De feminicidios y otras problemáticas de mujeres en Costa Rica

Costa Rica dejó de ser hace mucho el supuesto paraíso centroamericano y, en medio de este contexto, la situación en torno a las mujeres se complica cada vez más, de acuerdo con los últimos datos aportados por la Fuerza Pública.

  Durante los tres primeros meses de 2012, en ese país ocurrió un promedio diario de 222 denuncias de violencia doméstica para un total de 19 mil 975 emergencias atendidas por estos hechos, lo que supera en cinco mil 195 los casos reportados en el primer trimestre del año anterior.
Según el Departamento de Inteligencia Policial del Ministerio de Seguridad Pública, sólo en la Semana Santa los agentes policiales atendieron dos mil 700 hechos de violencia intrafamiliar (cerca de 385 diarias).
Las infracciones constantes de la Ley de Violencia Doméstica y Penalización de la Violencia contra las Mujeres implicaron, a su vez, más de mil 920 detenciones de un total de 16 mil 78 practicadas entre enero y febrero, lo cual equivale al 12 por ciento.
Datos acopiados por los agentes policiales sugieren que las causas de las agresiones son diversas y van desde una situación de presunta infidelidad, una disputa por dinero o por alcoholismo, hasta discusiones deportivas, informó el diario La Nación.
Para el director de la Fuerza Pública, Juan José Andrade, lo más lamentable en estos casos es la gran cantidad de recursos empleados en atender estas situaciones, que podrían estar dedicados a otra serie de labores preventivas.
Sin embargo, para organizaciones feministas y defensores de los derechos humanos, la cuestión más preocupante es el ascenso del nivel de criminalidad en el territorio costarricense y la manera en que ello incide en el mal llamado sexo débil.
En Costa Rica, los crímenes violentos contra mujeres ascendieron a 62 en 2011 y para el Poder Judicial, apenas 40 de ellos fueron feminicidios o asesinatos bajo la lógica de género.
Esta clasificación atendió a que 12 víctimas mantenían una relación matrimonial o consensual con el agresor y otras 28 compartían el mismo domicilio o tenían un vínculo cercano de noviazgo o amistad con el homicida.
La Fuerza Pública admite que uno de cada cuatro casos atendidos es por violencia intrafamiliar, por lo cual aboga por la acción coordinada de varios entes del Estado y de la sociedad civil.
Pero pese a la lucha desplegada por los grupos empeñados en cambiar el panorama en torno a los derechos de la mujer en Costa Rica, queda mucho por hacer para resolver tal problemática y otras tan esenciales como la cuestión del aborto y de la maternidad asistida.
De hecho, casi al concluir el mes de abril de 2012, la Sala Constitucional avaló la transmisión de una campaña radial contra la Fertilización in Vitro, conformada por mensajes comunicativos contra el derecho de las mujeres a concebir de manera artificial.
La sentencia 5178 de la Sala IV condenó al Estado confesional costarricense al pago de los daños provocados a la emisora de la Iglesia Católica, Radio Fides, al interrumpir la transmisión del paquete Mi vida no se negocia, reportó Radio Reloj.
Las cuestionadas cuñas o espacios pagados al respecto fueron sacadas del aire el año pasado por orden de la Oficina de Control y Propaganda del Ministerio de Gobernación, en respuesta a las denuncias de defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones civiles.
Mas, con la resolución de la Sala IV, los 14 mensajes publicitarios que criminalizan la Fertilización in Vitro volverán a escucharse a través de la frecuencia 93.1 FM, sin considerar las críticas de quienes consideran inadecuado también usar la voz de una niña para estos temas.
Radio Fides defiende con estos espacios la vida humana desde el inicio de su evolución -en el óvulo materno- y denuncia lo que califica de manipulación ideológica de los interesados en vender el método contemporánea de concepción por vías artificiales.
La Fecundación in Vitro, solución científica reconocida por su valor para contrarrestar la infertilidad humana y darle a la mujer la posibilidad soñada de tener un hijo, es criticada por el catolicismo bajo el supuesto de que atenta contra lo preconcebido por Dios y mata seres humanos.
