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Violencia y muerte contra la mujer en Centroamérica

Violencia y muerte contra la mujer en Centroamérica

Centroamérica es considerada la región de mayor incidencia de homicidios en el mundo (sólo Honduras registra la más elevada, 82,1 por cada 100 mil habitantes) y esta realidad se refleja de modo particular en la criminalidad contra las féminas.

  Datos aportados por organizaciones civiles y hasta entes estatales, en el ámbito del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, reflejan un ascenso de la problemática en la última década y desdicen las supuestas condiciones de paz que prevalecen en la zona.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, informó que en los últimos seis años sumaron más de mil 750 las asesinadas en ese país y que 80 por ciento de esos casos quedaron sin investigarse de forma adecuada.

Custodio reiteró la necesidad de tipificar el delito de feminicidio en el Código Penal y establecer de 20 a 30 años de cárcel para los responsables, al trascender que perecieron otras 300 de enero a agosto de 2011.

La Tribuna de las Mujeres contra los Feminicidios confirmó que la violencia contra ellas alcanzó niveles alarmantes a partir del Golpe de Estado de 2009, porque sólo en ese año fueron ultimadas 377, para un aumento de 125 con relación al anterior.

En El Salvador, la Red Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres informó que durante este año 502 fueron asesinadas, lo que equivale a un aumento de 14 por ciento con respecto a 2010.

Las guatemaltecas lograron una ley progresista contra el feminicidio desde 2008, pero siguen luchando por sus derechos debido a que 45 por ciento de ellas, sobre todo indígenas, son afectadas por algún tipo de violencia durante su existencia.

De 2000 a 2010, las asesinadas rebasaron las cinco mil 200 y la Comisión Presidencial contra el Feminicidio expresó su preocupación porque el indicador, lejos de reducirse con respecto al año anterior, llegó a 646 sólo de enero a noviembre de 2011.

Costa Rica, aunque también cuenta con una Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres (2007), registra más de 50 mil denuncias por agresión física o emocional a féminas anualmente y los tribunales dictan medidas de protección insuficientes en la mayoría de los casos.

Según datos del Instituto Nacional de la Mujer, la cifra de asesinadas rondó las 40 anuales en la última década y siete de cada 10 de estos casos son feminicidios -crímenes por cuestiones de género-, la mitad cometidos por parejas o exparejas de las víctimas.

Desde 1995 hasta noviembre de 2010, ocurrieron más de 400 y el ascenso progresivo de la problemática llevó a la muerte a 13 en los primeros seis meses de este año.

En Nicaragua, está en análisis la iniciativa de Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer y pese a los esfuerzos del gobierno, prosigue la práctica discriminatoria de estas y este tipo de crimen creció desde 2006.

La Red de Mujeres Contra la Violencia asegura que la cifra de víctimas mortales de la violencia de género ascendió de 36 a 89, entre 2006 y 2010, para un total de 327 en la etapa.

Tanto en ese país, como en el resto, el aumento del número de mujeres muertas estuvo acompañado hasta ahora de un incremento de la crueldad y el enseñamiento por parte de quienes provocaron esas víctimas, casi siempre hombres ligados a ellas por parentesco o cuestiones íntimas.

Especialistas del área concuerdan en que el flagelo se repite en todos los países centroamericanos y que apenas cambia el contexto de uno a otro.

Centroamérica posee una buena legislación para frenar la problemática pero sigue sin aplicarse y por eso estamos viendo como matan a las mujeres con lujo de barbarie, mutiladas, con lecturas en sus cuerpos y esto demuestra un odio irracional, alertó la salvadoreña Silvia Juárez.

Para la Organización de Naciones Unidas, la violencia de género es uno de los crímenes más permitidos en el mundo, por eso incentiva la lucha contra ella desde 1981, en homenaje a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, patriotas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

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