Capturas de exmilitares, regalo de Reyes Magos en Guatemala

Como regalo de Reyes Magos es vista, por muchas personas, la captura de 18 militares que disfrutaban retiro en Guatemala, pese a ser culpables de la desaparición forzada de 45 mil personas durante la guerra interna (1960-1996).

El Ministerio Público, dirigido por la fiscal Thelma Aldana, una vez más obró en aras de poner freno a la impunidad y con ello marcó un hito en la historia contra el genocidio en este país, el más marcado por la violencia y la corrupción, pero también el que padeció el conflicto más sangriento en Centroamérica.

 De los 18 exoficiales apresados este 6 de enero, durante un operativo militar sorpresivo en los departamentos de Guatemala (centro) y Alta Verapaz (centro-norte), 14 son señalados por participar en unas 18 masacres y otros cuatro por la desaparición forzada del adolescente Marco Antonio Molina Theissen.

 Pruebas acumuladas contra los implicados y sobre todo, los resultados de exhumaciones en la otrora Base Militar Coronel Antonio José de Irisarri de Cobán, Alta Verapaz, Zona Militar No. 21 (1979-2003), alentaron a ello.

La ministra puntualizó que algunas capturas fueron solicitadas por el Tribunal de Mayor Riesgo, con base en una sentencia de marzo de 2012 por la masacre conocida como Plan de Sánchez, perpetrada el 18 de julio de 1982 por el Ejército y que acabó con la vida de 256 personas.
De acuerdo con los datos ofrecidos por el MP, especialistas de la Asociación de Antropología Forense recuperaron partes de 559 cuerpos humanos enterrados en esa región, 97 de los cuales fueron identificados.
Exámenes practicados a esas osamentas reafirmaron que las víctimas fueron objeto de violencia extrema, pues sus restos tenían huellas de machetazos amordazamiento, impactos de balas, cadenas, sogas u otras señales de abusos.
Testigos de la época coinciden en que centenares de personas fueron secuestradas por miembros de la fuerza castrense en la antigua Zona Militar No. 21, donde crearon cementerios clandestinos, cometieron violaciones sexuales y perpetraron múltiples horrores contra mujeres, hombres y niños.
Varias de las víctimas más jóvenes fueron llevadas al centro donde ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz so pretexto de que iban a cumplir el servicio militar mas nunca volvió a vérseles, concuerdan sobrevivientes.
"Los casos que hemos documentado son contra población civil no combatiente, entre ellos niños", subrayó Aldana.
En tanto el titular de la Fiscalía de Derechos Humanos, Orlando López, acentuó que este proceso alcanza a los presidentes de entonces, todos militares.
De ello Fernando Romeo Lucas García (1978-1982) falleció, mientras José Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mejía (1983-1986) fueron declarados incompetentes mentales por entes judiciales.
Entre los detenidos a solo cinco días del inicio de un nuevo juicio especial por genocidio contra Ríos Montt, quien será representado por sus abogados en la audiencia debido a la senilitud y otros padecimientos asociados a su edad, está el exjefe del Estado Mayor del Ejército (1978-82), Manuel Benedicto Lucas García.
También fueron aprehendidos el exministro de Gobernación mayor Byron Humberto Barrientos y el exjefe de la Sección de Inteligencia de la zona Militar No. 21 Edgar Rolando Hernández, así como exoficiales de esa división.
Estos son Ismael Segura (72 años), Pablo R. Salcedo (68), César Augusto Ruiz (65), Gustavo Alonzo Rosales (72), Carlos Humberto Rodríguez (67), Edilberto Letona (78), Edgar Rolando Hernández (76); así como Juan Ovalle, José Antonio Vásquez, y Hugo Ramiro Zaldaña, cuya edad no fue precisada.
López destacó que casi todos ellos ocuparon puestos en el alto mando de la estructura militar en el tiempo de las matanzas en Guatemala, las cuales presuntamente se cometieron con su conocimiento y aval, y dio por sentado que "el caso se sigue investigando y no se descartan más capturas".
Según el Informe Guatemala: Memoria del Silencio, de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, las más de 245 mil personas civiles asesinadas o desaparecidas durante los 36 años de conflicto armado interno derivaron de estrategias contrainsurgentes desplegadas por el Ejército.