Ambientalistas rechazan en Nicaragua desacato de Colombia a CIJ

Organizaciones ambientalistas de Nicaragua rechazaron el desacato del Gobierno de Colombia a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) entorno a la controversia de límites con este país en el mar Caribe.

La declaración, firmada por representantes de esas agrupaciones y especialistas en Derecho Internacional, denuncia que desde ese fallo del 19 de noviembre de 2012 este país ha sido víctima de una campaña internacional de desprestigio y sucia de parte de la administración de Juan Manuel Santos, quien llegó a tildar a esta nación de expansionista y guerrerista.
Para los firmantes, esa actitud tiene como objetivo justificar "el abierto desacato, violando la Carta de las Naciones Unidas, que es la que establece el Estatuto de la CIJ".
El tribunal, con sede en La Haya, concedió a Colombia las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como un conjunto de cayos y bancos de arena, en tanto reconoció a la soberanía de Nicaragua sobre espacios marítimos y marcó nuevos límites entre ambos Estados, recuerdan.
De conformidad con el Derecho Internacional, añaden, este fallo es de ineludible cumplimiento y no admite recurso alguno más que los de revisión o interpretación ante el mismo tribunal.
Por ello, cuestionan los pronunciamientos del lunes 9 de septiembre del 2013 de Santos, quien esgrimió la supuesta inaplicabilidad de esa resolución y anunció una serie de acciones contra la misma y contra Nicaragua.
Advierten que esa posición, unida a la de los gobiernos de Costa Rica, Panamá y Jamaica, sólo amenaza la paz y estabilidad en la región.
La declaración, rubricada por la Asociación Centroamericana de Derecho Internacional e Integración, el Foro Nacional de Reciclaje, SOS Ambiente, Fundación Amigos del Río San Juan, Club de Jóvenes Ambientalistas y otras, insta a Colombia a desactivar el aparato montado para enfrentar esa disposición de la CIJ.
También pide al Gobierno de Nicaragua seguir ejerciendo soberanía sobre los espacios marítimos recuperados y mantener el estatus de reserva de biosfera de Seaflower, para la conservación y manejo sostenible de los elementos naturales que permiten la integralidad ecológica del área recuperada.
El documento detalla la trayectoria del caso legal impulsado por este país desde el 6 de diciembre del 2001 con tal de recuperar los territorios usurpados a esta nación en ese espacio geográfico y la conformidad de su contraparte suramericana con aceptar lo que ese tribunal determinara al respecto.
Precisa que el proceso legal entorno a esa demanda por cuestiones marítimas y territoriales en el mar Caribe demoró 11 años en la CIJ, por lo cual se sucedieron distintos presidentes al frente de ambas naciones, pero todos comprometidos con aceptar lo que ese ente decidiera.