Centroamérica entre el crecimiento y la deuda neoliberal

Centroamérica vivió momentos intensos en 2012, gran parte de ellos con la capital de Nicaragua como centro, debido que este país presidió de manera temporal el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

El gobierno de Daniel Ortega extendió a ese mecanismo la estrategia solidaria aplicada en su territorio y bajo sus auspicios cobraron forma planes regionales por la seguridad alimentaria y nutricional, contra la pobreza, de impulso al uso de energías renovables y otros.

Las reuniones efectuadas en el período redundaron en acuerdos para enfrentar esas problemáticas y en el reconocimiento a Nicaragua "por la forma eficiente, profesional y airosa" con que ejerció su presidencia.

Costa Rica continuará en la misma ruta para que crezca el SICA, prometió el canciller, Enrique Castillo, al recibir el mandato provisional del ente el 13 de diciembre, en la XL Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno.

Corresponde al Ejecutivo de ese país, encabezado por la presidenta Laura Chinchilla, proseguir ahora la estrategia para revertir las debilidades de una de las zonas más marcadas en el mundo por la vulnerabilidad ante el cambio climático, la pobreza y la criminalidad asociada al narcotráfico.

Puede servir de cimiento y acicate para avanzar en ello el legado nicaragüense, pero también los pasos dados en el orden económico y que merecieron el destaque de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Pese a la incertidumbre que persiste en el mundo y a los problemas arrastrados, Centroamérica registró cierta recuperación y esa dependencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) fijó su probable crecimiento en 4.2 por ciento para el cierre de 2012.

Esta tendencia puede continuar si se cumple lo acordado en la reunión del Sistema de la Integración Económica de Centroamérica, celebrada el 12 de diciembre, en Managua, entre lo que destacó la creación de una zona de libre comercio intrarregional para el intercambio de bienes.

La estabilización y consolidación progresivas del sistema bancario en el área, reconocidos por la agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings, constituyen otros hechos notables en este año.

De mantenerse eso la región alcanzará un balance sólido y niveles de liquidez amplios, así como crecimientos a tasas de dos dígitos, excepto en República Dominicana y en El Salvador, asegura la firma en su estudio Perspectivas 2013: Centroamérica y República Dominicana.

Fitch Ratings reconoció a Panamá por poseer el sistema bancario más fortalecido y a Nicaragua, por su elevada cartera de préstamos, en tanto pronosticó mejorías para todas las economías istmeñas.

Pasos adelante y reconocimientos en lo económico chocan contra una gran desigualdad social en Centroamérica, donde más de 17 millones de personas (3,3 millones de hogares) carecen de un empleo decente, educación y seguridad social, según el IV Estado de la Región 2008-2011.

Ni la administración de Ortega, reconocida por sus políticas macroeconómicas, programas sociales y de combate a la pobreza, pudo revertir esa herencia dejada por décadas de apego a la ideología neoliberal.

La continuidad del líder sandinista al frente de Nicaragua es otro hecho que marcó el panorama regional en 2012, porque demostró el apego mayoritario a su estrategia de restitución de derechos.

Pero mientras los nicaragüenses reconocieron en las urnas la eficacia de la gestión de Ortega del 2007-2011, la conflictividad social y el descrédito crecieron en torno al gobierno en la vecina Costa Rica.

Este año se inició en ese país con un ciclo sin precedentes de protestas contra la mandataria elegida en 2010, cuya gestión es evaluada de mala por 53 por ciento de sus conciudadanos, según la encuestadora Unimer.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos asegura que las 632 manifestaciones de este año batieron los récords históricos de acciones de presión como esas y por la diversidad de actores involucrados en ellas.

En buena medida ello respondió a que 75 por ciento de la ciudadanía considera corrupto al gabinete de Chinchilla, que sufrió una veintena de cambios, casi la mitad por acusaciones contra sus titulares por esa causa.

Del otrora paraíso centroamericano poco queda, si se considera que la Encuesta Nacional de Hogares mostró que más de un millón de personas quedaron reducidas a la pobreza, 335 mil a niveles extremos, de un total de cuatro millones 300 mil habitantes.

Más allá de esto, crecieron los cuestionamientos a Costa Rica en el entorno del SICA, debido a la negativa de Chinchilla a acudir a sus citas mientras Ortega la presidiera, supuestamente por las diferencias referidas a la controversia territorial entre los dos países.

Estas cobraron fuerza cuando Costa Rica presentó una demanda en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra su contraparte por la supuesta invasión a su espacio en áreas el mar Caribe.

En respuesta, el tribunal de la ONU dictó en marzo de 2011 que ninguno de los dos puede mantener fuerzas armadas, de seguridad pública u otros agentes en la zona implicada en la disputa, Harbour Head.

Luego Nicaragua recurrió a la CIJ por la probable contaminación de su río San Juan por Costa Rica, con la construcción de una carretera paralela al cauce, cuestionada por la corrupción alrededor de su ejecución, sus daños a la biodiversidad y otras anomalías.

Otra querella presentada por Nicaragua, debido a la controversia arrastrada con Colombia por los límites en aguas del mar Caribe, motivó el pronunciamiento en este año de los 15 jueces del ente con sede en La Haya.

Con la sentencia del 19 de noviembre Nicaragua recuperó las 200 millas náuticas que le pertenecían, es decir, más de 90 mil 300 kilómetros cuadrados de zona exclusiva y plataforma marítima en esas aguas.

Tanto ese país como Centroamérica recobraron con eso un espacio rico en bienes naturales, en el cual habitan más de 400 especies de peces, de corales, de esponjas, entre otros, y una reserva potencial de tres mil millones de barriles de petróleo, según el nicaragüense Centro Humboldt.

Desde 1992 la CIJ dirimió en otro caso que involucró a tres naciones centroamericanas: la controversia de fronteras entre Nicaragua, Honduras y El Salvador en el golfo de Fonseca, cuyos presidentes ratificaron este año su respeto a esa resolución, revisada en 2001.

Ortega, Porfirio Lobo y Mauricio Funes confirmaron con la declaración del 5 de diciembre su disposición a trabajar por consolidar a esa zona como una de paz, desarrollo sostenible y seguridad para el bien de sus pueblos.

Ese documento, firmado también en la capital nicaragüense, estableció crear una comisión trinacional para el tema y revalidó la negativa a recurrir a cualquier opción bélica para preservar la armonía en el área.

Igual reiteró el compromiso expresado en la Declaración de Managua (octubre de 2007), en la de El Salvador (marzo de 2012), y con el SICA.

Preocupación en ese mecanismo fueron las situaciones conflictivas en los países conducidos por Lobo y Funes, relativas a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y que en el caso de Honduras se extendieron hasta diciembre.

El enfrentamiento entre los poderes del Estado puso en riesgo a esos débiles sistemas democráticos y para especialistas de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, en El Salvador fueron un retroceso respecto a los Acuerdos de Paz de 1992.

Ambos países y Guatemala conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, considerado por la ONU como una de las zonas más violentas del planeta, por la incidencia del narcotráfico, de los aliados de los carteles mexicanos, la debilidad de las instituciones estatales y la corrupción.

Según un informe presentado por ese mecanismo multilateral en septiembre, Honduras sigue entre los más riesgosos del mundo en supuestas condiciones de paz, con 92 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En la zona este país es seguido por El Salvador (69), Guatemala (39), Nicaragua (12) y Costa Rica con 10,3, lo cual explica por qué la violencia continúa siendo uno de los mayores desafíos a enfrentar.