Gana terreno polarización por caso de exmilitares en Guatemala

La polarización social en torno al caso Creompaz, por el cual son juzgados 14 exjerarcas del Ejército de Guatemala en el contexto del conflicto armado (1960-1996), gana terreno hoy y hasta afloran algunas amenazas de emprender acciones.

Mientras familiares de los más de 245 mil muertos o desaparecidos en esos años, sobrevivientes víctimas y activistas sociales exigen justicia contra los acusados de desapariciones forzadas y de obrar contra los deberes humanos en Cobán, departamento de Alta Verapaz (centro), otros claman por la liberación de quienes consideran héroes.
La disparidad de opiniones con relación al tema, agudizada a partir de la aprehensión y reclusión preventiva de los encartados el 6 de enero, se hizo más evidente el viernes en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia.
Incluso en la sala donde se celebraba la primera audiencia declaratoria, la jueza Claudet Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo A, tuvo que llamar varias veces al orden por las exclamaciones, gritos y hasta aplausos ante la entrada de algunos de los acusados por personas que acudieron en su respaldo.
Pero sobre todo fuera del recinto judicial afloró la tensión ante las posiciones encontradas de quienes, con carteles y mantas, definieron una línea imaginaria a modo de símbolo de lo que provoca la oxigenación de las terribles masacres cometidas en el ámbito del conflicto interno.
"Si no fuera por ellos, Guatemala sería comunista", "Mi abuelo es un héroe, no un criminal", "soldado, siempre es soldado", decían algunas de las pancartas portadas por hijos, nietos, familiares, excolegas o amigos de los sindicados, en tanto de la otra parte prevaleció el llamado a aplicar justicia ya.
Durante un contacto con la prensa, el militar retirado Boris Lemos propuso derogar amnistías, la Ley de Reconciliación Nacional, y hasta echar por tierra los Acuerdos de Paz Firme y Duradera (1996) bajo la presunción de que algunos exguerrilleros rubricaron estos con identificaciones falsas.
Mientras, en varias regiones del país, en particular en Cobán, tenían lugar misas y otros servicios religiosos "para invocar la justicia divina", así como actos de respaldo a quienes el Ministerio Público imputa torturas, violaciones sexuales, matanzas y otros actos crueles y degradantes de 1981 a 1988.
Milicianos de Huehuetenango, departamento occidental, amenazaron con iniciar acciones si los exjerarcas militares son condenados y hasta adelantaron que podían avanzar en señal de protesta hasta la capital.
"No estamos amenazando, sólo estamos advirtiendo que si dan un fallo a favor de la Fiscalía, milicianos y chiantlas somos capaces de tomar los tribunales de Huehuetenango primero y luego marchar a la capital", declaró el excombatiente Idelfonso Núñez y dijo contar con unas 40 mil personas con iguales intenciones.
Para este sábado está programada una manifestación en el centro histórico de la capital, organizada por la Fundación Contra el Terrorismo, una de las organizaciones más radicales en cuanto a la defensa de la actuación de los miembros del Ejército en el ámbito del conflicto interno.