Procuran desalojar a comunidades de reserva Semuc Champey, Guatemala
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala procuró desalojar hoy a los indígenas maya q´echie´ que pueblan los caseríos situados en los predios del parque natural Semuc Champey, del municipio de Lanquín, departamento norteño de Alta Verapaz. La irrupción del contingente policial en los territorios que pertenecen desde tiempos ancestrales a los pobladores de Chiqanus, Se Mil, Se Subín y Santa María Semuc, es considerada por estos una medida represiva por exigir el cumplimiento del Decreto 25-2005 o Ley de declaración de área protegida.
Según ese cuerpo jurídico, la municipalidad y el Consejo de Áreas Protegidas (Conap) deben entregarle a los originarios el 30 por ciento de los ingresos generados por la afluencia de turistas a Semuc Champey o donde el río se esconde en la montaña.
Sin embargo, pese a los recursos que aporta el destino turístico enclavado en un lugar sagrado para sus pobladores, las autoridades decidieron cortar esas entregas y ello desató el conflicto entre ambas partes.
Desde septiembre de 2015 los originarios manifestaron su desacuerdo con el Conap por suspender el pago del porcentaje que les corresponde a las comunidades, pero la falta de respuestas incentivó el incremento de la tensión en la zona.
El 8 de febrero unos 200 comunitarios irrumpieron en la municipalidad de Lanquín y a partir de allí tomaron su control, así como el de la gestión del parque.
Si bien los turistas continúan llegando a Semuc Champey y siendo atendidos sin dificultades por sus pobladores, empresarios y otros sectores insisten en la supuesta ilegalidad de la actuación de quienes se consideran propietarios ancestrales de esos territorios.
En medio de la disputa la bancada legislativa de Winaq confirmó este lunes su seguimiento al caso para delimitar la certeza jurídica que desde el Derecho de los pueblos indígenas asiste a estos sobre los territorios que ocupan.
También recordó las recomendaciones del Informe sobre situación de los Derechos Humanos en Guatemala 2015, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos.
La instancia regional hizo notar la tendencia al desalojo de comunidades y pueblos indígenas en este país y señaló que esto debe ser excepcional, porque tales actos constituyen graves violaciones a derechos reconocidos internacionalmente como el de la vivienda, salud, alimentación y otros.
La CIDH sugirió, además, privilegiar el diálogo antes del uso de la fuerza y la violencia por parte del Estado.
Informes preliminares señalan que junto al contingente de la PNC llegaron este día a Lanquín delegados del Ejército, del Ministerio Público, de la Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos y de la Procuraduría de los Derechos.
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