Germán Velásquez afirma: incongruencias en el accionar contra la desnutrición en Guatemala

El accionar del Ejecutivo está marcado por el desconocimiento de puntos de partidas claves para acabar con la desnutrición y por la improvisación, consideran hoy miembros del Frente Parlamentario Contra el Hambre, capítulo Guatemala.

Según el diputado Germán Velásquez, durante la primera reunión del equipo interinstitucional los representantes de las comisiones presidenciales vinculadas al tema insistieron en que el Gobierno de Jimmy Morales redujo la problemática en 4,73 puntos porcentuales mas ese dato carece de asideros en la realidad.

Asimismo anunciaron que trabajan en identificar las familias más urgidas de ser atendidas en cuatro departamentos de mayor prevalencia de la desnutrición crónica -Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango y Quiché- y que en abril comenzarán en Sololá, San Marcos y Totonicapán, explicó el parlamentario, en diálogo con Prensa Latina.

Velásquez, de formación Administrador de Empresas y exfuncionario de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia (2013-2015), hizo notar que desde 2013 se sabe quiénes requieren de ayuda para contrarrestar el proceso degenerativo por carencias calórico-proteicas, en buena medida por la intervención de los médicos cubanos en el territorio.

“De hecho, los médicos cubanos tenían más información que nosotros, porque ellos estaban permanentemente en las comunidades y tenían la conexión directa con las familias que están siendo abordadas con el tema.

Pero aunque se tenían estos datos validados por medio de ellos, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y el Gobierno insistieron en ir a rectificarlos y eso nos ocasiona un atraso, es comenzar de cero, y que las familias dejen de creer en este tipo de proyectos”, manifestó.

El legislador independiente, tras la desarticulación del Partido Patriota, lamentó que no se tuviera en cuenta la labor de los profesionales de la salud cubanos “a pesar que hicieron un buen trabajo y tienen mucho conocimiento del área, en especial en Huehuetenango”.

“Pedimos información para cotejarla con lo que teníamos en la Comisión de Salud del Congreso y obviamente el Ministerio de Salud y Asistencia Social (Mspas) ya tiene todos estos datos, el tema acá es que los responsables ahora están haciendo esfuerzos aislados”, remarcó.

Conforme con lo expresado por el congresista, una de las incongruencias en la estrategia encaminada a acabar con la desnutrición es lo que ocurre en torno a la refracción o merienda escolar desde el Ministerio de Educación (Mineduc).

Esta no llega a todas las niñas y niños necesitados de ese alimento al menos en el primer tiempo de comida, ni en el área urbana, ni en la periurbana, ni en la rural, y ello tiene que ver con que los directores departamentales del Mineduc desconocen cómo proceder y con las trabas burocráticas que frenan la incorporación de los padres al proyecto.

“Para que la refacción pueda llegar deben crearse las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), con la participación de los docentes. El problema es que estos no pueden sumarse porque no están validados como tal por el renglón 011, sino que aparecen como contratados por el 022”, especificó.

Mencionó que sólo en Quetzaltenango deben conformarse 1561 OPF y sólo llevan 560, “porque los directores departamentales desconoce la importancia de estructurarlas y de presupuestar la refracción escolar”.

“No hay refacción escolar al 100 por ciento. Se ha puesto muy burocrática esta situación y eso desespera a los padres de familia, que deben tener personería jurídica y firmar documentos de compromiso, mediante los cuales quedan sujetos por 20 años, para poder entregarles los fondos del Estado”, enfatizó.

Y recordó que sin los padres de familia no puede concretarse la entrega de la merienda, pues de acuerdo con la Ley Orgánica del Mineduc, ellos deben integrar esas estructuras para darle transparencia al proceso.

“Sabemos que allí tenemos el problema, le ponemos tanta burocracia, que obviamente los padres de familia nunca van a participar”, opinó.

A juicio del exgerente del Instituto de Fomento Municipal (Infom, 2013-2015), valdría la pena retomar la capacitación mensual a los gobernadores y la validación de datos en los departamentos, de conjunto con los representantes regionales de los 14 ministerios de Guatemala.

-OTROS DATOS Y PERSPECTIVAS

La VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (Ensmi, 2013-2014) reflejó que el 46,5 por ciento de las niñas y niños menores de cinco años padecían desnutrición en Guatemala y que la incidencia de la problemática era mayor en áreas rurales (53 puntos porcentuales).

El estudio mostró, además, que la desnutrición crónica también afectaba a 34,6 por ciento de los menores de cinco años de edad en zonas urbanas.

