¿Como cerrar el círculo contra los feminicidios?

“Con las buenas intenciones no basta”, enseña la sabiduría popular y esa parece ser la opinión compartida respecto al anteproyecto de Ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, en Honduras.

  La iniciativa refleja la aspiración de proteger la vida e integridad de las féminas frente a la violencia sicológica y física, más desconoce lo que ellas viven en el país y cómo se desarrolla el sistema en su contra, concuerdan colectivos feministas, activistas políticos y funcionarios.

  “Una ley no resuelve el problema, es la voluntad política, el compromiso político que puedan tener las autoridades para abordar la problemática y demandar un proceso integral”, afirmó la coordinadora del Movimiento Visitación Padilla, Gladis Lanza.

  Para esa organización, “no es sólo la investigación, no sólo se trata de cortar la violencia, sino de ver toda la estructura del Estado y cómo evitarla”, algo que el plan obvia.

  Más que una legislación por los constantes crímenes contra las mujeres “por odio”, añade la agrupación, lo que hace falta es determinación para esclarecer los miles de asesinatos ocurridos en los últimos años.

  Datos aportados por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, dan cuenta de al menos 24 mil 674 víctimas de la violencia en este país, entre 2005 y 2010.

  De estas, 80 por ciento -19 mil 640 personas- falleció por las 800 mil armas de fuego que están en poder de la ciudadanía, 650 mil sin la debida certificación.

  Otra crítica, en la cual coincide una decena de organizaciones que luchan por los derechos de las féminas, es que el anteproyecto no fue consensuado con ninguno de los sectores involucrados antes de su presentación en el Congreso Nacional, en agosto de 2011.

  Para que una ley como esta sea efectiva, se requiere una consulta amplia con los defensores de los derechos de las mujeres, al margen de intereses partidarios o pretexto de un plan de seguridad regional que conceda fondos para armamentos o para controlar la vida de los ciudadanos, señalan.

  Esta propuesta parte de principios que desconocen a las féminas como sujetas de derechos, contiene incoherencias e imprecisiones que pudieran dejar vacíos legales justificativos de la impunidad y coloca al feminicidio como sinónimo de homicidio, despolitizando el término, agregan.

  Del mismo modo, en opinión del Foro por la Vida, oculta y desconoce las relaciones desiguales de poder y las causas estructurales de la violencia contra el sector femenino en suelo hondureño.

  Para la dirigente de ese colectivo, Carolina Sierra, en el anteproyecto no hay elementos necesarios para resolver la problemática de las muertes de mujeres, y en este momento no sería la solución a estos episodios de crímenes contra el género.

  Mientras el Estado no logre que las instancias gubernamentales encargadas de hacer justicia en el tema de los derechos humanos de este segmento poblacional cumplan con su función, ese nuevo código será papel mojado, enfatizó, citada por el diario La Tribuna.

  Activistas de otros grupos denunciaron que la institucionalidad del Estado no está funcionando en cuanto al tema y que con la legislación en proceso sólo tratan de dar protagonismo a ciertas instituciones encargadas de la investigación de los casos, las cuales al final no resuelven nada.

  Otro de los cuestionamientos a la propuesta, presentada en el ente legislativo por el diputado, José Tomás Zambrano, es que parece un calco de resultados investigativos de las feministas y de la legislación de Guatemala.

  Solicitud generalizada también es que, más que una nueva ley, sea implementada una reforma del Código Penal, para diferenciar los crímenes por cuestiones de género de los homicidios y evitar su invisibilización bajo tipos penales establecidos en el documento.

  Feminicidio o femicidio es un neologismo derivado de la traducción del vocablo inglés “feminicide” y se refiere al homicidio evitable de mujeres por razones de género, aunque algunos lo utilizan por desconocimiento como la feminización del homicidio, explican expertas en la materia.

  La insistencia en legitimar el término responde a la aspiración de trascender el concepto tradicional de las acciones violentas contra mujeres, para englobar otras conductas que no son tendidas en cuenta, como la falta de atención a problemas sanitarios que redundan en su pérdida u otros.

  Hasta la fecha, este tipo de delitos está tipificado en México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Chile, Guatemala y otros países latinoamericanos.

  En Honduras, el debate al respecto entre organizaciones feministas e instancias estatales inició en años anteriores, pero quedó trunco a partir del Golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

  Durante los primeros días posteriores al madrugonazo contra el expresidente Manuel Zelaya, los asesinatos de mujeres ascendieron 60 por ciento y existen indicios de crímenes colectivos en algunas poblaciones, informó el Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe.

  El anuncio de las autoridades encabezadas por su sucesor, Porfirio Lobo, no convence a las organizaciones feministras, para quienes este gobierno no goza de suficiente credibilidad, afirmó la representante de Tejedoras de Sueños, Nelly del Cid.

  La iniciativa impulsada por esta administración establece penas de 40 años hasta cadena perpetua y define el feminicidio sólo como la muerte intencional contra las mujeres, incluyendo las perpetradas por sus maridos, excónyugues, compañeros, exparejas, y por terceros desconocidos.

  Cometerá feminicidio agravado quien en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres diere muerte valiéndose de la alevosía, por precio, recompensa, promesa o ánimo de lucro, ensañamiento y con impulso de perversidad brutal entre otras razones, precisa el texto.

  Igual, tres a ocho de prisión por el delito de “violencia económica” para quien por acción u omisión, en el ámbito público y privado, menoscabe, limite o restringa la libre disposición de sus bienes, derechos patrimoniales o laborales, y no cubra sus necesidades básicas o de sus hijos.

  El anteproyecto prevé el fortalecimiento de instituciones estatales encargadas de la investigación criminal, como la Fiscalía Especial de Delitos contra la Mujer, y la conformación de tribunales especializados que deberán reconocer los delitos relacionados en la normativa.

  Según el Ministerio Público, los hechos criminales contra ellas aumentaron en la última década 160 por ciento en relación con los cometidos contra hombres y cada año cuentan más de 16 mil denuncias de violencia contra estas.

  Honduras, segunda en feminicidios detrás de Guatemala, en Centroamérica, contabilizó dos mil 400 asesinatos de mujeres, 70 por ciento de ellas de 15 a 40 años de edad, entre 2002 y junio de 2011.

  Sólo de enero a agosto del presente año, las fallecidas a manos de sus parejas, familiares, o extraños, sumaron 300, y pese a lo elevado de la cifra, la Fiscalía apenas obtuvo 35 sentencias condenatorias por casos de abuso en el período, de acuerdo con la fiscal especial de la Mujer, Grissel Amaya.

  También desde junio de 2009 a la fecha fueron ejecutados extrajudicialmente 34 homosexuales, algunos de los cuales eran destacados defensores de los derechos humanos de los transexuales en este país.

  La costa norte hondureña es la más castigada por la violencia de género, en una sociedad profundamente patriarcal y marcada por los dogmas católicos, tendientes a preponderar al hombre respecto a sus contrapartes femeninas.

  Tanto en esa zona como en el resto del país, la mayoría de estos casos siguen ocultos porque sus víctimas callan debido al desconocimiento de sus derechos, por la pobreza y por la discriminación que imperan, sobre todo contra mujeres y niñas.

  Es evidente que el feminicidio y toda forma de violencia contra este grupo poblacional constituyen una de las amenazas principales para la sociedad y ello debe ser considerado por los factores implicados en procurar una solución.