La liberación de los presos políticos de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas, departamento noroccidental de Huehuetenango, es motivo de júbilo en Guatemala para quienes resultó muy injusto mantenerlos en prisión varios meses por defender sus comunidades.
Sin embargo, el proceso contra Domingo Baltazar, Rigoberto Juárez, Bernardo Ermitaño López, Arturo Pablo, Mynor López, Francisco Juan y Adalberto Villatoro dejó lecciones que deben ser consideradas en la lucha de los pueblos y también por el Estado.
Tales conclusiones se desprenden de los planteamientos de uno de los representantes del grupo de coordinación política del Consejo de los Pueblos Mayas de Occidente (CPO), Benito Morales, quien prestó servicios como abogado en este caso.
"El proceso penal contra estos defensores de los derechos humanos tuvo un carácter jurídico político, porque resultó de la persecución a estos hombres por su posición política e ideológica con relación a su territorio", definió durante una conversación con Prensa Latina.
Asimismo asoció las irregularidades en este caso a la existencia "de una infraestructura legal e institucional que responde a los intereses de quienes delinearon el Estado y lo dirigen hace siglos".
Esto se diseña desde las universidades, incluso desde la única estatal en Guatemala, la de San Carlos, y tiene un componente conceptual e ideológico, a su parecer.
Como resultado, son pocas las personas que responden de manera acrítica a ese marco ideológico y más en un país en el que prevalece un sistema político cooptado para garantizar que la producción legal también responda a intereses económicos, consideró.
De igual modo, apuntó, existe una infraestructura del estado de justicia favorable a eso y todo en su conjunto permite una estrategia de criminalización a partir de las empresas.
"En Guatemala no hay reparo ni pudor por parte de las empresas de hacer acusaciones paralelas e infundadas como las realizadas por la Hidro Santa Cruz en este caso", afirmó el jurista, originario del departamento noroccidental de Quiché.
También cuestionó las supuestas investigaciones e informes desarrollados por presuntos especialistas para respaldar esas imputaciones, como el presentado por la empresa de capital español bajo el título "Informe Estructura Criminal. Conflicto Social Huehuetenango Mayo 2014" a la Fiscalía.
"Lo más preocupante es que el Ministerio Público asuma ese tipo de documentos, los procese y oriente sus indagaciones a partir de ellos", lamentó, aunque manifestó mayor alarma porque "cuando la criminalización sube de tono, el Estado actúa y termina decretando estados de sitio o excepción, con todo lo que eso conlleva para los pueblos".
"Una de las cosas más graves en este país es que la institucionalidad del sistema de justicia continúa rigiéndose por las empresas y desde allí se suman otros vicios de carácter procesal", expresó el entrevistado. Abundó que estos se materializan "a través del litigio malicioso, la postergación de las investigaciones, la violación del plazo razonable, la estigmatización de las autoridades comunitarias y por consiguiente, la discusión de casos prácticamente montados".
"En todos estos casos se impone la sindicación por delitos graves, que aseguren la prisión de las personas y todo ello va contra normas elementales del derecho penal", aseveró.
Respecto a esa situación puso como ejemplo la discusión suscitada en torno al caso de los siete de Huehuetenango acerca del presunto plagio o secuestro, por oposición a lo que pudo tratarse como una detención ilegal.
El plagio es una detención ilegal agravada, con elementos similares, y de acuerdo con la doctrina jurídica cuando hay dudas razonables para acusar a la persona por uno u otro debe hacerse por el delito menor, explicó el especialista.
Pero a su vez hizo notar que con su resolución condenatoria en este caso, "la jueza Jazmín Barrios demostró valentía, objetividad y responsabilidad. Esas actitudes hace de ella una persona íntegra y por tanto, respetable, porque cumple con lo que le toca hacer".
La sentencia del 22 de julio de 2016 "abre un camino de esperanza, pero dependerá de los pueblos y de las organizaciones que ese camino sea en verdad esperanzador", a juicio de Morales.
"Este sistema represivo nos ha dividido mucho y por ello esto es histórico y deviene una oportunidad para fortalecer la articulación política, pero claro, ello depende mucho de la capacidad de las autoridades comunitarias, de las organizaciones, para acelerar ese proceso y generar un cambio sustancial", argumentó.
Sin embargo, el representante del CPO advirtió que en este caso falta que los tribunales se atrevan a reconocer la necesidad de resarcimiento digno a las víctimas, porque este aspecto sólo está pensando con relación a las golpeadas por un delito pero nunca para quienes fueron dañadas por el propio Estado.
"La puerta está más configurada en ese orden con el Derecho Internacional Público, el cual reconoce que ante detenciones arbitrarias se debe ser resarcido por parte del Estado", puntualizó.
Y agregó que "la sentencia también debió referirse a iniciar proceso penales contra casi todos los testigos que fueron a mentir ante el tribunal".
"El debate por primera vez mostró la existencia de una estructura criminal que abarca al sistema de justicia local y a las empresas, por lo cual esa resolución igual debió sentar las pautas para iniciar una investigación por asociación ilícita en esos círculos en Huehuetenango", sugirió.
Claro, para Barrios puede haber resultado complicado llegar hasta allí porque los dos vocales que le acompañaron en este caso obraron muchas veces como contrarios contra sus posiciones, de acuerdo con Morales.
Según él, "la vocal Patricia Bustamente presidió antes un tribunal de sentencia que absolvió a dos agentes de seguridad de la empresa querellante; mientras que el otro defendió la tesis de culpabilidad porque fue juez de Santa Eulalia y de ello no alertó al tribunal, con lo cual faltó a la ética profesional".
"La disputa entre los tres jueces del Tribunal de Mayor Riesgo A de Guatemala y los antecedentes de dos de sus miembros es lo que incidió en que la sentencia fuera aprobada de forma unánime, pero con varios detalles discutibles", remarcó el jurista guatemalteco.
En correspondencia, subrayó, "ahora corresponde apelar contra esos pequeños detalles, que deben ser esclarecidos para que los defensores de Huehuetenango queden limpios del todo ante el sistema judicial".
Asimismo toca revocar todos las demás órdenes de captura generadas en torno a estos hechos, los cuales el tribunal de sentencia declaró no constitutivos de delitos.
De cualquier modo, esto poco o nada borrará el costo social de un proceso penal que afectó a varias familias en el orden económico de manera significativa, que dejó atemorizadas a las comunidades y contribuyó al debilitamiento del proceso de organización comunitaria, concluyó.