En su discurso inaugural como presidente, Jimmy Morales definió que acabar con el flagelo era una de sus prioridades y el 26 de febrero de 2016 fue publicado el acuerdo gubernativo que dio vida a la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica, cuya reunión primera redundó en la creación de subcomisiones para implementar la estrategia.

Poco más de un año después, los cuestionamientos persiguen al gobernante, y hasta una denuncia legal por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, ejecución extrajudicial, y tortura.

Peor todavía es la falta de credibilidad en su eficacia para resolver problemas fundamentales de la nación y las dudas respecto a datos manejados con tal de acallar las críticas a su gestión, entre los cuales está la supuesta reducción de la desnutrición aguda en 9,8 puntos porcentuales en apenas 11 meses.

El 16 de diciembre de 2016 el titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia (Sesan), German González, dio esa cifra y abundó que eran 12 mil 948 los menores de cinco años impactados, mil 414 menos que en 2015, cuando sumaban 14 mil 362.

Una nota publicada en el sitio www.sesan.gob.gt refiere que tales estadísticas salieron de informes del Sistema de Información Gerencial de Salud (Sigsa) y del Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsan).

“Estamos con una cifra positiva, pero que nos mantiene en alerta en algunos departamentos como, San Marcos, Huehuetenango y Sacatepéquez”, mencionó, aunque el último no aparece ahora entre los priorizados por el Frente Parlamentario Contra el Hambre.

También esgrimió que “la desnutrición aguda es una enfermedad de notificación obligatoria y que el Mspas es quien en primera instancia debe reportar”, además de ser “responsable de asegurar el tratamiento de niños localizados y educar a padres de familia para que completen el tratamiento del menor en el hogar”.

“En estos casos se realiza una visita al hogar, para sensibilizar a los padres, se hace una labor de convencimiento y si aun así existe renuencia de los padres se ejecuta una orden del juzgado competente para garantizar que el menor reciba la asistencia necesaria y sobre todo evitar su muerte”, advirtió.

Otro canal abierto para reducir el flagelo es el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Familiar (Paffec), asociado a la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, y respaldado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Durante la presentación del plan, el 17 de febrero de 2017, el comisionado Andrés Botrán planteó que abarcaría a cuatro departamentos e involucraría al Mspas, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a la Sesan y otros.

Expuso también que dentro del Paffec se impulsan siete intervenciones preventivas contra la desnutrición crónica en favor de unas 100 mil familias, que recibirán asistencia técnica para mejor la producción agrícola, la solución de sus necesidades alimentarias, la inserción en los mercados y su economía en el hogar. Todos estos proyectos marcharán paralelos al accionar del Frente Parlamentario Contra el Hambre, capítulo Guatemala, bajo la conducción del vicepresidente de la república Jafeth Cabrera, en el cual participan las entidades mencionadas y otras.

Mas por ahora Guatemala continua apareciendo a los ojos del mundo como una de las sociedades más desiguales y, por consiguiente, con mayores índices de exclusión social.

La ecuación es simple: más de la mitad de la población apenas sobrevive en la pobreza, otro grupo bastante amplio escapa por muy poco de ello mas no tanto como para conciliar el sueño sin sobresaltos, y una microfracción goza de lujos inimaginables, sin preocuparse por mañana.

Datos oficiales probatorios de esa realidad existen muchos y muy reveladores, aunque es harto conocido que las mediciones estadísticas de los Estados suelen estar muy lejos de reflejar el tamaño real de la desigualdad y esconden subregistros nada despreciables bajo distintas figuras.

Pero para los más exigentes, pudieran citarse los resultados de un estudio del Union Bank of Switzerland (UBS) y de la consultora Wealth-X, con sede en Singapur, según el cual 260 guatemaltecos acumulan 30 mil millones de dólares o 231 mil millones de quetzales.

Esa cantidad equivale al 56 por ciento de la economía anual del país más estable en ese orden en Centroamérica, y es justo la que el Estado recauda como promedio cada cuatro años.

Dicho de otro modo, 0,001 por ciento de los cerca de 16 millones de habitantes de Guatemala tienen más capital que el resto de una sociedad en la cual pululan niños vendedores, lustradores de zapatos, come fuego, malabaristas, o aprendices de mimo en los semáforos, por sólo citar algunos.

Una sociedad donde 70,2 por ciento de los menores de 10 años de edad viven en la pobreza y seis mil 54 de cero a cinco años murieron en 2015 por cuestiones médicas, casi siempre asociadas a la desnutrición, en el quinto país del mundo más afectado por ese flagelo, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.