La zaga del TLC Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos

El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC/CAFTA), que tanta polémica provocó hace menos de una década, apenas se menciona y cada vez son más visibles sus efectos sobre esta región.
Tras los cambios en las leyes de los países centroamericanos y de República Dominicana, exigidos por el gobierno estadounidense para la aplicación del acuerdo, crecieron de modo acelerado, sobre todo en las zonas rurales de esos pequeños países, la desnutrición, la pobreza y la desigualdad social.
La pobreza abarca a 51 por ciento de la población del área (muy por encima del 33 por ciento acumulado globalmente por América Latina y el Caribe) y el 27 por ciento está sumergido en la pobreza extrema, según la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Emparentada con la baja renta disponible entre la población y con el ensanchamiento de las brechas entre segmentos sociales, la desnutrición afecta a casi seis millones de personas, lo que supone 14,2 por ciento de los habitantes de este espacio geográfico.
Este porcentaje supera con amplitud el promedio de la población desnutrida en América Latina y el Caribe, ascendente al nueve por ciento.
Los primeros en negociar y ratificar el TLC/CAFTA -Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador-, tienen la situación más preocupante en cuanto al tema, y el primero de ellos, la mayor incidencia (22 por ciento).
Pese al estatal programa social Hambre Cero y otros orientados a garantizar al menos la seguridad alimentaria, la distribución más equitativa de los recursos y los esfuerzos del Gobierno en la salud con respaldo de cooperantes cubanos, la tasa de desnutridos en Nicaragua todavía se sitúa en 19 por ciento.
Ese país es el único de la zona cuyo Gobierno aprobó una Ley de Soberanía Alimentaria (2009) e incrementó su producción agrícola, según reconoció Vía Campesina Centroamericana.
Costa Rica, que antes se vanagloriaba de su prosperidad económica, se asemeja ahora cada vez más a sus vecinos, por la creciente violencia e inseguridad, pero también por el aumento de la pobreza (21, 6 por ciento) y de la indigencia que ya afecta 6,4 por ciento de sus habitantes, confirmó el informe sobre el Estado de la Nación, en 2011.
La desnutrición en ese territorio sigue debajo del cinco por ciento por el sostenimiento de medidas del llamado Estado de Bienestar que se hacen cada vez más difíciles de aplicar en un país donde la tasa de desempleo ha subido por encima del promedio histórico, ascendente a 7,7 por ciento, uno de los índices más altos de América Latina y el Caribe.
En síntesis: los países centroamericanos están entre los 40 más desiguales en distribución de ingresos, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
El ente mundial considera que el alza de los precios de los alimentos es uno de los factores esenciales que desencadenaron tal estado de hecho en la zona.
Centroamérica en cifras, un informe de la FAO, precisa que la canasta básica de alimentos exigía un gasto de 250 dólares mensuales por parte de estos pueblos en 2007, y llegó a rozar los 270 dólares al finalizar 2011.
Vía Campesina Centroamericana insiste en que el campo exhibe los cuadros más espeluznantes si se considera que el grado de indigencia en zonas rurales trasciende el 40 por ciento, sobre todo en los países más impactados.
La agrupación civil cuestionó que en una región tan rica en recursos, con enorme potencial para la producción de alimentos, sean los campesinos los más afectados por el déficit y la inseguridad alimentaria.
Quienes están sufriendo la situación de pobreza, desnutrición y falta de atención son los campesinos, las mujeres, los jóvenes y pueblos originarios del área rural, mayoría entre los 20 millones de pobres de Centroamérica, concuerdan dirigentes de ese movimiento social.
Rafael Alegría, coordinador de Vía Campesina Centroamericana y uno de los líderes de la resistencia al golpe de Estado contra el depuesto ex presidente Manuel Zelaya (2009), responsabilizó de la problemática al TLC/CAFTA "que nos impusieron hace algunos años" y destrozó las producciones locales.
Estos convenios, adoptados sin contemplar las desigualdades o asimetrías en el desarrollo de Estados Unidos y sus contrapartes centroamericanas; la falta de educación y las alianzas de los gobiernos con los empresarios son otras causas de la falta de acceso a los alimentos en el área, enfatizó.
Especialistas asociados al Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas de El Salvador coincidieron en que el controversial convenio trajo más penas que glorias a esa nación.
Los participantes en la III Cumbre Continental Indígena, que sesionó en el sitio sagrado de Iximché (Guatemala, 2007), concluyeron que la iniciativa estadounidense afectó de manera sensible a los pueblos autóctonos y más bien multiplicó la pobreza y las migraciones.
"El TLC tiene un impacto en toda la vida económica, política y social, pero sobre todo es un ataque directo a la soberanía alimentaria y la economía de los pueblos", afirmó en ese ámbito Daniel Pascual, de la Coordinadora Nacional Indígena Campesina de Guatemala.
En 2005, de cada 100 cooperativas existentes en el territorio, 75 estaban amenazadas severamente o condenadas a muerte, de acuerdo con ese movimiento social popular, según datos acopiados por ese grupo.
La Ferrovías de Guatemala, subsidiaria de la Railroad Development Corporation de Estados Unidos, planteó la primera demanda al amparo del tratado contra ese gobierno centroamericano y exigió una indemnización por 65 millones de dólares.
En virtud del controversial convenio, una empresa norteña puede reclamar un arbitraje internacional para dirimir un conflicto de intereses con un Estado signatario, sin necesidad de agotar las instancias judiciales internas.

