Militarización y militarismo

Cada día atacan a un defensor de los derechos humanos en Guatemala

Cada día un defensor de los derechos humanos como promedio enfrenta una agresión de cualquier tipo en Guatemala e incluso algunos mueren de manera violenta en un contexto adverso para esa labor, coinciden varios actores sociales. Organizaciones civiles, activistas, diputados, delegados de la cooperación internacional e incluso autoridades de gobierno, concuerdan en la urgencia de frenar esta problemática que según datos aportados motivó cuatro mil 485 denuncias del 2000 al 2015.
De acuerdo con la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), 49 por ciento de las quejas corresponden al período de Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) y los principales afectados fueron indígenas, ambientalistas; y defensores de los derechos humanos, de la verdad y de la memoria histórica.
Pero más ilustrativo resulta que 43 por ciento de los perjudicados fuesen defensores del territorio y sobre todo de la Franja Transversal del Norte, donde confluyen los bienes naturales más valiosos de Guatemala y por ende, buena parte de los proyectos extractivos y megaproyectos con capital internacional y nacional.
Para la presidenta de la Fundación Myrna Mack, Helen Mack, lo más lamentable es que dos décadas después de firmados los Acuerdos de Paz Firme y Duradera tenga que hablarse de lo mismo que fue visualizado en el ámbito del proceso que llevó al pacto que dio por terminado el conflicto armado interno.
"Esto está vinculado a problemas estructurales que nunca quisieron cambiar", afirmó y denunció el discurso de odio, con sesgo racista, que subyace en esos casos.
Mientras que el abogado del Bufete de Derechos Humanos Edgar Pérez destacó que toda agresión a un defensor es un ataque a un colectivo y mencionó los patrones sistemáticos de criminalización contra estos, así como la doctrina jurídica a partir de la cual el Estado reprime y coloca fuera de derechos a los activistas.
La desconfianza entre los sectores derivó de los enfrentamientos en 36 años de guerra, de la participación de todos los militares en ella, de la instalación de una democracia restringida y secuestrada, y de la gestación del crimen organizado desde el Estado contrainsurgente, opinó el titular de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Víctor Hugo Godoy.
Por otra parte, añadió, está la emergencia de los pueblos indígenas que nunca fue internalizada por los funcionarios en la política tradicional y entre esos indígenas están casi todos los defensores que luchan por el territorio.
Estos y otros pronunciamientos, durante un conversatorio auspiciado por Oxfam Guatemala, marcaron el inicio de una campaña en favor de los defensores de derechos humanos y de la lucha contra la impunidad, en tanto pudieran tributar al esfuerzo de crear una política pública de protección en ese orden en Guatemala.

