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La controversia por el nicaraguense Río San Juan

La controversia por el nicaraguense Río San Juan

Defender el río San Juan devino imperativo para los nicaragüenses frente a la insistencia de Costa Rica de completar una carretera rural aledaña a ese cauce sin medir los daños a los ecosistemas en la zona.

La ejecución de la Ruta 1856-Juan Rafael Mora Porras afectó a 600 especies animales en el área y pese a los escándalos en torno a esa obra, condenada por muchos actores sociales en ambos lados, el gobierno de Laura Chinchilla lo convirtió en prioridad para 2013.
Para el vicepresidente de Nicaragua, Moisés Omar Halleslevens, más que de este país ese río es un recurso centroamericano y a estas alturas Costa Rica debería estar convencida del impacto negativo ahí, y que todavía no se ha manifestado a plenitud, por lo que deberían buscar como revertirlo.
Esa parte, conocida como la trocha, está en territorio costarricense y ese país es soberano de hacer en él lo que desee, lo único que plateamos es como vecinos y por el daño que nos causa a un recurso nuestro, que tengan prudencia y oigan a los que saben, sugirió, en diálogo con la prensa.
Halleslevens instó a los nicaragüenses a cerrar filas para evitar que Costa Rica continúe con la construcción de la vía paralela al río San Juan por los graves perjuicios que ha provocado al ecosistema.
Científicos y defensores del medio ambiente concuerdan en la urgencia de abortar la obra, por cuanto causó daños directos a 44 especies en su movilidad terrestre y acuática, 600 por impacto en su hábitat y 150 en su condición de irreemplazables, en ese corredor bilógico, considerado uno de los más importantes de Mesoamérica.
En unos 100 kilómetros lineales la vía afectó 35 hectáreas de bosque y 300 hectáreas de suelo, en tanto reforzó la vulnerabilidad en más de 39 puntos críticos, señalaron especialistas del Centro de Investigación para los Recursos Acuáticos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, del Centro Humboldt y de la Fundación del Río.

Las alteraciones provocadas amenazan la conectividad biológica de Centroamérica, al mismo tiempo que elevan el riesgo para los habitantes en esos puntos críticos o sitios propensos a inundaciones y deslaves de tierra.
La construcción de esa carretera rural cambió las posibilidades del uso del suelo debido a su degradación, afectó la calidad del agua y puso en riesgo a la población, demostró el estudio.

Incluso, hay lugares en el río San Juan en que el oxígeno disminuyó hasta 40 por ciento por la saturación de sedimentos con altos niveles de aluminio y manganeso debido a ese proyecto vial.

En consecuencia, la calidad del agua es pobre y hay contaminación orgánica severa, añadió el informe Valoración de impactos ambientales causados por la construcción de la Ruta 1856-Juan Rafael Mora Porras, en la parte baja de la cuenca del río San Juan.
Con antelación el Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme, UCR), definió que la cuestionada ruta es una carretera rural con pavimento de bajo volumen y serios problemas constructivos.

Resultados investigativos presentados por esa institución a la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa, el 24 de julio de 2012, alertaron sobre la ausencia de planos, problemas de drenajes y otros.

Los especialistas de Lanamme descartaron la posibilidad de hacer en el área una obra de la magnitud planteada por sus artífices, a los cuales criticaron por tratar de presentar como trocha la carretera 1856 para minimizar la dimensión y el daño ambiental ocasionado con ella.

No obstante a estas y otras opiniones similares, a inicios de este año el estatal Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) anunció que se adjudicaron los trabajos de mitigación y que alistan los carteles de diseño, supervisión y de construcción para intervenir dos de los tramos de la vía.

Con esa determinación Costa Rica confirmó su negativa a acatar el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que ordenó suspender la ejecución de la supuesta trocha el 2 de julio de 2012.

El ente regional respondió así a una demanda presentada por las organizaciones ambientalistas nicaragüenses Tribunal Regional, el Foro Nacional de Reciclaje y la Fundación Nacional para el Desarrollo Sostenible.

Costa Rica suscribió los protocolos de Tegucigalpa y Guatemala, relativos a la integración centroamericana, y varios tratados internacionales de protección al medio ambiente, por lo que debe asumir responsabilidades en casos como este, convinieron los seis magistrados del ente.

Ese país afecta el corredor biológico istmeño, la biodiversidad silvestre, la flora y la fauna, con la ruta 1856, cuya construcción comenzó sin análisis previos, como lo exigen "las obligaciones impuestas por el derecho comunitario regional e internacional", suscribieron.

El 23 de mayo de 2012 el diario costarricense La Nación denunció que el Conavi admitió la inexistencia de planos y que ese camino tenía taludes con pendientes mayores a las debidas y curvas no aptas para el buen tránsito vehicular.

La Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería S. A., contratada para apoyar la supervisión del proyecto, y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (Cfia), ratificaron que la obra inició sin diseños ni definiciones acerca de cómo sería ese camino.

