Remedo de guerra contra ministra de Salud en Guatemala

Ocho meses después de confirmada ministra de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas), en uno de los momentos más críticos para el sector en Guatemala, Lucrecia Hernández Marck enfrenta hoy un remedo de guerra en su contra.

Sobre la mujer de 43 años de edad, hija de la antropóloga Myrna Marck -militante del Partido Guatemalteco del Trabajo asesinada por un agente del Estado (1990)-, recaen acusaciones de supuestas violaciones al derecho al trabajo y con ello se empuja en aras de su renuncia.

La Comisión de Salud del Congreso esgrime también las ausencias reiteradas de la ministra a las cerca de ocho citaciones que le hicieron cada mes, de las cuales asistió a unas tres como promedio.

Pero para buena parte de la ciudadanía, de lo que se trata es de sacar del Gobierno a quien incomodó a los poderes ocultos, por atacar irregularidades añejas en el sistema de salud en Guatemala.

'Muchos llaman a esto una guerra, pero aclaro, nunca fue declarada por nosotros', precisó el viceministro técnico del Mspas, Adrián Chávez, en un diálogo con Prensa Latina.

Recordó que esta situación se desata por una denuncia puesta hace dos años y que ahora motiva a congresistas a actuar como una suerte de mediadores a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsg).

Según el otrora analista del Instituto de Problemas Nacional de la Universidad de San Carlos, desde que quedaron al frente del ministerio fueron claros respecto a cuáles serían sus principios y ejes de trabajo, entre los que contemplaron el fortalecimiento institucional y la dignificación del trabajador.

Además, siempre procuraron el diálogo con todos los trabajadores y por eso convocaron a los 53 sindicatos activos a nivel del ministerio, así como al Sntsg.

'Pero son ellos los que no quieren reunirse con los representantes de otros sindicatos y, a través de la Presidencia, buscaron una reunión a la cual llamaron al sindicato mayoritario del Ministerio de Educación', precisó.

Agregó que allí acordaron establecer una junta mixta, mas definieron que tomarían decisiones basadas en una comunicación, donde predominara el respeto, y cada quien asumiera su papel conforme al marco legal.

También especificaron que rechazarían lo 'que no estuviera dentro del marco legal, nada que no estuviera técnicamente avalado, y nada que no fuera financieramente viable', puntualizó.

Mas la citación del 21 de febrero fue un parte aguas en el nivel de comunicación directo alcanzado, una citación de la cual se enteraron apenas 20 días antes y que los obligó a tomar decisiones como despacho.

La denuncia responde al incumplimiento, por parte del Estado, del Pacto Colectivo firmado en 2013 y fue interpuesta en el 2015.

'No es ni siquiera que no hayamos cumplido y la actuación dentro del Congreso se ve como parte del juego político, porque dentro de ese órgano hay quienes ven un enemigo común: las autoridades de Gobierno', dijo.

'Los diputados asumen la posición de intermediadores en una negociación entre Gobierno y sindicalistas, cuando aquí no hay nada que negociar: ya es un proceso que está en la Corte Suprema de Justicia y como cualquier proceso, es el sistema judicial el que debe caminar sobre las pruebas presentadas', enfatizó.

Cuestionó, además, que 'en el proceso es probable que estén involucradas personas que, dentro de la práctica sindical, no sean ni trabajadores del sector y estén abogando por la salida de la ministra'.

Esto arreció cuando el Mspas y la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitaron la nulidad de los artículos del Pacto Colectivo que regulan bonos e incentivos, bonos especiales y viáticos, porque carecen de viabilidad legal.

Para la negociación, firma e inscripción del acuerdo entre el exministro del Mspas Jorge Villavivencio y el Sntsg, se pagaron 24 millones de quetzales (tres millones 300 mil dólares) al abogado nombrado por los sindicalistas.

De esa cifra, erogada por concepto de honorarios a favor de César Landelino Franco, 14 millones de quetzales (casi dos millones de dólares) fueron sustraídos del presupuesto del Estado, 6,4 millones (más de 876 mil dólares) descontados a los empleados del gremio, y 3,6 millones se canceló en 2015.