Lodos marca TCQ también caen sobre expresidente de Guatemala

Nuevos lodos cayeron esta semana sobre el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, en prisión preventiva por un caso de defraudación aduanera e implicados luego en otros procesos penales por corrupción.

Este otro alud de fango añadió imputaciones contra los exjerarcas estatales de lavado de dinero y está ligado a la concesión de un contrato anómalo a la Terminal de Contenedores Quetzal S.A. (TCQ), filial del consorcio español Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), que opera terminales de contenedores y servicios especializados de ingeniería y consultoría marítima para carga en puertos de España, México y Colombia.
La trasnacional inició operaciones en este país en 2012 tras negociar la concesión para modernizar los de Guatemala a partir de la ampliación del más importante: Puerto Quetzal, en el departamento sureño de Escuintla.
Para obtener ese contrato los empresarios españoles Ángel Pérez-Maura y Juan José Suárez, director general de TCQ, prometieron pagar 24,5 millones de dólares y es que el proyecto está valorado en 255 millones.
De ese total, 126,2 millones vendrían de préstamos con entidades internacionales, de los cuales el Banco Mundial (BM) aportó 61,2 millones a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC).
Los restantes 50,8 millones de dólares serían proporcionados por TCQ y accionistas, entre ellos el BM, que desde esa condición dio 7,6 millones de dólares más.
El acuerdo entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal fue negociado en 2012, a puerta cerrada, por el entonces presidente Pérez Molina y el exinterventor de la terminal portuaria Allan Marroquín.
En virtud de lo convenido, la concesionaria española recibió un terreno de 348 mil metros cuadrados en usufructo oneroso, por un plazo de 25 años prorrogables, para ejecutar las obras.
El acuerdo fue oficializado en marzo de 2013, pero en su contra fueron presentadas dos demandas de lesividad y ello llevó a que TCQ tuviera que esperar hasta noviembre de 2015 para iniciar operaciones.
Sin embargo, un retraso en el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria e investigaciones de la Contraloría General de Cuentas, dejaron en pausa las labores.
La disputa por lograr mayores utilidades económicas interfirió en la concreción del proyecto con TCQ, con el que toda la red obtendría lucro y blanquearía dinero de origen ilícito, develaron las autoridades este viernes.
Según el anuncio hecho por la fiscal general Thelma Aldana; el titular de Gobernación, Francisco Rivas, y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, Pérez Molina y Baldetti lideraron también la estructura paralela que operaba en los puertos.
La profundización en este caso se logró a partir de las evidencias recopiladas desde el 16 de abril de 2015, cuando fue desarticulada la estructura criminal La Línea y fueron detenidas 22 personas vinculadas a esta, luego de lo cual afloró que los exjerarcas del Partido Patriota eran los cabecillas de esa red de corrupción y la presión popular -además de la pérdida de apoyo de sus antiguos aliados- los obligó a renunciar.
Aldana explicó que las gestiones para el proyecto de Puerto Quetzal iniciaron desde noviembre de 2011 y que a raíz de eso se concretó el grupo criminal.
El exsecretario de Baldetti, Juan Carlos Monzón, aportó información sobre este y otros negocios del exbinomio presidencial como colaborador eficaz del Ministerio Público (MP), confirmó.
Mientras que Rivas precisó que a propósito de lo detectado giraron 20 órdenes de aprehensión y nueve capturas, en tanto otras cinco órdenes de aprehensión obran contra Pérez-Maura, de Alan Herber Marroquín, William Anthony Schwank, Guillermo Abraham Lozano, y el argentino Mauricio José Garín.
Las autoridades recabaron ayuda de la Policía Internacional (Interpol) para dar con esos sindicados porque están fuera de Guatemala.
Otro mencionado como parte de la red es el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Douglas René Charchal, quien supuestamente gestionó que TCQ no tuviera que pagar por una licencia de construcción, y por esa razón el MP solicitó un antejuicio en su contra para despojarlo de la inmunidad y que pueda ser investigado por un eventual tráfico de influencias.