Aborto: caso pendiente en América Latina

Cada año mueren más de 10 mil latinoamericanas por abortos mal practicados, casi siempre de forma clandestina y condiciones de riesgo, debido a las severas restricciones legales impuestas contra el ejercicio de ese derecho.

Leyes aprobadas en contubernio con las jerarquías católicas, en distintas épocas y contextos marcados por intereses electorales, prohíben las interrupciones de embarazos en diversos países del área y en otros las condicionan a extremos.

La impedimenta rige en Chile, El Salvador, Honduras, Saint Martin (Antillas Holandesas), República Dominicana y Nicaragua, aún cuando el sostenimiento de la concepción represente un riesgo para la vida de la madre o el feto presente malformaciones.

Mientras, en 26 países se mantienen legislaciones restrictivas al respecto y es permitido solamente en circunstancias como esas o cuando el embarazo resultó de una violación o incesto.

Una de las legislaciones más prohibitivas contra el aborto es enfrentada por las salvadoreñas desde hace una década y son decenas las muertes acumuladas por su aplicación, según el Centro de Derechos Reproductivos y el Instituto de Estudios para la Mujer.

Las modificaciones de 1996 a la ley sobre el tema criminalizaron el aborto al catalogarlo de delito, eliminaron la posible interrupción del embarazo en determinados casos, y aumentaron las condenas a quienes apelaran a ese derecho hasta 12 años de cárcel.

Transcurrido casi un año y medio de entrada en vigencia de la normativa, 69 mujeres salvadoreñas- mayoritariamente pobres y jóvenes- enfrentaron procesos judiciales por abortos ilegales, reflejaron las investigaciones.

Las involucradas apelaron por lo general al uso de altas dosis de píldoras anticonceptivas, antiácidos, ganchos para ropas, líquidos cáusticos y otras sustancias. Entidades defensoras de los derechos del sector informaron que 23 de ellas fueron denunciadas por personal hospitalario cuando llegaron en busca de atención médica después de sufrir abortos incompletos.

Las transformaciones legislativas sobre el particular resultaron de la estrategia aplicada por la derechista Alianza Republicana Nacionalista para granjearse el favor de la Iglesia Católica en medio del período electoral de 1997, según el diario La Prensa Gráfica.

Mientras la iniciativa era debatida en el ente parlamentario, la jerarquía eclesiástica reforzó la defensa de la vida desde la etapa fetal y organizaciones confesionales recogieron firmas a favor de la prohibición del aborto.

El ser humano que está engendrado es una persona inocente que no está agrediendo a nadie, tan respetable es su vida como la de cualquier otro ciudadano, esgrimió el Arzobispo de San Salvador Fernando Sáenz Lacalle.

Datos del Banco Mundial señalan que el aborto practicado en condiciones de riesgo constituye la segunda causa de mortalidad materna y los embarazos no deseados están en el sustrato de la mayoría de los suicidios de adolescentes en ese país.

Otras alternativas poseen las mujeres en territorios como Puerto Rico, Cuba, Barbados y las Antillas Francesas, únicos territorios latinoamericanos y caribeños donde el aborto es permitido por ley.

Cuba fue el primero de estos en eliminar la restricción y establecer como período máximo para realizarlo la décima semana de embarazo a menos que otras razones de salud lo justificasen.

La legislación de la nación caribeña, aprobada en 1965, sólo penalizó las interrupciones fuera de las instituciones del sistema público de salud.

Pionero en este movimiento también es Puerto Rico, donde el aborto estuvo despenalizado desde 1973 pero volvió a limitarse por la presión de varias organizaciones confesionales, legisladores y entes judiciales de Estados Unidos.

Otros avances significativos son la despenalización de las interrupciones en la capital mexicana, en abril de 2007, y en Colombia, en 2006, cuando un embarazo amenaza la vida o salud de la mujer, derivó de una violación o el feto tiene malformaciones.

En Chile los debates sobre los derechos sexuales y reproductivos sólo redundaron en la aprobación de un decreto favorable al suministro de la píldora anticonceptiva "del día después", rubricado por la presidenta Michelle Bachelet, en 2007.

Brasil aún no presenta cambios notables al respecto, pese a la defensa de proyectos de ley que contemplan la despenalización del aborto por parte del movimiento feminista y de otros sectores de la sociedad.

Para los involucrados en estas lides el aborto legal y seguro es un derecho reproductivo, cuyo ejercicio debe estar amparado por el Estado laico en un ámbito de justicia social e igualdad de género.

Expertos de la ONU coinciden en que el acceso a éste es un elemento central para el cumplimiento de los derechos de las mujeres incluyendo los reproductivos y los inherentes a todo ser humano.

El reconocimiento de la problemática a escala mundial partió del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, reunido en Egipto, en 1994, y de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (China, 1995).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe reconoció luego los vínculos entre la mortalidad materna y el aborto inseguro y recomendó a los gobiernos del área su atención.

Pero las leyes relacionadas con el asunto en la región reflejan en parte la herencia colonial, la ideología dominante cuando se aprobaron, y los cambios según las posiciones de las fuerzas sociales conservadoras, coinciden seguidores de estos temas.

Los cambios legislativos alentados desde los años 1970 sólo abordaron de forma parcial la igualdad entre mujeres y hombres, el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos y el acceso a servicios públicos de planificación familiar .

Esto incidió poco o nada en lo tocante al aborto en la región y de ello dan cuenta los crecientes debates alrededor del asunto y las denuncias formuladas por agrupaciones feministas y humanitarias./ism