Guatemala defiende la paz con Belice aunque suspicaz ante sus movimientos

El ministro de la Defensa de Guatemala, Williams Mansilla, insistió hoy en que este país seguirá apelando al diálogo para garantizar la paz en su frontera pero sugirió que estará atento a los movimientos del vecino Belice.
“Somos un Ejército de paz, firmamos la paz y estamos exportando la paz”, declaró en conferencia de prensa y destacó que eso es una muestra de qué calidad de Ejército tiene en estos tiempos este país centroamericano.
Mansilla precisó que el viernes no se realizó una movilización, "sino un movimiento de las tropas permanentes de Izabal y Petén”, en el norte de Guatemala.
“Lo que se hizo fue reforzar el área, es decir, si antes teníamos 500 hombres ahora son mil”, enfatizó.
Refirió que en su visita dialogó con el administrador de la Organización de Estados Americanos en la Zona de Adyacencia y le explicó que el Ejército de Guatemala no estaba en ninguna labor de intimidación, o de escalar una situación.
Descartó movimientos de tropas beliceñas en esa parte, pero ante una interrogante de Prensa Latina recordó que el 21 de abril las Fuerzas de Defensa de Belice inauguraron un apostadero naval en la ribera del río Sarstún.
“Esa si fue una medida de no esperar el resultado de la Corte Internacional de Justicia”, remarcó y aseguró que por la parte guatemalteca “nosotros estamos esperando ese fallo y lo vamos a respetar”.
“Ellos tendrán sus motivos para establecer ese apostadero naval en la desembocadura del río Sarstún”, afirmó Mansilla.
A su vez subrayó que las fuerzas castrenses de este país están “en la misma actitud de premiar el diálogo, las buenas acciones y en el empeño de que estas controversias se resuelvan en otros planos”.
El embajador en Belmopán, Manuel Estuardo Roldán Barillas, comentó que las relaciones entre guatemaltecos y beliceños en la región limítrofe son buenas pero que muchas veces los medios de prensa del otro lado complican las cosas al reportar episodios que exacerban los ánimos.
Prueba de ello fueron las especulaciones alrededor de lo acontecido el miércoles en San José Las Flores, de Melchor de Mencos, Petén, que redundó en la muerte del niño Julio René Alvarado y en heridas graves a su padre y a su hermano menor.
Roldán Barillas desmintió el presunto vínculo de la familia afectada por el ataque de los militares beliceños con el guatemalteco José M. Antonio Reyes, capturado por estos por supuestos actos delictivos, y aún sin cargos.
Dos horas después de esa detención ellos reportaron que seguían las operaciones cuando presuntamente recibieron fuego y por eso respondieron al punto de impactar con ocho balas al niño fallecido, relató y calificó ese crimen de inaceptable.
Datos de la Cancillería refieren que desde 1991 a la fecha murieron en la Zona de Adyacencia 10 guatemaltecos atacados por fuego beliceño en medio del diferendo de fronteras que mantienen ambas naciones centroamericanos hace 150 años.

Bajo amenaza relaciones diplomáticas entre Guatemala y Belice

El vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera, sugirió hoy que tras los acontecimientos de los últimos días cabría valorar las relaciones con Belice por su evidente irrespeto a los acuerdos entre ambos países.
Para el funcionario, la orden del gobernante Jimmy Morales de desplegar militares en la frontera en respuesta al asesinato el miércoles del niño Julio René Alvarado por parte de militares beliceños fue correcta, y no es una señal de provocación, "algo que sí está haciendo el país vecino".
"Estamos en una etapa preventiva. No hay provocación como lo está haciendo Belice con Guatemala", declaró Cabrera, quien lamentó que un adolescente, su hermano y su padre fueran atacados cuando sembraban en un terreno aledaño al área en disputa en torno al río Sarstún.
Frente a lo ocurrido en el poblado de San José Las Flores, de Melchor de Mencos, en el departamento norteño de Petén, Morales llamó a consultas a su embajador en Belmopán y ordenó aumentar de 400 a tres mil los efectivos militares en la región.
"Esta es una medida de prevención, no es una declaración de guerra", expresó el titular de la Defensa, Williams Mansilla, el cual viajó a la zona este viernes para evaluar la situación.
"Nosotros, el Ejército de Guatemala, no estamos por escalar el conflicto, no estamos siendo beligerantes, solo estamos reforzando la presencia en el área para evitar nuevos sucesos", afirmó.
Morales explicó el jueves que el niño de 13 años de edad murió por ocho impactos de bala disparados por un efectivo de la Fuerza de Defensa de Belice, después de la instalación de una base de operaciones militares de ese país en el área.
Sin embargo, el Gobierno de Belice informó en un comunicado oficial que sus hombres solo respondieron al fuego desatado contra ellos y que uno de estos murió a raíz de los acontecimientos.
Guatemala refutó esa versión y detalló que fue un rifle M4 de uso exclusivo militar el que propinó al infante cuatro balazos por la espalda, uno debajo de una axila, otro en el cuello y dos debajo de esa parte.
"Los hechos hablan por sí solos y no pueden ocultarse", expresó la Cancillería, cuyo titular Carlos Raúl Morales aseguró que hechos como estos nunca serán perdonados y recordó la muerte de al menos 10 guatemaltecos por cuenta de ataques y del fuego beliceño en la zona de conflicto desde 1991.
En tanto, la Organización de Estados Americanos anunció que investigará lo acaecido, mas pidió a los dos gobiernos "evitar una escalada de las tensiones, y a redoblar los esfuerzos para instaurar una paz duradera en la zona de adyacencia".
"Este incidente refuerza la necesidad de que se observen las medidas de confianza mutua en vigencia, con el fin de prevenir futuros enfrentamientos o situaciones que puedan poner en riesgo la paz y la estabilidad en la Zona de Adyacencia, así como en el área del río Sarstún", señaló el mecanismo regional.

