cruz, empresa de capital español, en detrimento de los derechos de q´anjobales y mestizos.

"Los falsos testimonios de los querellantes, la inconsistencia en sus acusaciones, demostraron que los delitos y acusaciones contra los líderes comunitarios fueron arbitrarias, debidamente montadas para criminalizar a los principales opositores a los proyectos hidroeléctricos autorizados sin consulta ni consentimiento de nuestros pueblos", subraya el comunicado del CPO.

Y añade que la imposición del modelo extractivista, lejos de impulsar el desarrollo, propicia la voracidad y criminalidad de las empresas al violentar la armonía comunitaria, provocar crisis y violencia, persecución de líderes comunitarios, cooptación del Estado y despojo.

El CPO pide investigar la existencia de una red criminal que opera desde los centros de administración de justicia en Huehuetenango e insta a resarcir a las víctimas de la criminalización por parte del Estado.

También reconoce el heroísmo y sacrificio de los liberados y remarca que, pese al alto costo de la injusticia cometida con ellos, con este proceso se dio un paso fundamental hacia la liberación de los pueblos indígenas en Guatemala.

Asimismo, asegura, "seguiremos luchando en defensa de nuestro territorio, en la construcción del Estado Plurinacional, el bien vivir y la profundización de la democracia, porque no somos criminales, somos defensores de la vida y el territorio".