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Nicaragua 2012: Por frenar la violencia y empoderar a las mujeres

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Nicaragua devino el séptimo país americano que tipificó como delito el feminicidio, forma extrema de violencia contra las mujeres y de expresión de la lógica patriarcal, en enero de 2012. Con la aprobación de la Ley 779, contra la violencia hacia las mujeres y de reformas al Código Penal, el gobierno sandinista confirmó su disposición a luchar contra el maltrato hacia las féminas, quienes representan más del 50 por ciento de la población.

Paralelo a la inclusión de esa figura en el cuerpo jurídico en Nicaragua, como ocurrió antes en México, Costa Rica, Guatemala, Chile, El Salvador y Perú, surgió la Comisión Nacional Interinstitucional y el Observatorio estatal para seguir la problemática.

Estos mecanismos deben garantizar los programas de prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia hacia las mujeres, en un país donde una de cada tres fue abusada física o sexualmente en su vida, como reflejó la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (Endesa).

La Ley 779 eleva las penas para agresores y homicidas hasta 30 años de cárcel y establece un sistema de sanciones específicas encaminadas a acabar con la impunidad en torno a hechos de esta naturaleza.

Para Sandra Ramos, directora del Movimiento de Mujeres, si bien esta norma no es perfecta, su aprobación fue un enorme paso a la reivindicación de los derechos de ese grupo humano.

Además de tipificar el feminicidio, esta ley criminaliza el acoso sexual, la violencia sicológica, laboral, económica, y contiene elementos preventivos en busca de un cambio de cultural social y erradicación de la misoginia, destacó al diario La Prensa.

En Nicaragua las muertes violentas de mujeres son menores en relación con el resto de Centroamérica, pero la mayor atención de las autoridades al fenómeno y la consecuente toma de conciencia por las afectadas contribuyen a sacar a la luz crímenes antes silenciados o invisibilizados.

Según la Red de Mujeres Contra la Violencia, este país de unos 5.8 millones de habitantes reportó 76 feminicidios en 2011 y 80 hasta inicios del último mes de este año.

Sin embargo, la jefa de las Comisarías de la Mujer de la Policía Nacional, comisionada Erlinda Castillo, informó que desde enero al 14 de diciembre sólo recibieron denuncias por 60 casos y con las investigaciones pudieron comprobar que 40 ocurrieron a manos de los cónyuges o ex parejas.

De cualquier modo, esas cifras marcan la diferencia en una región donde la impunidad rodea a casi el 97 por ciento de estos hechos, admitieron autoridades policiales del área en un foro sobre el tema en México (2011).

Esta región es considerada por Naciones Unidas la de mayor incidencia de homicidios en el mundo y esa realidad se refleja de modo particular en la criminalidad contra las féminas.

Aunque las estadísticas de estos casos suelen ser limitadas debido a la posibilidad de sub-registros, como hacen notar los especialistas, datos acopiados por el Instituto de Ciencias Forenses en Guatemala permitieron fijar en 526 las asesinadas en ese país de enero al 25 de noviembre.

La Tribuna de Mujeres contra el Femicidio en Honduras denunció 335 muertes violentas de féminas en ese período, mientras la Policía Nacional de El Salvador admitió 283 y redes feministas de Costa Rica reportaron 43.

Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señalan que una de cada tres mujeres en esta zona sufre algún tipo de violencia física y 16 por ciento fue víctima de violencia sexual alguna vez.

La violencia en el ámbito familiar y sobre todo contra la mujer por parte del marido o compañero sentimental está enraizada en lo más profundo de la cultura patriarcal tradicional y para erradicarla se requiere una profunda y radical transformación educativa, concuerdan seguidores de la temática.

Pero por primera vez en la historia, coinciden en afirmar, las nicaragüenses pueden cerrar un año con una política de Estado destinada a restituir de manera progresiva los derechos arrebatados a ellas y a contrarrestar esa herencia.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, con sede en Ginebra, Nicaragua ocupa el quinto lugar en todo el planeta en cuanto a la igualdad de género, en la dimensión de empoderamiento político, por encima incluso de Estados Unidos, relegado al puesto 22.

El informe anual de esa institución reflejó los resultados de una medición cuantitativa de la equidad de género en 135 países y ubicó a este como el único del continente entre los primeros 10, debido a que posee 40 por ciento de mujeres diputadas y 50 por ciento en cargos ministeriales.

Tales resultados fueron atribuidos a la aplicación de la Reforma a la Ley de municipios y a la Ley electoral, aprobada en mayo de 2012, la cual exigió incluir hasta 50 por ciento de candidatas en las nóminas de los partidos políticos y propulsó la elección de muchas de ellas.

Desde 2007 el gobierno de Daniel Ortega promovió un conjunto de leyes específicas que favorecen los derechos de ellas y otras generales que incluyen un enfoque transversal de género, señaló el vicepresidente de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional, Carlos Emilio López.

Para el diputado sandinista, el accionar en ese sentido tuvo mayores logros este año por la sanción de la Ley 779, de cuatro de los seis libros del Código de Familia, de la Reforma a la Ley de Municipios y a la Ley Electoral, y el Código Procesal Laboral. La primera tipifica todas las formas de violencia hacia las féminas como la física, psicológica, sexual, patrimonial y laboral, mientras que el segundo establece regulaciones asociadas a la convivencia, el respeto en el seno familiar y la crianza de los infantes, entre otros.

Por su parte, la Reforma a la Ley de Municipios establece que los cargos de elección municipal -alcaldes, vicealcaldes y concejales- sean ocupados a razón de 50 por ciento mujeres 50 por ciento hombres, así como el Código Procesal Laboral refrenda el respeto a los derechos humanos de las trabajadoras.

La aprobación en diciembre de la Política de Prevención y Lucha contra la Violencia hacia la Mujer para el 2013, elaborada por el Ministerio de la Familia y de la Comisión Interinstitucional Coordinadora de la batalla contra ese flagelo, coronó este accionar.

Ese plan de acción procura crear condiciones para atender a las víctimas de la violencia con el concurso de todas las instituciones, de manera articulada, y facilitará acceso a la justicia, capacitación de personal y fortalecimiento de las Comisarías de la Mujer.

De forma particular, la iniciativa prioriza una política educativa destinada a desarraigar el machismo y a cultivar el rechazo al maltrato contra ellas, al mismo tiempo que establece la revisión de los salarios para conseguir la igualdad en ese sentido en las empresas privadas.

A juicio de López y otros actores sociales, queda mucho por hacer pero al menos este año el Poder Legislativo sentó las pautas para afianzar las ventajas obtenidas por las nicaragüenses al establecer que todas las leyes incorporen sus derechos de manera transversal.

En Nicaragua, la mitad de la población son mujeres, ellas reciben 60 por ciento de los títulos universitarios y componen la mitad de la fuerza laboral; estudios demuestran que es más probable que ellas inviertan su dinero en la salud y la educación de sus familias, añadió.

Acorde con la radio La Primerísima, el cambio no viene de un día para otro, sino en rachas, mas por primera vez en la historia de Nicaragua un cuerpo jurídico alienta a que igual cantidad de hombres y mujeres se sienten a la mesa de poder para definir el futuro de la nación.

Domingo, 23 de Diciembre de 2012 06:38. Isabel Soto Mayedo #. Mujeres

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