Sinrazones de la CONAI en Costa Rica
Los pueblos originarios costarricenses presienten la amenaza que sobre su desarrollo autónomo puede representar la reanimación del estatal Consejo Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), propulsado con el proyecto de Presupuesto Nacional para 2012.
La propuesta asigna un monto millonario para el pago de salarios y otros gastos a la institución, creada en 1973 y cuestionada por sus acciones en detrimento de sus supuestos beneficiarios.
El CONAI es el instrumento del Ejecutivo para camuflar un supuesto respeto a los derechos indígenas y al mismo tiempo violar esos derechos, para apadrinar la usurpación, y el despojo de sus tierras por el estado mismo, considera la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica.
Para ese foro, la existencia del ente y su fortalecimiento financiero es un riesgo para los pueblos autóctonos, porque lejos de cumplir con su responsabilidad procura la desaparición de los originarios.
Ejemplos sobran de la actuación cuestionable del CONAI, enfrentado por los indígenas a través de sus organizaciones familiares, comunitarias, territoriales, regionales y nacionales.
En todos estos años, la dependencia dio vía a la explotación de los territorios de los originarios, de sus recursos naturales, minerales, del agua y de su biodiversidad, al mismo tiempo que propició la imposición de mega proyectos y el bloqueo de cualquier iniciativa emanada de las comunidades.
Las denuncias de la Mesa concuerdan con lo expresado por el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), James Anaya, quien visitó Costa Rica en abril de 2011.
Anaya atendió las quejas respecto al Proyecto Hidroeléctrico Diquís, propulsado por el Instituto Costarricense de Electricidad, y llamó la atención al Estado por la situación de los originarios.
El representante de la ONU recordó que la consulta a estas comunidades es obligatoria antes de cualquier intromisión en sus territorios y criticó problemas acumulados, como la recuperación de tierras y la representatividad de los pueblos.
Igual, destacó la necesidad de poner coto al trámite del proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, presentado hace más de 15 años y sin resultados hasta la fecha.
Entendidos aseguran que la gestión de la entidad desatiende lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, rubricado por Costa Rica, en 1992, y que exige la modernización de los aparatos estatales destinados a atender a los indígenas, según el interés de las etnias.
De manera contraria al discurso de los responsables de hacer cumplir estos compromisos, múltiples denuncias sobre la pobreza y discriminación que padecen estas comunidades terminaron engavetadas o tratadas de forma superficial por los funcionarios, como "pleitos entre indios".
El CONAI impone las decisiones gubernamentales y cercena los derechos ciudadanos de los indígenas, por lo general desconocidos por los medios de comunicación y sujetos a un creciente etnocidio.
Es tan fuerte la invisibilidad de los pueblos autóctonos ticos, que el visitante nunca percibe su presencia a menos que desatienda los mensajes mediáticos e insista en conocerlos.
Bribri, gabecar, maleku, chorotega, huetar, teribe, bruncas y guaymi, poseen una historia y un conocimiento milenario y en sus 24 reservas, cada una con dos a 40 comunidades o pueblos, se conserva la mayor cantidad de bosques, recursos acuíferos, minerales y biodiversidad.
Pese a esto, y a que sólo representan dos por ciento de los habitantes de Costa Rica, enfrentan una progresiva depauperación: hay pueblos imposibles de recuperar o que tienen su muerte anunciada, mientras otros quizás salven parte de su acervo si se adoptaran medidas urgentes.
La creación del CONAI alentó la esperanza en ese sentido, pero con los años devino vía expedita para la aniquilación sutil de sus culturas, a juicio de la Federación para el Desarrollo Cultural y Social de las Etnias Indígenas Costarricenses.
Cuando menos, sus directivos mostraron una actitud paternalista semejante a la enarbolada por privados en la década de 1940, que para impulsar el "progreso", apoyaron acciones filantrópicas favorables a estos.
Resultado de gestiones parecidas surgió el CONAI: integrado por ministerios y entidades autónomas involucradas en el tema indígena, las municipalidades de regiones habitadas por estos y organizaciones civiles.
Facilitar el desarrollo de los pueblos originarios, coordinar acciones, asesorar e informar, eran las tareas básicas de esa dependencia, mas nunca ejecutó programas o representó a los nativos, opinan historiadores.
La irrupción de la ideología neoliberal arrasó con las buenas intenciones y más que contribuir a mejorar los niveles de vida del sector, la entidad devino aparato de manipulación y división de las comunidades.
La Ley 23.302 de 1989 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes, también devino letra muerta; del mismo modo que resulta cuestionable la labor del Registro de Comunidades Indígenas, encargado de otorgar Personería Jurídica a estos pueblos.
El CONAI jamás prestó de forma efectiva el servicio para el que fue creado y mucho menos entregó tierras, ni garantizó servicios de salud, educación, vivienda o jubilación, según las urgencias de estas etnias.
Incluso, en temas esenciales para el futuro de la nación costarricense como el Tratado de Libre Comercio (TLC) Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, la opinión de estos pueblos tampoco fue tomada en cuenta.
La coartación de la participación de los nativos en los debates de la parlamentaria Comisión de Asuntos Internacionales acerca de este acuerdo violó los convenios de la OIT y reafirmó la discriminación que sufren los más de 65 mil indígenas existentes en el país.
En medio de los debates alrededor del TLC, a finales de 2006, la propuesta de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas fue desempolvada, pero una vez más quedó pendiente de análisis en la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso hasta hoy.
De la aprobación de esta dependerá el futuro de la CONAI y de otras entidades, creadas para contrarrestar la progresiva depauperación de las condiciones de vida de los indígenas y cuya preservación es discutible para muchos en base a la poca eficacia de su gestión.
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