Suerte de un violador y más en el universo militar en Guatemala

Los prejuicios de una sociedad marcada por el patriarcalismo y la determinación de las autoridades del Ministerio de Defensa favorecen a un soldado violador en Guatemala, que sigue libre pese a las denuncias en su contra.

De acuerdo con la abogada, Paula Barrios, la institución querellante en el caso carece de información acerca de cuándo se podría ejecutar la orden de captura emitida por el Ministerio Público (MP) contra el trabajador del Instituto Adolfo V. Hall del departamento suroccidental de Retalhuleu, por la violación sexual de una estudiante del centro.
El Juzgado de Primera Instancia Penal de esa demarcación continúa sin firmar la orden de aprehensión, mientras el acusado sigue sin ser localizado, según la coordinadora general de Mujeres Transformando el Mundo.
Mientras, los jerarcas del Ejército dicen desconocer el paradero del acusado y esgrimen que ya ordenaron al traslado de todo el personal, incluso del director.
Por otra parte, la vocera del MP, Julia Barrera, niega dar más información a la prensa al respecto so pretexto de que ello podría entorpecer la investigación alrededor del caso.
¿Cuándo será ejecutada la orden de aprehensión? Es la pregunta que se impone y no encuentra respuesta en ninguno de los encargados, en tanto crecen los recelos acerca del giro que puedan tener los acontecimientos.
Estos ganaron espacio a partir de los pronunciamientos del titular de la Defensa, general Williams Mansilla, quien trató de minimizar el delito cometido por el soldado bajo el presunto argumento de que la víctima y el victimario tenían una relación sentimental hacía algún tiempo.
De hecho, la principal medida que tomó esa cartera después de la denuncia del 1 de marzo fue sacar a todas las alumnas del internado y obligarlas a buscar una vivienda afuera.
El vocero del Ejército de Guatemala, coronel Hugo Rodríguez, explicó que las mujeres deberán buscar una casa de pensionistas para poder continuar con sus estudios.
"Nuestra idiosincrasia no nos da para tener esa relación a una edad de 17 años", afirmó Mansilla, en alusión a la convivencia diaria de estudiantes de los dos sexos en el centro.
Acorde con la denuncia que destapó la Caja de Pandora, una joven de 15 años fue drogada y violada en el Instituto Adolfo V. Hall mientras se encontraba retenida por una sanción dentro del lugar.
En esa casa de estudios, con 330 alumnos de los cuales 35 son mujeres, el personal que labora depende directamente del Ministerio de la Defensa.
La mitad del presupuesto que mantiene la institución viene de esa cartera de Gobierno y la otra del Ministerio de Educación, además de las cuotas que pagan los padres de familia, más las mujeres en el centro solo pueden estudiar para Périto Agrónomo o para ser Subteniente de Reserva en la Armada de Infantería.

Frenan intento de amnistía para crímenes de guerra en Guatemala

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala rechazó hoy suspender el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, para amnistiar crímenes de guerra, como solicitó el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Sosa.

