Despegue de la violencia en Costa Rica

La criminalidad organizada derivó en un huésped temible en Costa Rica durante 2007, que motivó la presentación de cuatro proyectos de ley destinados a contrarrestar la problemática y hasta la unión de algunos partidos políticos.

El fiscal general, Francisco Dall’ Anese, aceptó el aumento de la violencia en el país centroamericano en los útlimos meses e instó a los congresistas a aprobar las iniciativas sobre delincuencia, protección de víctimas y testigos, entidades de Drogas y terrorismo. 

Datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permiten inferir que un promedio de 16 propietarios de vehículos son víctimas de algún delito en la capital costarricense cada día.   Jorge Rojas, director de la entidad, admitió que quizá la estadística no creció tanto como la violencia y considero que lo preocupante de hechos de esta naturaleza es la inseguridad que genera entre las personas. 

El problema está fuera de control en opinión del funcionario: entre enero y noviembre de 2007, a dos mil 811 vehículos les rompieron una ventana o llavín para robar los bienes en su interior, mientras, otros dos mil 223 fueron hurtados, 786 de ellos violentamente.  

La situación es peor en los cantones de San José- donde roban un vehículo a la fuerza cada siete horas- en Montes de Oca, Escazú,  Goicoechea, Curridabat, Desamparados y Moravia.  

Para uno de los viceministros de Seguridad Pública, el abogado Gerardo Láscarez, muchos de esos robos guardan relación directa con el consumo de drogas y con la tolerancia de las autoridades, pues por lo general,  los delincuentes quedan libres.  

Las fechorías cometidas por estos son consideradas por muchos bagatelas, en comparación con las decapitaciones de personas u otras acciones criminales en algunas de las naciones centroamericanas.  

Pero de modo similar a lo ocurrido en casi todas ellas, la represión puede ser una de las alternativas a las que apelen las fuerzas policiales para contrarrestar el problema y esto preocupa a varios sectores sociales. 

Sólo en la capital de Costa Rica, entre enero y noviembre del 2007, una fuerza policial denominada Grupo de Apoyo Operacional arrestó a 900 personas, principal viceministro del sector, Rafael Ángel Gutiérrez.  

El sustituto del Ministro, en caso de ausencia, explicó que las detenciones ocurrieron durante acciones policiales efectuadas en 13 de los 20 cantones capitalinos y junto a efectivos del OIJ, la Policía de Tránsito, la de Migración y la Municipal.  

   La criminalidad ascendente en el antes promovido como paraíso centroamericano motivo que los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del Movimiento Libertario (ML) decidieran aliarse y crear una comisión para analizar el tema.  

   Estos coincidieron en que ese ente debe tener carácter especial permanente en la Asamblea Legislativa, aunque ello obligue a reformar el Reglamento de esa instancia de poder.  

Elizabeth Fonseca, jefa de la fracción, recordó que el Parlamento tico es uno de los pocos que carece de comisión de seguridad ciudadana cuando esta es una de las principales inquietudes de la sociedad costarricense como demuestran las encuestas.  

Para su homólogo del PAC, Luis Antonio Barrantes, valdría crear un grupo de siete diputados destinado a trabajar la cuestión hasta el 30 de abril del 2010 y aprobar de una vez la reforma al Código Penal, pendiente en el legislativo hace 13 años.  

Los proyectos de ley relacionados con seguridad ciudadana están en manos de la Comisión de asuntos jurídicos, pero esta tiene una larga lista de asuntos sin resolver y ninguno de ellos es el que nos convoca, alertó.   

Seguidores de la situación costarricense opinan que la legitimación de las cuatro propuestas tendientes a frenar la criminalidad en el territorio significarán un sólido peldaño para restaurar el prestigio del legislativo y del sistema político tico.  

El futuro de Costa Rica está condicionado al modo en que se acometa la lucha contra la pobreza, con resultados concretos, y por la seguridad ciudadana para modificar la realidad cotidiana y, con ella, la percepción de la gente, afirmó el diario La Nación.  

La falta de idoneidad en los funcionarios encargados de las tareas de investigación o administración de justicia, o el debilitamiento de la autoridad, son apenas algunos de los factores que atentan contra las buenas intenciones en medio de la polémica.  

En medio de ella, destaca la posición de Barrantes: el tema de la violencia trasciende a los partidos políticos y todos deberíamos meterle candela. Para mí, sea comisión especial permanente o comisión especial la que se encargue del asunto, está bien.