La perspectiva de refundar el Estado de Guatemala, para revertir la enorme deuda histórica que acumula con las 23 naciones originarias que habitan su territorio, marca este martes la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Poco más de tres décadas después de aprobada la Constitución Política, y dos de concluido el conflicto armado interno, la exclusión social, la discriminación, el racismo y la criminalización a los defensores del sector, continúan pendientes y ello alienta los reclamos de implementar cambios estructurales profundos.
Aunque los Acuerdos Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (1995), incorporados a los que pusieron fin a la guerra (1960-1996), definieron el carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe que debe asumir el Estado en este país, esto nunca se cumplió.
Más bien prevaleció el afán por reducir la significación de un grupo social fundamental en lo racial, cultural, y económico, que de acuerdo con ese documento histórico representa más del 70 por ciento de los cerca de 16,1 millones de guatemaltecos.
"Guatemala es un Estado fallido, que excluye de todos sus posibles beneficios a los pueblos mayas, garífunas y xincas", opinó el coordinador del Observatorio Indígena Nacional y de la Red Nacional de Organizaciones de Jóvenes Mayas (Reno’j), Mario Itzep, en diálogo con Prensa Latina. "Queremos reconstruir nuestro país, el Estado, e impulsar un modo de convivir más armónico entre los pueblos. No se trata de una revancha o una venganza luego de más de 500 años de explotación", afirmó y remarcó que "somos una Guatemala y lo que queremos es armonizar intereses".
Para el también representante del Observatorio Pedro Us, en la práctica los pueblos indígenas nunca fueron considerados parte de la nación y por eso el Estado los tiene en el olvido, resultado de lo cual en los últimos años aumentaron considerablemente los niveles de pobreza en estas comunidades.
Desde el Mapa de Pobreza Rural de 2011 los departamentos de Alta Verapaz y Sololá, cuya población originaria ronda el 95 por ciento, exhibían las más altas tasas de pobreza en el área rural y urbana.
Y para la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi, 2014) esta situación se agravó al punto que estos departamentos mostraron índices de precariedad de 80,9 por ciento a 83,1.
Según esa medición, la pobreza en este país ascendió de 51,2 a 59,3 puntos porcentuales -8,1 puntos respecto al 2006-, lo que equivale a 9,6 millones de personas, y 79,2 por ciento de los indígenas están sujetos a ese mal.
La gran paradoja es que los territorios guatemaltecos poblados desde la antigüedad por los originarios son los más favorecidos por la naturaleza en cuanto a la presencia de minerales, bosques, ríos, biodiversidad y otros bienes comunes.
Por consiguiente, en ellos están instalados la mayoría de los megaproyectos extractivos de las grandes empresas transnacionales y nacionales que saquean las riquezas del país, pero sin generar beneficios para esas poblaciones.
De hecho, también la ausencia del Estado es una constante en esas regiones, cuyos pobladores enfrentan múltiples dificultades para acceder a servicios esenciales de salud, educación, justicia y otros.
Consultores políticos concuerdan en que todo eso refleja el racismo estructural prevaleciente en Guatemala, país que ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes en 1996.
Desde entonces, ese instrumento jurídico fue violado de manera continua por parte de los gobiernos, sobre todo en lo tocante a los procesos de consulta en torno a los megaproyectos, muchos de los cuales fueron avalados sin considerar la opinión de las comunidades.
Por todo esto dirigentes sociales, políticos y autoridades comunitarias coinciden en la necesidad de refundar el Estado, pero a partir de un plan discutido y consensuado con el pueblo, las naciones indígenas, las organizaciones populares y sociales históricas, así como con las surgidas para luchar contra la corrupción e impunidad.