Si bien la acción de inconstitucionalidad fue admitida para su trámite y sigue su curso, se denegó la solicitud de suspender de manera provisional la aplicación de ese cuerpo jurídico como sugirió el demandante, explicó la magistrada Gloria Porras.
"La extinción de responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio y desaparición forzada", define el acápite de la norma legal aprobada en 1996, al término de la guerra interna que azotó al país por más de tres décadas.
Tampoco se eximirá de ser juzgados a quienes hayan incurridos o incurran en aquellos "delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala", añade.
La controversia rodeó al general Sosa tras interponer su solicitud de inconstitucionalidad en el contexto de la detención de 18 exmilitares acusados de delitos contra los deberes de la humanidad y por desaparición forzada de personas en el contexto del conflicto armado (1960-1996).
Frente a los elementos de prueba presentados por la Fiscalía de Derechos Humanos, y luego del debido proceso, tendrán que ir a juicio 11 de los vinculados a la matanza y enterramiento clandestino de al menos 558 personas en el centro militar de Cobán, en el departamento norteño de Alta Verapaz.
Mientras prevalecen las posiciones encontradas con relación al conocido como Caso Creompaz, considerado por algunos un ajuste de cuentas a los exmilitares, en tanto otros señalados por similares actos en el ámbito de la confrontación armada continúan en la impunidad.
"El tema no es que los implicados sean militares, sino que cometieron genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, de lo que se trata a fin de cuentas es de impartir justicia", expresó en diálogo con Prensa Latina, el diputado Amílcar Pop.
También la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, opinó que la decisión de llevar a juicio a los sindicados representa un paso importante en la impartición de justicia en el país centroamericano, por los atropellos perpetrados durante la guerra.
"Por primera vez se identifica a una cadena completa de mando implicada en desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad, desde los presuntos ejecutores hasta los instigadores de los abusos", destacó y aludió a la aparición en Cobán de restos de personas con ojos vendados y señales de torturas, entre ellos 90 niños.

 

Capturas de exmilitares, regalo de Reyes Magos en Guatemala

Como regalo de Reyes Magos es vista, por muchas personas, la captura de 18 militares que disfrutaban retiro en Guatemala, pese a ser culpables de la desaparición forzada de 45 mil personas durante la guerra interna (1960-1996).

El Ministerio Público, dirigido por la fiscal Thelma Aldana, una vez más obró en aras de poner freno a la impunidad y con ello marcó un hito en la historia contra el genocidio en este país, el más marcado por la violencia y la corrupción, pero también el que padeció el conflicto más sangriento en Centroamérica.

 De los 18 exoficiales apresados este 6 de enero, durante un operativo militar sorpresivo en los departamentos de Guatemala (centro) y Alta Verapaz (centro-norte), 14 son señalados por participar en unas 18 masacres y otros cuatro por la desaparición forzada del adolescente Marco Antonio Molina Theissen.

 Pruebas acumuladas contra los implicados y sobre todo, los resultados de exhumaciones en la otrora Base Militar Coronel Antonio José de Irisarri de Cobán, Alta Verapaz, Zona Militar No. 21 (1979-2003), alentaron a ello.

La ministra puntualizó que algunas capturas fueron solicitadas por el Tribunal de Mayor Riesgo, con base en una sentencia de marzo de 2012 por la masacre conocida como Plan de Sánchez, perpetrada el 18 de julio de 1982 por el Ejército y que acabó con la vida de 256 personas.
De acuerdo con los datos ofrecidos por el MP, especialistas de la Asociación de Antropología Forense recuperaron partes de 559 cuerpos humanos enterrados en esa región, 97 de los cuales fueron identificados.
Exámenes practicados a esas osamentas reafirmaron que las víctimas fueron objeto de violencia extrema, pues sus restos tenían huellas de machetazos amordazamiento, impactos de balas, cadenas, sogas u otras señales de abusos.
Testigos de la época coinciden en que centenares de personas fueron secuestradas por miembros de la fuerza castrense en la antigua Zona Militar No. 21, donde crearon cementerios clandestinos, cometieron violaciones sexuales y perpetraron múltiples horrores contra mujeres, hombres y niños.
Varias de las víctimas más jóvenes fueron llevadas al centro donde ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz so pretexto de que iban a cumplir el servicio militar mas nunca volvió a vérseles, concuerdan sobrevivientes.
"Los casos que hemos documentado son contra población civil no combatiente, entre ellos niños", subrayó Aldana.
En tanto el titular de la Fiscalía de Derechos Humanos, Orlando López, acentuó que este proceso alcanza a los presidentes de entonces, todos militares.
De ello Fernando Romeo Lucas García (1978-1982) falleció, mientras José Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mejía (1983-1986) fueron declarados incompetentes mentales por entes judiciales.
Entre los detenidos a solo cinco días del inicio de un nuevo juicio especial por genocidio contra Ríos Montt, quien será representado por sus abogados en la audiencia debido a la senilitud y otros padecimientos asociados a su edad, está el exjefe del Estado Mayor del Ejército (1978-82), Manuel Benedicto Lucas García.
También fueron aprehendidos el exministro de Gobernación mayor Byron Humberto Barrientos y el exjefe de la Sección de Inteligencia de la zona Militar No. 21 Edgar Rolando Hernández, así como exoficiales de esa división.
Estos son Ismael Segura (72 años), Pablo R. Salcedo (68), César Augusto Ruiz (65), Gustavo Alonzo Rosales (72), Carlos Humberto Rodríguez (67), Edilberto Letona (78), Edgar Rolando Hernández (76); así como Juan Ovalle, José Antonio Vásquez, y Hugo Ramiro Zaldaña, cuya edad no fue precisada.
López destacó que casi todos ellos ocuparon puestos en el alto mando de la estructura militar en el tiempo de las matanzas en Guatemala, las cuales presuntamente se cometieron con su conocimiento y aval, y dio por sentado que "el caso se sigue investigando y no se descartan más capturas".
Según el Informe Guatemala: Memoria del Silencio, de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, las más de 245 mil personas civiles asesinadas o desaparecidas durante los 36 años de conflicto armado interno derivaron de estrategias contrainsurgentes desplegadas por el Ejército.

