Medidas apresuradas por destape de añejos problemas en Honduras

El Congreso Nacional hondureño aprobó crear una unidad independiente, encargada de vigilar a las fuerzas de seguridad, ante el escándalo desatado por las ejecuciones de dos estudiantes universitarios y la detención de 176 policías vinculados al crimen organizado.

La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, avalada por los 128 diputados de los cinco partidos representados en el foro, funcionará separada de la Secretaría de Seguridad y asumirá la depuración continua de la Policía Nacional (PN), según el medio digital tiempo.hn.

Los cambios en los artículos siete, ocho, 13, 18 y 123 (numeral tres) de la Ley Orgánica de la PN implican que la nueva dirección suplante a la Unidad de Asuntos Internos y vigile de forma permanente la conducta de los policías y de su cúpula en el desempeño de sus funciones.

El proyecto fue aprobado sin dilaciones en la noche del jueves, y ratificado este viernes, sobre la base de la propuesta presentada por las comisiones de Seguridad y Defensa del Parlamento, precisa esa fuente.

En consonancia, corresponderá al Poder Ejecutivo elegir -entre cinco candidatos que presentará el Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin)- un director nacional y un director nacional adjunto para rectorar la oficina durante tres años y con posibilidades de reelección.

También el Conasin tendrá que sesionar trimestralmente bajo el liderazgo del ministro de Seguridad, quien incurrirá en el delito de incumplimiento de deberes de no seguir esta determinación.

La reforma contempla la evaluación de los empleados de la Dirección Nacional de Asuntos Internos y la posible reubicación de algunos en la nueva dependencia, conservando sus derechos laborales.

Directivos y funcionarios elegidos para conformar el nuevo ente sólo tendrán que regirse por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.

Autoridades civiles, policiales y militares, funcionarios públicos, y particulares están obligados a prestar toda la colaboración requerida por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial e incurrirán en delitos de negarse a ello de modo injustificado.

Según se explicó a la ley se adicionó el artículo 18-A, que otorga al nuevo ente contralor de los policías la facultad de practicar en forma general o selectiva, y cuando lo estime conveniente, las pruebas de evaluación de confianza a todos los miembros de la Secretaría de Seguridad.

Ello significa que los empleados del sector podrán ser sometidos, sin distinción de rangos, a exámenes toxicológicos, sicométricos, de polígrafo, estudios socioeconómicos o patrimoniales y cualquier otro.

El establecimiento de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial para nada frustrará el seguimiento de las investigaciones pendientes de resolución, añade el texto, según el cual el Ejecutivo tendrá un mes para aprobar el reglamento de esta nueva oficina.

De cumplirse lo estipulado, la población podrá presentar libremente las denuncias contra los policías y la dirección establecerá los mecanismos para darles protección necesaria al denunciante y su familia.

Sin perjuicio de la acción penal pública, esta oficina está obligada a poner en conocimiento de los tribunales y el Ministerio Público los casos que constituyan delitos o faltas graves de los policías.

Miembros de organizaciones sociales y otros ciudadanos concordaron en que los votos favorables a la reforma reflejaron la urgencia de acallar las voces que por montones denuncian la corrupción en el interior de la PN en Honduras, donde ocurren 82,1 homicidios por cada 100 mil habitantes.

La polémica arreció el miércoles 2 de noviembre, cuando 176 policías del capitalino Distrito Sur -bajo cuya jurisdicción están siete sedes policiales- fueron detenidos por pertenecer a bandas dedicadas a secuestrar y asesinar personas, robar carros, extorsionar y vender drogas.

La vinculación de elementos policiales al crimen organizado viene desde hace muchos años y sus superiores nada hacen porque también están vinculados, ratificó en este contexto la excomisionada María Luisa Borjas.

Según relató a los medios la exjefa de la unidad de Asuntos Internos, en el 2002, todavía operaban los "escuadrones de la muerte" en la institución y eliminaban a jóvenes implicados con ellos en actividades criminales.

Asuntos Internos surgió para controlar el accionar de los policías, pero a los encargados de esa labor, por lo que esa unidad solo se usaba para crear una imagen de transparencia, afirmó Borjas.

La funcionaria recordó que durante su gestión logró llevar a los tribunales a cuatro oficiales por asesinato, más estos quedaron absueltos al final, mientras ella era destituida como jefa de la unidad y separada luego de la PN.

"Todo por oponerme a una política de Estado que es mal llamada limpieza social, porque no tenemos personas desechables", enfatizó al referirse a la gestón del expresidente Ricardo Maduro (2002-2006).

También lamentó la muerte a mano de policías del hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellano.

Borjas cuestionó que sólo se esperara a una situación como esta para develar que son los miembros de la PN quienes quitan la vida a los jóvenes en este país.

El comisionado nacional de derechos humanos, Ramón Custodio, coincidió en que la PN perdió su honor porque sus jerarcas permitieron hechos de ese tipo y los ocultaron, lejos de sacarlos a la luz.

Todos estamos en peligro, hay un aparato organizado de poder donde los oficiales de policía tienen licencia para matar y extorsionar, afirmó Custodio, quien admitió la fragilidad estatal ante las redes criminales que operan en el país, considerado por la ONU el más violento del mundo.