Costa Rica es uno de los pocos en América Latina que mantiene el carácter confesional del Estado, porque según el artículo 75 de su Constitución Política, adoptó de manera oficial la religión católica en detrimento de las otras.
Ello incide en que la Fertilización in Vitro siga prohibida en el territorio y por ello el Estado enfrenta una denuncia de agrupaciones feministas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La legislación vigente posibilitó a la emisora radial esgrimir, incluso, que la Oficina de Censura quiso hostigarla en su ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad religiosa de los católicos a hacer escuchar su voz.
Con antelación, Radio Fides transmitió la campaña Católicos defendamos la vida, integrada por tres cuñas con una duración de un minuto cada una, que se pasaban cada 30 minutos en la programación de la radioemisora.
Para la Iglesia Católica, estos mensajes hicieron eco del contenido de legalidad que establece el ordenamiento jurídico desde la Constitución Política hasta el Código de la Niñez y Adolescencia.
El aborto inseguro es un problema pendiente en Centroamérica, donde coinciden tres de los seis países que, en el mundo, criminalizan las interrupciones y establecen cárcel para los proveedores del servicio y las mujeres.
La clandestinidad que rodea a esta práctica redunda en la inexactitud de los datos acerca de las muertes provocadas por la restricción legal frente a una cuestión medular si de derechos humanos se habla.
Pero luchadoras por la reivindicación del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo concuerdan en que la impedimenta contra el aborto inducido -incluso en casos de violación, de malformaciones, o de riesgo para la vida de las grávidas-, provoca miles de decesos por doquier.
El aborto terapéutico, por necesidades médicas o en caso de violación, era legal en estos países desde finales de la centuria decimonónica, mas la intención de sumar votos y crear alianzas llevó a la eliminación de este derecho en medio de contextos electores, en la última década del siglo XX.
Leyes aprobadas en contubernio con las jerarquías católicas, en sociedades marcadas por el apego a esa religión, prohibieron las interrupciones de embarazos o las condicionaron a extremos.
Al mismo tiempo, reforzaron los prejuicios contra las decididas a apelar a esa solución frente a la pobreza, el desempleo o el temor al futuro, entre otros factores.
En Costa Rica, donde la tendencia al abuso de índole sexual contra mujeres creció de mil 311 a mil 357, de 2005 a 2008, organizaciones sociales demandan despenalizar el aborto en caso de violaciones.
El embarazo es un factor de riesgo para la vida y la salud física en tales circunstancias, por lo que estos casos deberían contemplarse en el aborto terapéutico, permitido en ese territorio desde 1928, opinan especialistas.
Denuncias de quienes velan por la situación de la infancia demuestran que el turismo sexual, la explotación de menores y la pornografía crecieron de modo paralelo al boom turístico en el país, promocionado como uno de los principales destinos ecológicos de América Latina.
La posibilidad de ganar dinero y mejorar su estatus alejan a miles de menores cada año de diversiones y emociones propias de su edad, sobre todo a las niñas, hundiéndoles en una adultez prematura e infernal, en la misma medida en que se recicla el desajustado desarrollo de la nación.
Aunque antes se vanagloriaba de su prosperidad económica, Costa Rica se asemeja cada vez más a sus vecinos por la creciente violencia e inseguridad, pero también por el aumento de la pobreza (21,6 por ciento) y de la indigencia que ya afecta 6,4 por ciento de sus habitantes.
El informe estatal, en 2011, confirmó que la desnutrición en ese territorio sigue debajo del cinco por ciento por el sostenimiento de medidas del llamado Estado de Bienestar, inauguradas hace más de medio siglo.
Estas estrategias, orientadas a garantizar servicios esenciales desde el Estado respecto a la salud, educación y otros, cada vez son más difíciles de aplicar en un país donde la tasa de desempleo superó el promedio histórico, ascendente a 7,7 por ciento, uno de los índices más altos de América Latina y el Caribe.