Plaza de la Constitución recobra protagonismo en Guatemala

La Plaza de la Constitución, en la capital de Guatemala, recupera hoy su protagonismo en medio de la controversia por el proceso penal abierto contra 18 exjerarcas del Ejército en el contexto de la guerra interna (1966-1996).

Manifestantes de distintas organizaciones sociales, tendencias políticas, y hasta religiosas, regresan en masa al escenario fundamental de las protestas contra la corrupción y por la salida del expresidente Otto Pérez Molina durante el año 2015.
Si bien ese escenario nunca quedó en silencio, por la acción de algunos grupos civiles empeñados en denunciar las irregularidades del Gobierno de Alejandro Maldonado e impulsar un cambio en el sistema político, este sábado ganó preponderancia el accionar coordinado de la ciudadanía en el terreno.
La captura y procesamiento judicial de 18 exjerarcas del Ejército, por su implicación en 88 masacres cometidas de 1981 a 1988 y acusados por ello de desaparición forzada de personas, así como de delitos contra los deberes de la humanidad, es ahora el factor esencial que mueve al debate público en la plaza.
Por un lado, amplias masas exigen Justicia Ya y el fin de la impunidad; por otro, familiares, exmilitares, y ciertos empresarios, insisten en detener el juicio contra quienes consideran héroes y hasta hablan de derogar los Acuerdos de Paz Firme y Duradera que finiticaron el conflicto que azoló esta nación 36 años.
Mas un tercer grupo también tomó la Plaza de la Constitución el 9 de enero, pero para clamar porque en Guatemala "seamos uno, dios transformará a la Nación" y con ello alentar la estabilidad y la paz en el país.
Esta jornada de oración fue similar a la realizada el 16 de mayo del 2015, después que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala denunciaran la implicación de las autoridades del Gobierno en la estructura de defraudación aduanera La Línea.
En esta ocasión personas de distintas iglesias evangélicas rogaron para que dios ilumine el camino del presidente electo Jimmy Morales, quien tomarán posesión el 14 de enero, y adelantaron que continuarán esta y otras acciones y para que el salvador eterno guíe al nuevo gobierno.
Para la mayoría de la población lo más urgente es preservar la paz alcanzada tras una guerra que, según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999), convirtió a Guatemala en el país de América Latina con el mayor número de víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición.
Esto constituyó una práctica sistemática durante el conflicto interno y redundó en la pérdida de 45 mil personas, sumadas a la muerte de otras 200 mil, sobre todo campesinos, dirigentes sociales, estudiantes, catedráticos, dirigentes políticos, miembros de comunidades, religiosos, niñas y niños, refiere el documento.
Las secuelas de lo ocurrido en esos años, y el desconocimiento de la historia por parte de algunos, es lo que cobró vida este sábado en el parque central en medio de silbatos, tambores, pancartas, chiflidos, y hasta insultos de toda naturaleza entre uno y otro bando, mientras continúa en suspenso el futuro de una herida todavía por sanar.
"Esta polarización ha estado presente toda la vida, los buenos contra los malos, los ricos contra los pobres, los ignorantes contra los menos ignorantes, los ateos contra los religiosos y los capitalistas contra los comunistas", aseguró en ese ámbito el ciudadano José Francisco Villagrán.
Para el especialista en producción animal, el irreflexivo discurso ese de "si no fuera por ellos... pretende invisibilizar a todas esas víctimas civiles no combatientes que fueron tocadas por el dedo de dios (Ejército)".
"Muchos perdieron la vida, otros propiedades, otros ambas y aquella impunidad acunó la corrupción y la impunidad con que se juega el juego político hoy", opinó y aseguró que "al menos un par de esos generales en juicio han sido el poder tras el trono durante décadas y claro lo conveniente es que aceptemos la firma de la paz como un borrón y cuenta nueva. Esa paz ha sido una herida purulenta pues nunca se limpió para después cerrarla".

