Procuran encausar a titular de comisión de la ONU en Guatemala

La Fundación contra el Terrorismo, considerada la más radical de las organizaciones de extrema derecha y militaristas de Guatemala, presentó hoy una querella legal contra el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Iván Velásquez.

Según esa agrupación, el comisionado violó el mandato de la dependencia establecida por la Organización de Naciones Unidas en 2007 al participar en el proceso judicial iniciado en enero de este año contra 18 exjerarcas del Ejército por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Presuntamente el abogado colombiano incurrió en conspiración, asociación ilícita, obstrucción a la justicia, allanamiento de morada con agravante, abuso de autoridad y detención ilegal, de acuerdo con el presidente de la fundación Ricardo Méndez Ruiz.

El empresario, hijo del exministro de Gobernación durante el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt (1982-1983) de igual nombre, interpuso la denuncia ante un tribunal de esta capital tras solicitar al presidente de la república Jimmy Morales retirar la inmunidad diplomática a Velásquez.

A juicio de Méndez Ruiz, la Cicig actúa por encima de la Constitución Política de Guatemala, con total impunidad, y está convirtiéndose en un aparato paralelo al Estado, sin fiscalización judicial.

Sin embargo, este definió que la intención de su organización no es que ese órgano se retire del territorio, donde la ciudadanía reconoce su labor de respaldo al Ministerio Público en la lucha contra la corrupción.

La agrupación, integrada por familiares y personas allegadas a militares, pretende que la Cicig deje de inmiscuirse en los procesos judiciales contra miembros de la fuerza castrense en retiro y se acoja a trabajar sólo contra ese flagelo, acorde con declaraciones a la prensa de su principal representante.

Los 18 exjerarcas militares fueron detenidos de manera preventiva el 6 de enero y ocho de ellos ligados a juicio en junio por el caso conocido como Creompaz, por los crímenes cometidos contra más de 500 personas en la antigua Zona Militar 1 de Cobán, departamento norteño de Alta Verapaz.

Otros cuatro sindicados deben responder también por la desaparición en 1981 de Marco Antonio Molina Theissen, con apenas 14 años de edad.