Honduras, segundo país en validar el TLC/CAFTA, registró mayor déficit comercial por la concentración del intercambio con Estados Unidos, que logró venderle mercancías por dos mil 180 millones de dólares más que el año precedente, señaló el Instituto Nacional de Estadísticas, en 2006.

Desde 2005, unas cinco mil pequeñas y medianas empresas cerraron o cambiaron de rubro en ese país y el sector más golpeado fue el calzado, por la competitividad de los zapatos estadounidenses importados, informó la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras.

El TLC/CAFTA, devenido ley en cada uno de los países suscriptores, implicará la venta de la soberanía, la salud, la protección ambiental y la justicia, pronosticaron especialistas de distintas ramas del saber, agrupados en Pensamiento Solidario.
Estos evaluaron los posibles impactos del acuerdo y alertaron de forma precoz sobre la necesidad de mirar críticamente la publicidad orientada a reforzar la idea de que este fomentaría el empleo y bienestar, porque incentivaría las exportaciones.
Ellos insistieron en las asimetrías entre las débiles economías centroamericanas y la de la principal potencia mundial, donde la agricultura recibe el respaldo estatal a través de subsidios, tecnología y estudios científicos de mercado, mejoramiento de las producciones y otros.
Tal ayuda equivalía a unos 80 mil millones de dólares al año, mientras que la producción de toda la región istmeña es, más o menos, de 60 mil millones de dólares, según estudios publicados por aquellos.
"El TLC/CAFTA hizo que la soberanía nacional política, económica y alimenticia sea más vulnerable", asegura el salvadoreño Benjamín Ramos, del Centro de Investigación sobre Inversiones y Comercio.

De oídos sordos, las oligarquías de esta parte dieron vía a la sujeción de las flácidas economías nacionales al tratado y ello condujo a la mayor concentración de tierras y de recursos naturales en manos de los grandes inversionistas.

En vez de destinar al sector agrícola lo captado con la inversión extranjera, para fomentar su desarrollo como se prometió entonces, estos fondos sirvieron a otros rubros que no son estratégicos, consideró Ramos.