 

Gana terreno polarización por caso de exmilitares en Guatemala

La polarización social en torno al caso Creompaz, por el cual son juzgados 14 exjerarcas del Ejército de Guatemala en el contexto del conflicto armado (1960-1996), gana terreno hoy y hasta afloran algunas amenazas de emprender acciones.

Mientras familiares de los más de 245 mil muertos o desaparecidos en esos años, sobrevivientes víctimas y activistas sociales exigen justicia contra los acusados de desapariciones forzadas y de obrar contra los deberes humanos en Cobán, departamento de Alta Verapaz (centro), otros claman por la liberación de quienes consideran héroes.
La disparidad de opiniones con relación al tema, agudizada a partir de la aprehensión y reclusión preventiva de los encartados el 6 de enero, se hizo más evidente el viernes en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia.
Incluso en la sala donde se celebraba la primera audiencia declaratoria, la jueza Claudet Domínguez, del Juzgado de Mayor Riesgo A, tuvo que llamar varias veces al orden por las exclamaciones, gritos y hasta aplausos ante la entrada de algunos de los acusados por personas que acudieron en su respaldo.
Pero sobre todo fuera del recinto judicial afloró la tensión ante las posiciones encontradas de quienes, con carteles y mantas, definieron una línea imaginaria a modo de símbolo de lo que provoca la oxigenación de las terribles masacres cometidas en el ámbito del conflicto interno.
"Si no fuera por ellos, Guatemala sería comunista", "Mi abuelo es un héroe, no un criminal", "soldado, siempre es soldado", decían algunas de las pancartas portadas por hijos, nietos, familiares, excolegas o amigos de los sindicados, en tanto de la otra parte prevaleció el llamado a aplicar justicia ya.
Durante un contacto con la prensa, el militar retirado Boris Lemos propuso derogar amnistías, la Ley de Reconciliación Nacional, y hasta echar por tierra los Acuerdos de Paz Firme y Duradera (1996) bajo la presunción de que algunos exguerrilleros rubricaron estos con identificaciones falsas.
Mientras, en varias regiones del país, en particular en Cobán, tenían lugar misas y otros servicios religiosos "para invocar la justicia divina", así como actos de respaldo a quienes el Ministerio Público imputa torturas, violaciones sexuales, matanzas y otros actos crueles y degradantes de 1981 a 1988.
Milicianos de Huehuetenango, departamento occidental, amenazaron con iniciar acciones si los exjerarcas militares son condenados y hasta adelantaron que podían avanzar en señal de protesta hasta la capital.
"No estamos amenazando, sólo estamos advirtiendo que si dan un fallo a favor de la Fiscalía, milicianos y chiantlas somos capaces de tomar los tribunales de Huehuetenango primero y luego marchar a la capital", declaró el excombatiente Idelfonso Núñez y dijo contar con unas 40 mil personas con iguales intenciones.
Para este sábado está programada una manifestación en el centro histórico de la capital, organizada por la Fundación Contra el Terrorismo, una de las organizaciones más radicales en cuanto a la defensa de la actuación de los miembros del Ejército en el ámbito del conflicto interno.