El Cfia definió que la construcción de la Ruta 1856, además de ser considerado el mayor caso de corrupción en la administración pública en Costa Rica, queda para los anales de la historia como la peor obra de un gobierno en ese país desde 1821 a la fecha.

El Informe de Inspección de trocha 1856 de esa entidad recomendó construir drenajes, puentes, estabilizar taludes, y alejarse del San Juan en algunos tramos, para mejorar lo realizado.

A pesar de todo ello, y de una demanda elevada al respecto por Nicaragua a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el 23 de diciembre de 2011, San José insiste en completar la carretera.

Todavía está pendiente la respuesta de esa dependencia judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero para muchos analistas la resuelta de decisión de Costa Rica a concluir la Ruta 1856 es una muestra de su desinterés por el fallo que puede llegar.

Chinchilla avaló la construcción de esa carretera luego que la CIJ respondiera en noviembre de 2010 a una queja de su gobierno contra Nicaragua por iniciar la limpieza o dragado de la desembocadura al Atlántico de su río.

San José alegó que este hecho escondía una invasión militar a su territorio e impactaría la biodiversidad en la zona implicada en la disputa, el humedal de Harbour Head -Isla Calero para los ticos-, surgido al reducirse el caudal el río y parte de Nicaragua según el trazado original de fronteras.

La CIJ, que antes había ratificado la soberanía nicaragüense sobre el San Juan y su derecho a dragar este para devolverle su caudal y recorrido primario, en marzo de 2011 dictó que ninguno de los dos estados en litigio puede mantener fuerzas armadas, de seguridad pública, u otros agentes en esa zona hasta tanto no decida al respecto.

Sin embargo, Costa Rica admite que con la ruta que bordea la frontera con Nicaragua "tiene el objetivo de que la policía pueda patrullar la zona, sin necesitar de los permisos de navegación por el río San Juan".

Lo que acontece alrededor del cauce, de 200 kilómetros de extensión, es la expresión contemporánea de los desencuentros alentados por intereses foráneos y fuerzas conservadoras de ambos lados desde los tiempos del filibustero estadounidense William Walker (1824-1860).

Costa Rica siempre pretendió apoderarse del San Juan, pero Chinchilla sobredimensionó el diferendo porque está empantanada en problemas internos y busca oxigenar su situación, opinó el historiador nicaragüense Aldo Díaz Lacayo, según la publicación El 19 Digital.

Tras la construcción de esa carretera se esconden "oscuros intereses" de fuerzas que apuestan a la división entre ambas naciones, sentenció.

Costa Rica se sigue equivocando en su política hacia Nicaragua, pero tras su decisión, existen presiones externas, aseveró y criticó a Chinchilla por atentar contra la imagen de su nación como presunta protectora del medio ambiente.

Con esas actitudes Costa Rica sólo demuestra su vocación bélica contra las normas y tratados internacionales en cuanto a la preservación de los ecosistemas naturales, enfatizó Díaz Lacayo.

1 comentario

John Mora -

Mi opinión sobre la Ruta 1856 Juan Rafael Mora Porras:

La intención es buena, no solo negativas ha traído la trocha fronteriza 1856 Juan Rafael Mora Porras, de hecho gracias a ella los pueblos alejados del norte han podido tener acceso a los centros de salud, a la electricidad, a la televisión por cable, a la comunicación (un camino representa comunicación por diversos medios) y la independencia del río San Juan del cual oficiales nicaragüenses prohibían la navegación de costarricenses por el cause. A la trocha le hace falta ser adoquinada y también un sistema de desagüe debido a que la zona es afectada constantemente por las lluvias. Costa Rica no solo es San José, Alajuela y Cartago, también hay habitantes en la zona norte que al igual como ustedes o como yo, necesitan acceso a un mejor estilo de vida, en equivalencia para todos los ticos como la gran familia que somos.

Yo les sugeriría hacer un informe detallado en ves de confundir a las personas con imágenes, y si tienen pruebas contra algún gobierno que las expongan y las denuncien, porque gracias a sus acusaciones pero también a su cobardía es que siguen impunes, quienes cometieron faltas.

La trocha se construyó por varios sucesos, el más importante fue la necesidad de los poblados de la zona Huetar Norte por comunicarse con las ciudades y pueblos vecinos.

Seamos conscientes también y en ves de lanzar indirectas que al final no son escuchadas, ACTÚEN Y VELEN POR EL BIENESTAR DE NUESTROS HERMANOS DE LA REGIÓN NORTE COSTARRICENSE.

Es también de mi interés ratificar los fallos que la CIJ hizo a favor de Costa Rica debido al tratado Cañas-Jeréz. Si los militares nicaragüenses no hubieran impedido el paso de los costarricenses por el río, ni hubieran invadido Isla Calero, no tendríamos que defender nuestros intereses. Sin embargo ahora no defendemos la integridad y soberanía de nuestro país, sino que también defendemos la de nuestros hermanos de la Región Huetar Norte, ellos necesitan esa carretera y por un mínimo impacto ambiental que afecta a poca área boscosa no vamos a dejar de defender nuestros derechos.