Sepur Zarco y el horror dejado por la guerra en Guatemala

Crispa la piel escuchar tanto horror relatado por las mujeres mayas q´eqchies que sobrevivieron a la esclavitud sexual y doméstica desatadas contra ellas hace 34 años por el destacamento militar instalado en Sepur Zarco, noroeste de Guatemala.

Rostros cubiertos, manos temblorosas y palabras entrecortadas, bastan para despertar la rabia pero igual avivan la admiración por quienes nunca olvidaron y claman justicia para ellas, para sus esposos asesinados y para los hijos muertos por hambre en medio de la guerra más cruenta de las vividas en Centroamérica.
Durante los dos primeros días del juicio, finalmente logrado contra al menos dos de los jerarcas de la tropa asentada entre los departamentos de Alta Verapaz e Izabal (1982-1983), cerca de un centenar de personas presenció lo que a claras luces es de los mejores actos de recuperación de la memoria histórica en este país.
Las acusaciones contra el excomandante de la otrora Zona Militar 6 del municipio El Estor, en Izabal, Esteelmer Reyes Girón; y contra el excomisionado militar Heriberto Valdez Asij, corroboran denuncias similares en procesos penales anteriores y datos acopiados por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH,1999).
Pero más allá de eso, coinciden juristas e historiadores, aportan los elementos que faltaban para completar el cuadro de lo que acompañó al conflicto armado interno en Guatemala: genocidio, desapariciones forzadas y violencia sexual.
Según las protagonistas de este juicio histórico, por ser el primero en que delitos contra los deberes de la humanidad en su forma de esclavitud sexual se juzgan en el país donde fueron cometidos en un contexto de guerra, ambos sindicados autorizaron tratos inhumanos, crueles y denigrantes.
Reyes Girón, desde su cargo de oficial del Ejército, consintió que los soldados bajo su mando ejercieran estos como arma de guerra; mientras Valdez Asij cometió delitos contra los deberes de la humanidad en su forma de violencia sexual y desaparición forzada de personas.
"En el destacamento cocinábamos grandes ollas. Fui violada muchas veces. Una de mis hijas también fue violada. Un hombre gordo era el primero que nos violaba, después venían otros menuditos", contó Petrona Choc, de 75 años de edad, y aseguró que los soldados no les pagaban por lo que hacían: sólo les daban cuatro tortillas, a las que nombraban carne de perro.
Frente al Tribunal de Mayor Riesgo A también declaró en calidad de testigo Arturo Choc Chub y recordó que junto a otros hombres de su comunidad fue obligado a construir el destacamento Sepur Zarco, mientras las mujeres eran violadas y entre ellas su esposa, Magdalena Pop, quien falleció hace tres años.
Cada testimonio escuchado en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, el 1 y 2 de febrero de 2016, confirman lo contado antes en distinos espacios: los militares primero asesinaron a varios hombres y luego fueron por sus viudas para arrastrarlas a punta de pistola y atropellos hasta el enclave militar.
Durante cerca de seis meses de cautiverio, las mujeres fueron obligadas a cocinar, lavar los uniformes y satisfacer los caprichos de los soldados, al mismo tiempo que eran vejadas sexualmente de forma colectiva -incluso frente a sus hijos e hijas- al extremo que varias sufrieron hemorragias y enfermedades.
A esas torturas físicas y psicológicas se sumaron después las que por más de un lustro padecieron huyendo en la montaña, con sus criaturas a cuesta, viéndolas padecer hambre, frío y hasta morir por desnutrición, mientras sobrellevaban las secuelas de las enfermedades legadas por sus victimarios y algunas, embarazados indeseados.
Eso y más encierra el caso Sepur Zarco, logrado después de casi seis años de un acompañamiento intenso de tres organizaciones civiles a 15 mujeres mayas q´eqchies, de las cuales apenas 11 fueron aceptadas por el juez como querellantes bajo el argumento de que las otras no habían estado de manera permanente en esa base.
Mujeres Transformando el Mundo, la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, y el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, son las agrupaciones que junta a ellas -y a cuatro hombres también afectados por estos crímenes- procuran justicia, mas igualmente demostrar al mundo cuánto dolor queda por restañar en Guatemala.