Rebaten críticas contra ley a favor de las mujeres en Nicaragua

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alba Luz Ramos, rebatió las críticas a la Ley contra la violencia hacia la mujer y de Reforma a la Ley 641 Código Penal.

Durante una reunión con integrantes de la Comisión Interinstitucional de Lucha contra la violencia hacia las mujeres, magistrados y operadores de justicia, Ramos insistió en la necesidad de que todos estén informados acerca de la alegada inconstitucionalidad de la ley y cuenten con elementos para rebatir esas opiniones.

En el centro del debate en torno a ese cuerpo jurídico, subrayó, hay una posición ideológica producto de una cultura patriarcal que tipifica y acepta que las desigualdades son naturales y normales.

Desde esta concepción solo existen las necesidades del grupo de hombres con poder, para quienes las mujeres no existen, ni como personas ni como sujetos de derechos, agregó.

Esta forma de ver el mundo se expresa en leyes supuestamente neutrales que tutelan derechos mediante soluciones aparentes, en las cuales el hombre es el referente de lo humano, de acuerdo con la magistrada.

En cuanto al debate jurídico consideró que se están cuestionando las medidas de acción afirmativa que responden al principio de igualdad real, cuyo fin es tutelar el derecho de grupos excluidos, discriminados".

Ramos destacó que la también conocida como Ley 779, adoptada en junio de 2012, superó la limitada visión anterior e introdujo cambios en la manera de entender la palabra y el contenido de la igualdad, concebida ahora como final y no como punto de partida.

Esta persigue cumplir con los preceptos de igualdad formal y real entre los ciudadanos, acorde con los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de Nicaragua, y fomenta la inclusión de los excluidos, su participación en la toma de decisiones del Estado, añadió.

La titular de la Corte recordó argumentos esgrimidos contra la norma, como que la justicia debe tutelar la igualdad neutral o formal, que es inequitativa porque fomenta la desigualdad de los hombres, y que el poder público no debe intervenir en asuntos privados entre mujeres y hombres.

También aludió a la visión de algunos de que no existe equilibrio de poder cuando se tutela de modo especial los derechos de grupos discriminados por razón de género, raza, etnia, condición social, discapacidad u otra.

"Una ley que trate a desiguales como iguales fomenta la discriminación", señaló y recordó que en Nicaragua más del 25 por ciento de la población padeció violencia de algún tipo en su vida.

Compete al Poder Legislativo derogar o reformar una ley que no esté en correspondencia con los principios de igualdad y no discriminación, pero más que eso le toca adoptar medidas para superar las iniquidades, afirmó.