Los favorecidos por el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC/CAFTA), fueron los grandes propietarios de tierra y empresarios de diversas ramas económicas.
A las poblaciones locales -generalmente trabajadores agrícolas, industriales y de servicios- sólo les quedó resignarse o protestar contra el desalojo, el desplazamiento, la violación constante de sus derechos humanos y laborales, de los de las mujeres, al aumento de la pobreza, la fractura social y la contaminación ambiental.
Cada día es más visible la ventaja adquirida por las transnacionales y los productores norteños subsidiados, quienes gracias a este trato preferencial entraron sin pagar impuestos, por concepto de importación, y acapararon importantes porciones del mercado de alimentos, bienes de consumo y otros.
El arroz estadounidense, vendido a menos del 45 por ciento del costo de producción, incentiva a cada rato protestas airadas de los dedicados a su cultivo y venta en estos países, como las ocurridas entre octubre y noviembre de 2011 en Costa Rica.
El TLC/CAFTA prevaleció sobre la constitucionalidad y retrotrajo políticas de protección ambiental, propiedad intelectual, laboral, salud, compras estatales, u otras, debido a la obligada aprobación de leyes que barrieron con normativas locales y hasta conquistas sociales en ese orden.
Lejos de fomentar un proyecto propio de desarrollo, los gobernantes centroamericanos de turno y la cúpula empresarial, acogieron como suyo el esgrimido por las transnacionales hasta barrer con los exiguos beneficios legados por quienes los precedieron en el poder.
Los proyectos integracionistas en la zona quedaron amenazados por el peligro que representa la acumulación de capitales en detrimento del intercambio sociocultural y de todo tipo entre estos países.
Al ratificar y mantener el acuerdo con Estados Unidos, los gobernantes de estos países contradijeron sus incitaciones constantes a impulsar la unidad regional y propiciaron la expansión de "la cultura de la desesperanza", como señaló el economista, filósofo y teólogo de la liberación Franz Hinkelammert (nacido en Alemania, en 1931 y residente en Costa Rica) .
Del mismo modo, demostraron la ausencia de una propuesta de desarrollo originaria, que contemple no sólo las cuestiones de índole económica. Los fracasos en el proceso propuesto por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el aumento de las tensiones en la región y la frustración tras la aplicación del modelo desarrollista, obligó a las oligarquías centroamericanas a buscar otros paradigmas de desarrollo en las décadas finales del siglo XX.
Incapaces de articular una estrategia propia e interesados en sostener viejos vínculos, aceptaron la liberalización, la desgravación comercial, los conceptos de democracia, derechos humanos y otras panaceas del discurso hegemónico estadounidense, afirma la académica cubana Ileana Capote, ex embajadora de Cuba en Honduras, vicerrectora del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y secretaria ejecutiva de la Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas.
Centroamérica perdió una cuota de soberanía con el TLC/CAFTA, porque la política de sus estados quedó a merced de los mecanismos de solución de controversias con poder de decisión supranacional, y ello incide en sus relaciones interamericanas, añade.
De hecho, este frenó el proceso iniciado con la creación del Mercado Común Centroamericano (1961) y sostenido hasta esta centuria, pese a sus debilidades.
Como compensación, Washington permitió la entrada de determinados productos de estas naciones en su mercado, aunque con condicionantes al estilo de las "reglas de origen", que favorecieron a los productos "maquilados" o ensamblados por empresas norteñas en suelo istmeño.

