Vivir, reto para los vecinos del Madre Vieja
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Hecho sabido es que las poblaciones asentadas en torno a importantes reservas naturales de agua u otros recursos en Guatemala sobreviven en constante sobresalto por la proclividad de ciertos sectores a hacer un uso insostenible de estos.
Uno de los casos paradigmáticos de la constante violación a los Derechos Humanos de acceso al agua, vida, salud y medio ambiente sano, cometida por el Estado y por la empresa privada en Guatemala es el de las familias vecinas del río Madre Vieja, en el municipio de Nueva Concepción, del departamento sureño de Escuintla.
La gravedad de estas violaciones está emparentada con la existencia de dos reglamentos emitidos por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y aprobados por el Ejecutivo: (1) Acuerdo Gubernativo No. 50-2015 del 4 de febrero del 2015 (Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales) y (2) el Acuerdo Ministerial No. 335-2016 del 10 de noviembre del 2016.
Ambos regulan lo relativo al tema del agua en el país, sin tener como base una ley respecto al asunto -como debió ser, desde el punto de vista jurídico-, lo cual propicia la impunidad y la corrupción en cuanto al uso y abuso del recurso hídrico.
En una denuncia formulada el 26 de septiembre de 2017, frente al desbordamiento de los ríos Madre Vieja y Coyolate, la plataforma civil Utz Che’ Comunitaria denunció que:
"-Las autoridades de los distintos gobiernos en Guatemala, sobre todo el del presidente Jimmy Morales, mostraron poca responsabilidad hacia estas comunidades y continúan esgrimiendo problemas financieros para no revertir la falta de acceso al agua, la contaminación; y la desatención a la salud, a la educación, a las malas condiciones de vida y otros que enfrentan.
-Consideramos que los mayores responsables de esta situación son (1) el Estado -por su acción negligente frente a los desvíos provocados a ambos ríos por finqueros y empresarios de la agroindustria, y por no adoptar medidas efectivas para mitigar las previsibles consecuencias negativas de estos abusos, para la población y para el medio ambiente-; y (2) las empresas con propiedades en la zona, que alteran los cauces para regar sus monocultivos en detrimento de la población y de la biodiversidad.
-El Estado es culpable de lo que ocurre, además, porque tampoco terminó de construir la borda en el Río Coyolate, sugerida para evitar las inundaciones. El conflicto de intereses de ciertas autoridades del Estado es la causa principal de la inacción estatal ante esta problemática. Por ejemplo: el diputado Hernán Morán, del partido Frente de Convergencia Nacional-Nación –que llevó a la Presidencia a Jimmy Morales, y uno de los investigados por el Ministerio Público por posibles actos de corrupción-, posee una finca arrendada en la desembocadura del río Madre Viaje, en San Francisco, y siempre se opuso a la construcción de la borda.
-La extracción de arena para generar pozos o norias, con tal de garantizar el riego constante a los monocultivos destinados a la exportación, y su acumulación en determinados puntos cercanos a los cauces provoca estas inundaciones.
-Vecinos del lugar aseguran que tanto el Madre Vieja como el Coyolate carecen de fuerza para arrastrar esa arena hacia la parte baja, por cuanto apenas logran sus niveles promedio históricos, debido al mal manejo de sus aguas por parte de quienes se sirven de ellas, sin considerar los perjuicios a las personas residentes en el área y a la biodiversidad".
Por todo esto, los integrantes de la organización civil y pobladores asociados del municipio Nueva Concepción exigieron al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA) una atención directa, así como medidas efectivas y permanentes, para garantizar la soberanía alimentaria y la supervivencia de las familias vecinas de los ríos Coyolate y Madre Vieja.
De igual modo instaron al Congreso a retomar el debate de los proyectos tendentes a legislar y normar lo relativo a la conservación, preservación y buen uso de los recursos hídricos y naturales en las cuencas de los ríos en Guatemala.
Para alcanzar ese propósito sugirieron, además, generar un espacio nacional de discusión institucional, social y popular con vistas a la aprobación de leyes que tomen en cuenta los intereses de la mayoría
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