-REPULSA AL TLC/CAFTA
En Centroamérica, la imposición del convenio chocó con el rechazo generalizado de organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, defensores del medio ambiente, de los derechos humanos y otras.
La protesta popular alcanzó grados elevados de estructuración en cada uno de los involucrados, sobre todo en Costa Rica, donde proliferaron valiosos estudios críticos sobre el tema y las autoridades de turno llegaron hasta criminalizar al movimiento popular.
Las represiones a las manifestaciones callejeras desatadas contra el acuerdo provocaron decenas de detenidos y heridos, de manera particular en Guatemala, donde hubo al menos dos muertes.
Centroamérica acumula los peores índices de violencia del mundo y su realidad poco dista de la de México, pionero en el continente en aceptar un contrato similar (TLCAN, 1994).
Datos del Instituto de Política Económica de Estados Unidos muestran como la economía mexicana quedó privatizada, desregularizada y globalizada, sólo una década después, en tanto el país norteño cargaba con el maíz a bajo costo y socavaba la industria agrícola de la nación vecina.
El TLCAN no proporcionó regulaciones sociales, ni ofreció normas laborales, de salud o medio ambiente. Todas las protecciones fueron reservadas solamente para las corporaciones inversoras (canadienses y estadounidenses), expresó el director fundador de la institución, Jeff Faux.
También el convenio obstaculizó el libre tránsito de los camioneros y comercializadores mexicanos por suelo norteamericano, casi desapareció a los productores de sorgo, soja, fríjol, arroz y maíz, obligó a desplazarse a millones de labriegos y condujo al alza de los precios de los bienes de consumo.
Pese a las promesas del gobierno mexicano de incrementar la asistencia económica y técnica en el campo después del TLCAN, los reformadores bajaron los fondos para los programas agrícolas de dos mil millones de dólares a 500 millones de 1994 a al 2000, reflejaron informes estatales.
Con la pérdida de más de 240 mil empleos desde el año 2001, muchos extrabajadores mexicanos entraron al flujo creciente y estable de inmigrantes a Estados Unidos, gran parte de ellos de forma ilegal por las restricciones impuestas por las autoridades norteñas para su entrada. Problemas semejantes alientan la conflictividad social y la desgobernabilidad en otros países del área, luego del rechazo generalizado a la intención hegemónica de transformar el continente en megarmercado de Estados Unidos.
En opinión de académicos y analistas, la rúbrica de este tipo de convenio consagró un camino alternativo por si se empantanara el proyecto más universal: la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Quizás por esto, la Casa Blanca aplaudió el entendimiento como un éxito "geopolítico", pues los beneficios esperados rebasaban la proyección económica por las limitaciones del mercado y el acceso a los recursos naturales que disfrutaban desde antes los estadounidenses.
El proyecto ALCA tuvo que ser aplazado a partir de la Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata, Argentina (noviembre, 2005), pero la insistencia en concertar tratados bilaterales bajo el signo del "libre comercio" revela una estrategia paso a paso que rindió algunos frutos.
La táctica conducente al TLC/CAFTA progresó a la sombra del Sistema General de Preferencias, la Iniciativa para la Cuenca del Caribe y la Ley de Asociación Comercial, ante el rechazo a esa propuesta.
Este plan abarcó al mundo, y Estados Unidos derivó en su principal promotor, acosado por las críticas de quienes captaron el objetivo de la potencia militar de consolidar su poder para agenciarse recursos naturales y mantener en jaque a las fuerzas progresistas en ascenso.
En este hemisferio, primero concertó el que involucró a Canadá y México (TLCAN, 1994), y casi paralelamente negoció y consiguió otros con Chile (1994-2003), Panamá (1995-2011), Centroamérica (2003-2007), Perú (2006-2009), y Colombia (2006-2011).
Las demoras en aplicarlos respondieron a que estos acuerdos englobaron cuestiones políticas, económicas, institucionales, laborales, ambientales, de propiedad intelectual, u otras, por lo que requirieron múltiples reuniones y engorrosos trámites legislativos hasta su reafirmación.
Estados Unidos impuso en estas negociaciones sus criterios comerciales en áreas sensibles de las relaciones internacionales, por lo que estos acuerdos son considerados elementos de presión en función de la dominación hemisférica.
El TLC con Centroamérica y República Dominicana responde al interés norteño de expandir mercados por la región, rica en mano de obra y recursos ambientales, admitió Regina Vargo, quien fungió como jefa del equipo norteamericano de negociación del acuerdo con esta zona.
Pero ni esto, ni la repulsa popular, contuvieron a las élites y hacia 2007 el TLC/CAFTA había acabado con cuantiosos empleos y lejos de crearse el prometido complejo regional textilero, el área siguió perdiendo su mercado frente a los competidores asiáticos, asegura la Coalición Alto al CAFTA.
Centroamérica, tentada por los cantos de sirenas diseñados para progresar con esa estrategia, vive el fruto de las consecuencias, y son elocuentes los efectos de olvidar que "la agricultura es la única fuente constante, cierta y enteramente pura de riqueza", como enseñó el más universal de los cubanos del siglo XIX, José Martí.